Thread by @DrOndarza

Los movimientos médicos de las pandemias.
La detención del médico urgenciólogo Gerardo Grajales Yuca en Chiapas,
en plena pandemia.
La criminalización del acto médico

Por Rodolfo Ondarza*

Muchas pruebas se han vertido sobre el miserable saqueo del Sistema d Salud en sexenios pasados, y sobre la forma en que a nivel estatal diversos secretarios de salud desmantelaron a Salud afectando a la población más vulnerable dentro d un rapaz esquema de corrupción e impunidad

El neoliberal Cártel de la Bata Blanca se prestó a la privatización de la Salud en México a costa de la salud y de la vida del pueblo. El prianismo realizó las reformas pertinentes a las diferentes leyes y normas jurídicas y legales para que esto pudiera llevarse a efecto.

Se tenía la estructura necesaria a través de directivos de hospitales nombrados a modo, sin ética para privatizar la atención médica mediante la subrogación de servicios, efectuar compras directas, o con licitaciones amañadas, de medicamentos e insumos médicos, efectuar fraudes,

Entonces se implementó el Seguro Popular desde la Fundación Mexicana Para La Salud, A.C. (FUNSALUD), asociación civil que engloba los intereses de grandes corporativos farmacéuticos, y de otras empresas como FEMSA, Nestlé, etc.

Operadores de FUNSALUD llegaron a la rectoría de la UNAM, saltando después a la Secretaría de Salud; además de tener el control del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT).

El plan maestro de privatización surgió de FUNSALUD a través del Seguro Popular. Sin embargo, esto se hizo extensivo también al IMSS, ISSSTE, etc.

Para que esta privatización pudiera llevarse a cabo en contra de los intereses genuinos de los mexicanos, se requería mermar los derechos de los trabajadores de la salud, cesando su masificación sindical

negociando con los sindicatos, cambiando los derechos laborales, manejando sus pensiones, etc.
La política prianista se ponía al servicio de los grandes intereses comerciales.

Por otro lado, y muy importante, había que cambiar la imagen ante la opinión pública del Sistema Nacional de Salud, y por supuesto de la de los trabajadores de salud, incluyendo a los médicos.

Había que justificar ante el pueblo que se requerían de los “grandes beneficios altruistas de la iniciativa privada” para construir hospitales concesionados por más de un cuarto de siglo, la renta de equipo médico,

terminar con diferentes servicios médicos institucionales para subrogarlos a la iniciativa privada tales como atención para el cáncer, hemodiálisis, etc.

Todo ello a costa de elevar el gasto de bolsillo por arriba de un desgarrador 40%. Es decir de la necesidad de la compra de medicamentos por parte de los usuarios de estos servicios.

Lo cual lógicamente implicaba que muchos pacientes morían por no poder pagar los tratamientos. El sistema de Salud se volvió discriminador, alejado del derecho humano a la salud, y se vió desmantelado y fragmentado.

El caso de crimen de lesa humanidad y tortura médica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

Menciono este caso, no porque haya generado un movimiento médico masivo. Sino por su importancia internacional en materia de derechos humanos, y como ejemplo de cómo el Cártel de la Bata Blanca hostiga a quienes disienten del actuar corrupto y mezquino de alguno de sus miembros.

Se realizó cirugía experimental ilegal en 474 pacientes con hidrocefalia a los que se les colocó un “sistema de derivación ventrículo peritoneal de flujo continuo” patentado por el ex director de ese nosocomio, Julio Everardo Sotelo.

Múltiples pacientes perdieron la vida y otros más sufrieron secuelas neurológicas permanentes. En este caso hubo contubernio entre diferentes instituciones en sexenios pasados pese a las probatorias de distintas instituciones, como las provenientes de la CONAMED

El caso fue llevado a la CIDH por la organización no gubernamental presidida por el obispo Raúl Vera. En mayo del año pasado la CIDH solicitó al gobierno mexicano sus observaciones al respecto. A la fecha los responsables continúan impunes

La denuncia me costó dos despidos injustificados ganados y una tentativa de homicidio aún no esclarecido, y a otros compañeros su destitución o cambio a otras dependencias (proceso.com.mx/521704/lanzan-…).

Los movimientos médicos de la pandemias.

