El estado debe fundamentar sus decisiones. Cuando se trata de decisiones que afectan directamente a un individuo, se le debe una explicación particular.
En última instancia, dado el derecho de judicializar decisiones que afectan a individuos, un tribunal proveerá ese fundamento.
La judicialización busca que la explicación provenga de una institución estatal con ciertas características, que podemos resumir en conceptos tales como independencia, neutralidad, imparcialidad, objetividad, etcétera.
Como las instituciones están formadas por seres humanos, que pueden no ser independientes, neutrales, imparciales u objetivos, los sistemas procesales suelen establecer recursos que permiten la revisión de una decisión judicial por otro tribunal.
El derecho de acceso a la justicia significa el derecho a contar con una decisión judicial fundada.
La garantía del debido proceso significa que, a quien accede a la justicia, no se lo prive de los remedios y recursos previstos en la legislación procesal.
La garantía de la doble instancia consiste en que el sistema procesal debe incluir al menos una revisión de una decisión judicial ante otro tribunal.
En el sistema constitucional argentino, la garantía de la doble instancia está prevista específicamente para el derecho penal. El derecho de acceso a la justicia es para todas las materias, igual que el debido proceso.
Una persona que litigó ante un tribunal ordinario (o antes dos, en materia penal) y obtuvo una sentencia fundada, aunque adversa, ya vio satisfecho el derecho de acceso a la justicia (y la garantía de la doble instancia).
Si el sistema procesal establece otros recursos adicionales, tiene derecho a interponerlos y obstaculizar el ejercicio de ese derecho afectaría la garantía del debido proceso. Pero si no hubo tal obstáculo, tal garantía se ve respetada.
La vía recursiva para acceder a la Corte Suprema es, hoy, el recurso extraordinario federal. Pero, de acuerdo con la legislación vigente (art. 280 CPCCN), el recurrente no tiene derecho a una decisión de la Corte: la admisión del caso es discrecional para el tribunal.
Por lo tanto, cuando la Corte aplica el art. 280 CPCCN no viola la garantía del debido proceso. Tampoco el derecho de acceso a la justicia (o a la doble instancia penal) siempre que tales derechos hayan sido satisfechos del modo antes descripto.
Pero, ¿y si la decisión de los tribunales inferiores fue arbitraria? ¿No es injusto/ilegal que la revisión de una decisión así pueda ser discrecionalmente rechazada por la Corte?
Creo que pocos negarían que ello es injusto: establecimos el acceso a la justicia precisamente porque queremos lo contrario a la arbitrariedad. Queremos independencia, neutralidad, imparcialidad y objetividad.
¿Pero es inconstitucional o ilegal? Las instituciones no son infinitas. Alguna va a tener la última palabra. No hay un derecho humano o constitucional a que la última palabra la tenga siempre o necesariamente la Corte.
En efecto, la regulación del acceso por apelación a la Corte es una facultad del Congreso (art. 117 CN) y no está enumerada como derecho ni en la primera parte de la Constitución ni en ningún instrumento internacional.
Por lo tanto, algún tribunal tendrá la última palabra en un caso y es el Congreso (no la Corte) el que decidió que la Corte discrecionalmente asumirá o no su rol como tribunal con la última palabra en cada caso.
Por supuesto, esto "deja sin remedio" a una sentencia arbitraria. Pero ello es inevitable en el derecho: los seres hunanos a cargo de las instituciones no son infalibles. La sentencia arbitraria dictada por la Corte Suprema también "queda sin remedio".
La pregunta relevante es: ¿cuántas sentencias genuinamente arbitrarias se dictan en la Argentina? Si son una pocas, entonces ello forma parte de la imperfección de las cosas humanas. Habrá que trabajar para reducir su número, pero en un esquema de normalidad.
Pero si son cientos de miles de sentencias, si la arbitrariedad es una característica sistémica de nuestros tribunales, entonces es todo el sistema judicial el que funciona mal.
Entonces, necesitamos un diagnóstico de cómo deciden los tribunales EN TODOS LOS CASOS,
y no sólo en algunos pocos. Tampoco podemos medir la calidad de las sentencias por los recursos que interponemos los abogados: sin cuestión federal en el caso, vamos a alegar arbitrariedad.
Decir: "Llegan 1000 recursos por arbitrariedad a la Corte" no es lo mismo que decir: "Se dictaron 1000 sentencias arbitrarias". Y, tal vez, si el 98% de esos recursos fueron rechazados por 280, puede ser el caso es que la mayoría de esas sentencias no fueran arbitrarias.
Pero, insisto, necesitamos un indicador concreto sobre la cantidad de sentencias arbitrarias que se dictan. De otro modo, toda reforma será a "ciegas". Y errando en el diagnóstico, adoptaremos reformas equivocadas.
Supongamos que la arbitrariedad fuera un rasgo sistémico de nuestro poder judicial: ¿por qué un nuevo tribunal escaparía de ese rasgo?
