Salpicado por denuncias de supuesta corrupción, el asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) ahora busca que la Fiscalía investigue quién accedió a los chats de los celulares de sus colegas, algunos acusados de tramitar cargos en el Gobierno.
🧵 Hilo
Este viernes 27 de agosto, Vanegas pidió a la fiscal Diana Salazar investigar si existen personas interceptando los celulares de los 137 asambleístas, sin orden judicial. También insinuó que el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) habría intervenido los teléfonos.
Desde la llegada del Gobierno, el CIES está enfocado esencialmente en una reorganización institucional y revisión de todos sus procesos, resaltaron los funcionarios del Centro, que la siguiente semana nombrará a su titular.
Las últimas semanas, Vanegas se ha enfrascado en una disputa con el legislador Fernando Villavicencio, quien denunció que estaba siendo investigado por la Fiscalía por su participación, a través de la empresa Río Negro, en un contrato con sobreprecio en Petroecuador.
Vanegas es accionista de la empresa Seguridad Física y Empresarial Sefiem S.A. desde su creación, en 2002. Esta compañía, a su vez, es parte del consorcio Oro Negro, que obtuvo en 2016 un contrato con Petroecuador por USD 38 millones.
Esta contratación fue examinada por la Contraloría, que estableció indicios penales, lo que dio paso a la investigación fiscal, según Villavicencio.
Además de Vanegas, también están en entredicho los asambleístas de Pachakutik, Rosa Cerda y Darwin Pereira (foto).
Pereira está acusado de gestionar cargos a través de sus asesores, lo cual se evidenció en chats de sus celulares. Pereira aseguró que no tiene control de lo que hacen sus asistentes. Por gestionar cargos también es investigada Bella Jiménez, quien fue expulsada de la ID.
Este viernes, Solórzano, integrante del CAL, calificó a trámite, junto a la presidenta Guadalupe Llori (PK), Nathalie Arias (CREO), Johanna Moreira (ID) y Ronny Aleaga (UNES),
una queja presentada por Vanegas en contra de Villavicencio.
Vanegas lo acusa de haber proferido “expresiones infundadas” en su contra, al vincularlo con el caso “Las Torres” como accionista de una empresa involucrada en sobreprecios, por lo que pidió que sea suspendido del cargo.
Villavicencio se declaró en rebeldía y denunció que sus acusadores lo quieren silenciar, para que no prosperen las investigaciones en la Asamblea y la Fiscalía. Y sostuvo que Llori y Jiménez debían excusarse, pues le tienen animadversión por sus denuncias.
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