En medio d los intentos por privatizar Salud en México comenzó el ataque a los médicos, la criminalización del acto médico.
Emergen entonces movimientos sociales y médicos como el denominado #YoSoyMédico17, #Médicos22deJunio, #UnDíaSinMéd

Curiosamente los movimientos médicos contemporáneos, porque existieron movimientos médicos sumamente importantes en las décadas de los 60´s y 70´s del siglo pasado, han iniciado durante epidemias.

En 2009 México sufría de la epidemia de influenza A-H1N1 cuando en el mes de noviembre Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, de 15 años de edad, fue internado en el Hospital del Centro Médico de Occidente del IMSS, en Jalisco, siendo trasladado de la Cruz Verde por asma

Tras una permanencia de casi dos meses en el hospital Roberto Edivaldo falleció por sepsis intestinal de acuerdo con el certificado d defunción. Su padre solicitó autopsia del Servicio Médico Forense que concluyó que la causa del fallecimiento fue debida a tuberculosis intestinal

El padre del paciente finado inició un proceso judicial, y en 2014 el Juez Tercero del Distrito de Procesos Penales Federales giró 16 órdenes de detención por homicidio culposo alegando negligencia médica, y auto de formal prisión en contra de los médicos involucrados en el caso.

Nacimiento de #YoSoyMédico17.

En junio de dicho año, colegas de dichos médicos iniciaron un movimiento social dada la injusta decisión judicial contra los 16 médicos.

El 22 de junio de ese mismo año el movimiento creció hasta extenderse a manifestaciones y marchas en 63 ciudades del país (animalpolitico.com/2014/06/yosoy1… , aristeguinoticias.com/2306/mexico/pl…).

De estos movimientos surgieron diversas organizaciones médicas.

Encontrándome como diputado de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en agosto de 2014, di voz a algunas de estas organizaciones en el seno de la ALDF

(Representantes de los colegios de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud, Ramazzini, Médico de México, de la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, Democráticos AC, y del Movimiento "Yo Soy Médico 17”).

Ahí apoyé la manifestación de sus inconformidades y quejas durante una rueda de prensa exigiendo cambios profundos en el Sistema Nacional de Salud “debido a su deterioro por falta de infraestructura y equipo, la sobresaturación de la demanda y la falta de medicamentos”.

Todo ello ocasionado por “la corrupción y el modelo que se utiliza para el cuidado de la salud”. Agregaron que “el deterioro del sistema de salud haya llegado al extremo de que sólo entre cinco y 10 por ciento de la población tenga acceso a un servicio de calidad”.

Alfredo Rustrian Azamar, comprometido médico veterano de los legítimos movimientos médicos desde el siglo pasado, en esa conferencia de prensa aseveró “que esas 17 mil quejas anuales contra los médicos deben apreciarse en el contexto de las 187 millones de consultas generales,

45 millones de consultas de especialidad, 27 millones de urgencias, 3.5 millones de operaciones y 1.5 millones de partos, que los 143 mil médicos que atienden en las instituciones de salud pública y 50 mil en la práctica privada, realizan cada año.

Esos datos comprueban que los médicos mexicanos tienen una de la más altas tasas de productividad en el mundo, y que las quejas contra ellos son relativamente bajas” (20minutos.com.mx/noticia/b18041… , elsiglodetorreon.com.mx/noticia/102884…).

El caso del médico urgenciólogo Gerardo Vicente Grajales Yuca. Abuso de poder proyectándose contra los médicos en plena pandemia.

Han existido muchas arbitrariedades en contra de médicos a lo largo de los últimos sexenios, no sólo con fines de justificar la privatización de la Salud, también con ciertos matices políticos.
Me detendré en un caso actual, de clara injusticia, del Estado de Chiapas

Gerardo V. Grajales Yuca, médico urgenciólogo, es el encargado del área COVID-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSSTECH.

