En vista de la firma del DNU 690, junto a los colegas @diegodecharras, @diegodrossi y @beatnik78 puntualizamos algunas cuestiones. Abro hilo 👇
El DNU 690 recupera potestades de regulación que estaban en la ley 27.078 (Argentina Digital), fundamentales para fortalecer el rol del Estado como garante del acceso igualitario a las principales tecnologías destinadas a hacer realidad el ejercicio del derecho a la comunicación
La declaración de servicio público para la telefonía móvil y los llamados servicios TIC implica una consagración del derecho humano a comunicar entre las prioridades de política pública, con especial importancia en el contexto de emergencia sanitaria, como pide la CIDH
Las previsiones retomadas por el DNU 690, originalmente incorporadas en la Ley Argentina Digital sancionada en 2014, habían sido derogadas por el decreto 267/2015, promulgado poco después de la llegada al gobierno de Mauricio Macri
Tal como lo planteamos en aquel momento (pagina12.com.ar/diario/elpais/…), bajo la forma de supresiones y modificaciones a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, se impusieron restricciones de derechos, cuyas consecuencias padecemos hasta la actualidad
En abril de 2016 la CIDH consideró, respecto del DNU 267/15, la importancia de respetar el principio de no regresividad: oas.org/es/cidh/prensa…
El elenco que abandonó el gobierno en 2019 llegó a prometer ante la CIDH que sancionaría una nueva normativa “convergente y respetuosa de los DDHH”
De aquella promesa sólo se conocieron 17 puntos genéricos, frente a los cuales planteamos nuestras “divergencias”: pagina12.com.ar/diario/laventa…
El DNU 267/2015 le dio a las empresas de TV por cable la condición de prestadores de servicios TIC. Es decir, las equiparó a las compañías de telecomunicaciones y los liberó así de las obligaciones que imponía la LSCA: pagina12.com.ar/diario/economi…
No hubo más límites a la concentración, obligaciones de emitir una señal propia, ni de pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla. También se terminaron las disposiciones de “must carry”, que obligaban a incluir señales producidas por otros
La declaración de servicio público no resuelve esta problemática que surge de equiparar servicios de comunicación audiovisual (con discrecionalidad editorial porque alguien decide los contenidos) con telecomunicaciones. Una vez más: la TV por suscripción no es igual a un teléfono
Los servicios de comunicación audiovisual se rigen por el paradigma de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO. La regulación de las telecomunicaciones está liberalizada por la Organización Mundial del Comercio
En las primeras, se protege a las industrias culturales nacionales. En las segundas, nada. El mercado no piensa en el pluralismo
En Europa, desde 2018, hasta las ofertas de catálogo son protegidas por la Directiva de Servicios Audiovisuales (basada en la Convención de la UNESCO citada en el punto 10) y no sólo los servicios con grilla de programación: ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avat…
El DNU 690 -cuya ratificación en el Congreso Nacional por ambas cámaras no debería demorarse-, es un gran paso para resolver el déficit estructural de nuestra democracia que representan las enormes diferencias en el acceso a internet
También para morigerar los abusos en tarifas y servicios deficientes en telefonía móvil. La ONU habla del derecho humano al acceso a la banda ancha
Sin embargo, desandar el camino de profundos retrocesos recorrido entre 2015 y 2019 implica replantear y debatir en profundidad un abanico más amplio de políticas con incidencia en el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes culturales en nuestra sociedad.