O supongamos que la arbitrariedad estuviera dentro del rango de falibilidad razonable para seres humanos: crearíamos un nuevo tribunal, con estiramiento de procesos y mayores costos sociales, para dar respuesta a un problema que requeriría otras respuestas.
En fin, la Argentina debería empezar a madurar en lo que hace al diseño de políticas públicas. Basarse en datos y evidencia antes que en intuiciones y anécdotas. Es el camino para que las buenas intenciones conduzcan a buenos resultados.

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15 Jan
Cuando se aprobó el divorcio, hubo ciertos intentos de judicializarlo. Uno de esos casos fue "Sisto". Una pareja contrajo matrimonio y solicitaron que se hiciera una inscripción marginal en la partida en la que se dejara constancia de que renunciaban a su derecho a divorciarse.
El Registro se opuso, el caso se judicializó y llegó a la Corte que entendió que el reclamo no tenía base constitucional. Pero lo concreto es que era un caso más o menos bien pensado para judicializar porque, precisamente, había caso.
Es preocupante que, en la actualidad, los intentos de litigar la nueva legislación estén tan pobremente pensadodod. Probablemente, se deba a la seguridad de tener contactos de muchos años y saber que habrá jueces amigos que darán una mano, sobre todo en las instancias inferiores.
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14 Jan
Es increíble cómo el debate público distorsiona en vez de clarificar. La Comisión convocada por el Presidente sugirió crear un tribunal intermedio entre las cámaras ya existentes y la Corte. Algunos propusieron también que revise sentencias de los TSJs locales.
Aunque la idea no me parece buena, la creación de tribunales inferiores (cuántos, cuáles) es una competencia del Congreso. En la medida en que la Corte preserve el poder de revisar las sentencias del tribunal (p.ej. a través del recurso extraordinario), seguirá siendo "suprema".
Lo que sería inconstitucional es que las decisiones del nuevo tribunal no sean susceptibles de un recurso que habilite la posible revisión de la Corte Suprema. Pero en ese caso, no sería un tribunal "intermedio".
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30 Sep 20
¿Qué decidió la Corte ayer? Toda pretensión que se articula ante un tribunal tiene como objeto una solicitud concreta. Por ejemplo: "Resuelva que puedo seguir siendo juez de la Cámara Federal". Una pretensión se materializa a través de una vía procesal.
Cada vía procesal tiene requisitos específicos que hacen a su admisibilidad. Que una vía procesal sea admisible significa que el tribunal queda habilitado para resolver la pretensión materializada en ella.
La Corte resolvió ayer que los recursos extraordinarios por salto se instancia presentados por Bruglia y Bertuzzi, por un lado, y Castelli, por el otro, eran admisibles. En lo que sigue, me referiré a la decisión del primer caso.
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26 Sep 20
Cuando veo gente quejándose de la ley Micaela o de la ESI, pienso en rosistas nostálgicos quejándose del sistema educativo sarmientino, laico, constructor de ciudadanos: ¡Nos van a adoctrinar! ¡No nos dejan educar a nuestros hijos!
También me acuerdo de mi vieja. Ella fue a la escuela primaria en la década del '50. Todavía se enseñaba educación religiosa católica en las escuelas públicas. A ella, por ser de familia judía, la sacaban del aula y la mandaban a la clase de "moral".
En los cursos de "moral" se amontonaba a los niños que no venían de familias católicas. Mi mamá sufrió mucho esa discriminación. ESO era estigmatizante y fascista.
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25 Sep 20
Esta buenísima esta discusión. Supongamos que un diputado tiene una mesa de billar e invita a sus amigos. Pone la notebook frente a ella para "seguir" la sesión mientras juega con un amigo. Se olvida de apagar la Cámara.
En un caso así, creo que las razones para amonestar al diputado son las mismas que para Ameri. El diputado no estaba trabajando, o sea, siguiendo el discurso para, después, dar su propia opinión o votar informadamente. Es igual que esté haciendo una carambola o jugando al billar. Image
Es perfectamente posible hablar de una moral pública: no es necesario que el reglamento de la Cámara diga está prohibido franelear durante la sesión para reconocer que si un diputado lo hace no está enteramente avocado a su labor mientras lo hace.
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23 Sep 20
No tengo una respuesta a esta pregunta. Tampoco sabía que eso había ocurrido así. Si lo fue, puedo arriesgar una explicación tentativa (que no es lo mismo que una justificación).
La explicación es esta: Nuestra institucionalidad enclenque hace que una parte de las decisiones públicas no se tome por vía normal, sino a través de mecanismos excepcionales, a los que llamaré 'parches'.
Ejemplo: El consejo de la magistratura (junto con el PEN) es poco eficaz para cubrir todas las vacantes judiciales por concurso. Ello abre la puerta para los parches que permitan cubrir esas vacantes. La subrogancia es uno de esos parches.
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