Este médico urgenciólogo fue detenido arbitrariamente, acusado de “abuso de poder”, luego de haber solicitado medicamentos e insumos médicos para poder atender a un paciente. Karen Alejandra Ramírez Molina, hija del ex diputado Arturo Ramírez López, quien desafortunadamente murió

Interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por abuso de autoridad, abriéndose la carpeta de investigación 0130-101-1301-2020 por lo que el médico fue arrestado el sábado pasado, siendo recluido en los separos de la cárcel, en Tuxtla Gutiérrez

Ramírez López fue alcalde de Solosuchiapa, para posteriormente desempeñarse como diputado local y federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2016 fungió como coordinador de la zona norte de Chiapas por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y recibió el cargo de diputado local en el Congreso de Chiapas por el Partido Acción Nacional (PAN), antes de su fallecimiento fue el presidente estatal del Partido

Una Sección Sindical que protege a sus agremiados.

La Maestra Jesús Espinosa de los Santos, Secretaria General de la Sección Sindical 50, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, de la Secretaría de Salud (SNTSA,

y su Comité Ejecutivo, emitieron un comunicado fechado el 26 de julio ), difundido por las redes sociales de @SNTSA50CHIAPAS, en el que se exige el debido proceso, la liberación de Grajales Yuca, y la no criminalización del acto médico.

Un Sistema Nacional de Salud que se deslinda de sus trabajadores.
Por su parte el ISSSTECH, a través de sus redes sociales informó que se “mantendrá al margen d las instancias impartidores de justicia” refiriéndose al caso de Grajales Yuca, deslindándose claramente dsu trabajador

Personal de salud marchó y se manifestó en Tuxtla Gutiérrez ante la injusta detención de Gerardo Vicente Grajales Yuca.
Por este motivo se realizó una marcha en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el martes 28 de julio donde participaron alrededor de 500 trabajadores de salud de dicho

de dicho Estado.
Se exigió la liberación inmediata del médico, y se expusieron las carencias que tienen de equipamiento, insumos y medicamentos para tratar pacientes de COVID-19, y de otras enfermedades (chiapasparalelo.com/noticias/chiap…).

El Honorable Congreso de Chiapas y el caso Grajales Yuca.

Ese mismo día 28 de julio los diputados locales, miembros de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Honorable Congreso de Chiapas dieron a conocer a la opinión pública su posicionamiento con respecto a este caso,

donde “condenan enérgicamente la detención del Dr. Gerardo Vicente Grajales Yuca”, y exigen “la liberación inmediata” del médico, y que se inicie una investigación profunda e imparcial de los hechos.

Abogados consternados.

Los abogados defensores de Grajales Yuca han declarado que se encuentran “muy consternados y preocupados” y han referido que la situación del médico “no tiene una razón jurídica, es inverosímil…. es una decisión arbitraria”.

Antecedentes.

Días antes de la detención de Grajales Yuca, la misma combativa Sección Sindical 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, y la activista y luchadora social Tania Isabel Ramírez habían recibido a Hugo López-Gatell, durante su visita a Chiapas

en donde le entregaron documentación referente a las condiciones de salud en el Estado gobernado por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, y la falta de medicamentos e insumos médicos para tratar pacientes afectados por esta pandemia y por el resto de las enfermedades,

bajo la responsabilidad de José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud del Estado, quien por cierto, llamó “chafiretes” a los pacientes recuperados de COVID-19). Asimismo, en aquella ocasión el grupo de trabajadores de salud agradeció a Hugo López-Gatell

por su acción a favor de la salud de los mexicanos, y le manifestó su preocupación por la muerte de de más de 40 trabajadores de salud en el Estado de Chiapas por efecto de la pandemia que sufrimos.

Palabras finales.

La detención arbitraria de Gerardo Vicente Grajales Yuca, es una clara prueba de la locura que persiste en algunos sectores de México, incluyendo Salud. Primero porque sigue sin existir el debido proceso, y porque es tinta muerta la presunción de inocencia

hasta no demostrar lo contrario, y el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales;

pero también porque es increíble que en plena pandemia, y sin que existan los suficientes especialistas que realmente son útiles en estos momentos para la atención del pueblo en el combate a la pandemia como lo son neumólogos, infectólogos, intensivistas,

técnicos en inhaloterapia, detengan de esa manera, con tintes políticos y de influyentismo a un urgenciólogo que puede salvar muchas vidas.

Por último, esto puede gestar otro movimiento nacional de los trabajadores de salud como protesta por la criminalización injusta del acto médico que inició bajo el neoliberalismo como justificación de la privatización del Sistema Nacional de Salud.