La oleada de noticias sensacionalistas sobre "okupas", como ya han dicho muchas compas por aquí, no es casual. El sistema cocina el relato para defender la propiedad privada y la especulación y, sobre todo, criminalizar a las pobres, las desahuciadas.
En este relato nunca aparecen las viviendas vacías, los desahucios diarios, la precarización de las condiciones de vida, la exclusión social, el aumento desorbitado de los precios del alquiler, la especulación y la gentrificación.
Tampoco aparecerá la sangría de desahucios que se producirá en los próximos meses gracias al blindaje del lucro de los propietarios que ha hecho el Gobierno. Sin la suspensión del pago del alquiler, miles de familias están condenadas a dormir en la calle a partir de septiembre.
Sin ese contexto imprescindible, la okupación se presenta como un fenómeno criminal aislado, un modus operandi de supuestas mafias que buscan enriquecerse con la segunda vivienda de entrañables pensionistas.
La okupación no es más que una acción directa para acceder a una vivienda digna. Mucha gente ha aprendido a desacralizar la Ley. Si la Administración incumple su propia ley y no asegura el derecho a la vivienda digna poco puede esperarse de esa Ley cuando te quedas en la calle.
Hay familias que llevan más de una década como demandantes de vivienda. Les obligan a inscribirse en programas de vivienda que carecen de fondos y argumentan que no hay casas. Al mismo tiempo, sólo en Canarias hay 138.000 viviendas vacías (datos de 2012).
La única oportunidad de acceder a una vivienda social es okuparla. Sólo así tienes un arma con el que forzar a la administración a negociar y tener alguna esperanza de acceder a un alquiler asumible y evitar el desalojo.
El SIGC es una herramienta integral de vivienda y en el primer punto de nuestros principios fundacionales nos definimos como "una herramienta para organizar y reivindicar los derechos habitacionales de arrendatarias, precaristas, indigentes, okupas, hipotecadas [...]"
Para ello planteamos acciones directas de expropiación y socialización de inmuebles que estén en manos de organismos públicos y entidades financieras para personas sin hogar. Como dijimos, nada puede esperarse de un parlamento o una ley.
Se incumple el Art. 47 de la Constitución (norma suprema del ordenamiento jurídico), en Canarias se permiten 900 desahucios trimestrales. ¿Cómo esperar parlamentos y leyes aseguren viviendas dignas cuando ya existen figuras legales para ello que son sistemáticamente vulneradas?
Urge un modelo alternativo basado en la gestión directa de los inmuebles por parte de quienes los habitan. Nuestro objetivo último es conseguir que las vecinas de los barrios sean quienes decidan cómo debe organizarse y distribuirse el acceso a la vivienda.
