1. Es claro que estamos ante una situación extraordinaria que, por la enorme cantidad de dificultades sanitarias, económicas y sociales que implica la pandemia, demanda una fuerte capacidad de respuesta del Estado.
2. Ello implica la inyección de una importante cantidad de recursos que deben ser suficientes para garantizar la preservación del tejido productivo y el bienestar de las familias mientras dura el confinamiento. Lo cual es crítico para el éxito de la propia estrategia sanitaria.
3. En este marco, el Estado tiene dos grandes opciones: una es aplicar una política de transferencia de ingresos y distintos mecanismos de ayuda de carácter universal, el otro es asignar esos recursos sólo a quienes el Estado evalúa que los necesitan.
4. El gobierno argentino, partiendo de la hipótesis de que no sería conveniente que la asistencia del Banco Central complete la cuantía de recursos que harían falta para una política de corte universal, ha optado por este segundo camino, de ayudas focalizadas.
5. Así, por ejemplo, para acceder al IFE, se deben cumplir una serie de requisitos, lo mismo ocurre con las facilidades crediticias y fiscales para empresas y otras personas, así como con el resto de los programas.
6. En ese marco, los criterios aplicados para determinar quiénes acceden y quienes son excluidos de las ayudas, se tornan cruciales. Esto es lo que ha ocurrido con el programa ATP, que paga parte de los salarios del sector privado.
7. La noticia de que varios grupos económicos de los que se tiene conocimiento que han protagonizado distintos episodios de fuga de capitales, que tienen sede o vinculaciones con guaridas fiscales, etc, accedieron al ATP, plantea la necesidad de revisar esos criterios.
8. Es evidente que, si los recursos no alcanzan para todos, resulta injusto que empresas con probada capacidad y recursos propios para afrontar los salarios de los trabajadores, capturen recursos públicos que deberían servir para cualquier otro fin de primer orden.
9. Esas prioridades podrían ser: entre las responsabilidades del Estado: homologar convenios salariales que eviten el recorte del 25%, aumentar jubilaciones, ampliar la cobertura y/o el monto del IFE, asistir más fuertemente a empresas en verdaderas dificultades, entre otras.
10. Un criterio básico de exclusión sería negarle la ayuda a aquellas empresas que operan offshore, fugan divisas y evitan tributar lo que les corresponde al fisco argentino. En este sentido, vamos a presentar un proyecto de ley que complemente los criterios ya establecidos.
11. Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías
