La equiparación del posible uso ilegítimo de la Ley trans (LT) *por un delincuente no transexual* con la posible interposición de una denuncia falsa *por una mujer* al amparo de la Ley de violencia de género (LIVG) es una FALACIA DE FALSA ANALOGÍA.
En este sentido, como ya se ha dicho por activa y pasiva, para que la sola declaración de la víctima de VG haga decaer el derecho a la presunción de inocencia del acusado, ha de cumplir los requisitos jurisprudenciales de credibilidad subjetiva, verosimilitud y
persistencia en la acusación. Y está, además, sometida al control de veracidad testifical del art. 458 CP., cuyo ilícito puede acarrear penas de prisión de seis meses a cuatro años y medio. De manera que no cabe predicar que nuestro ordenamiento jurídico desembarace
la interposición de denuncias falsas y, en particular, por VG.
Sin embargo, la redacción de la «Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género», cuya tramitación pretende
Sin embargo, la redacción de la «Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género», cuya tramitación pretende
intentar nuevamente @PODEMOS en el curso de esta legislatura, hace depender el reconocimiento jurídico del sexo de una persona de la mera voluntad manifestada en cada momento (art. 5), sin que, en ningún caso, el ejercicio del «derecho a la autodeterminación» 
que consagra pueda condicionarse a la previa exhibición de informe médico o psicológico ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona (art. 7). Lo que, de hecho, vacía de contenido la categoría civil «sexo»,
que contemplan numerosas leyes dirigidas a contrarrestar la situación estructural de desigualdad en que nos encontramos las mujeres en la sociedad, y abre la puerta al ejercicio indiscriminado y espurio de este derecho. Sobre todo, por parte de varones procesados judicialmente,
quienes, de aprobarse el texto de la LT, podrían manifestar «ser mujeres» tras la imputación de un delito de VG, con el consiguiente desamparo de la mujer víctima de él, quien podría dejar de tener acceso a las singulares medidas de protección previstas en la LIVG al no mediar ya
relación de poder por parte de un varón sobre una mujer. Y, adicionalmente, el resto de mujeres presidiarias podrían verse obligadas a compartir módulo con un maltratador o agresor sexual por cuanto el respeto a la identidad autodeclarada de la persona incluye el derecho a
utilizar las instalaciones reservadas al sexo manifestado tanto en espacios públicos como privados (art. 7). Lo cual comportaría un riesgo cierto para la integridad física e indemnidad sexual de las mujeres presas.
Por lo que no, no es lo mismo denunciar los no pocos perjuicios para los derechos de las mujeres basados en el sexo que se derivarían de la aprobación de la LT así redactada que denunciar la supuesta supresión del derecho a la presunción de inocencia de los hombres
operada por la LIVG, tal y como se suele leer por ahí para invalidar falazmente la crítica feminista a tamaño despropósito legislativo.
Los intentos de igualar el discurso feminista al discurso fascista podrán tener éxito al margen de la razón, pero nunca lo tendrán dentro de ella.
