Esta buenísima esta discusión. Supongamos que un diputado tiene una mesa de billar e invita a sus amigos. Pone la notebook frente a ella para "seguir" la sesión mientras juega con un amigo. Se olvida de apagar la Cámara.
En un caso así, creo que las razones para amonestar al diputado son las mismas que para Ameri. El diputado no estaba trabajando, o sea, siguiendo el discurso para, después, dar su propia opinión o votar informadamente. Es igual que esté haciendo una carambola o jugando al billar. Image
Es perfectamente posible hablar de una moral pública: no es necesario que el reglamento de la Cámara diga está prohibido franelear durante la sesión para reconocer que si un diputado lo hace no está enteramente avocado a su labor mientras lo hace.
Por supuesto, hay muchos legisladores que no cumplen ese estándar. Se duermen, no aparecen en la sesión, leen sobre cualquier otra cosa, ven/escuchan partidos de fútbol y no hubo la misma reacción con ellos.
Está claro que la acción particular en la que estuvo involucrado Ameri es la que explica (no justifica) la severidad para con él, que no se mostró con todos los demás.
Esto puede ser racionalizado (y la racionalización ya sí es un camino a la justificación) del siguiente modo: la aplicación de todo sistema normativo da lugar a una zona gris de sub-aplicación que responde a varios factores.
Esos factores consisten en los costos de realizar un procedimiento, en la frecuencia de ciertos comportamientos, en la dificultad de probar la infracción, en la posibilidad de interferir con prácticas legislativas aceptadas.
Esos factores generan una zona gris de comportamientos contrarios a la moral pública legislativa pero que serán tolerados (en el sentido de que no habrá aplicación del sistema normativo en su contra).
Esto puede explicar por qué no se tiene esa tolerancia con Ameri: es un hecho muy claro, muy visible, fácil de probar, en el que la aplicación de normas no tendrá mayores costos y que, en ppio, parece tan específico que no interferirá con prácticas legislativas aceptadas.
Una buena lección institucional de esto podría ser, más que sobreactuar la reacción con Ameri (que probablemente va a renunciar solo), la de ser un poquito más estrictos con los casos que hoy son tolerados.

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1 May
Hoy es el día de la Constitución Nacional. Pero, ¿qué es una constitución? Existen diversos conceptos de constitución que es importante distinguir.
1) Fuera del contexto específicamente jurídico y moderno, el término constitución se utilizaba para hacer referencia a las características de una comunidad política. A veces, de modo más concreto, la referencia era a su régimen político, su organización institucional.
2) Ya en la modernidad, pero también fuera del contexto jurídico, la palabra "constitución" se utilizó para hacer referencia a las clases o grupos sociales/económicos que dominan o controlan una sociedad. La definición de Lasalle cae en esta categoría.
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29 Apr
Por supuesto, uno puede discrepar con Casal y sostener que el DNU sí explicó cuál era la necesidad y urgencia. Con independencia de eso, me parece importante detenerme en algunos puntos.
El primero es que, coincidamos con Casal o no, es innegable que un DNU debe explicar por qué no es posible acudir al trámite ordinario de sanción de leyes para adoptar una medida legislativa. Esa explicación se debe proporcionar porque, sin ella, el DNU es nulo.
¿Y por qué sería nulo? Porque la regla es que está prohibido que el Presidente adopte medidas legislativa. ¿Eso lo digo yo? No, lo dice el art. 99.3 de la Constitución. Un DNU es una medida excepcional y su validez depende de que el Congreso no pueda actuar.
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13 Apr
Lindo caso para un examen:
El artículo 13 de la ley 27275 estipula que el acto que deniegue un pedido de acceso a la información pública debe ser emitido por la "máxima autoridad del organismo o entidad requerida".
El decreto reglamentario de la ley define el concepto de "máxima autoridad" y autoriza a delegar la facultad de denegar los pedidos de información pública a funcionarios cuyo cargo no sea inferior a Director Nacional. El decreto reglamentario es el 206/2017.
El Jefe de Gabinete hace uso de la facultad prevista en el decreto reglamentario.
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12 Apr
Hace rato que hay "healthfare": periodistas, medios y políticos que promueven acciones riesgosas, como consumir sustancias no comprobadas para paliar al virus, o que difunden información falsa, confusa o incompleta, con fines que no tengo claro, pero que son muy riesgosos.
El debate público en Argentina lleva tiempo destrozado. Pero poner en riesgo a la vida y salud de las personas de esa manera tan desaprensiva realmente pone en tela de juicio si los involucrados tienen aunque sea una mínima preocupación genuina por el interés colectivo.
Y lo digo porque una oposición preocupada observaría las políticas adoptadas por el gobierno y propondría mejoras. No inventaría cosas para lanzar ataques fundados en mentiras o medias verdades. Sobre todo, si las mentiras pueden hacer que más personas se enfermen o mueran.
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3 Mar
Buen artículo de Gustavo, explicando la función que cumpliría el nuevo tribunal que se propone.
El objetivo es solucionar un problema que se formula de este modo: reducir la cantidad de causas que resuelve la Corte Suprema, asignándole al nuevo tribunal la competencia para resolver los recursos por arbitrariedad.
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16 Jan
El estado debe fundamentar sus decisiones. Cuando se trata de decisiones que afectan directamente a un individuo, se le debe una explicación particular.
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La judicialización busca que la explicación provenga de una institución estatal con ciertas características, que podemos resumir en conceptos tales como independencia, neutralidad, imparcialidad, objetividad, etcétera.
Como las instituciones están formadas por seres humanos, que pueden no ser independientes, neutrales, imparciales u objetivos, los sistemas procesales suelen establecer recursos que permiten la revisión de una decisión judicial por otro tribunal.
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