Muchas veces me han preguntado qué pasó en Madrid en las residencias que no ocurriese en otros lugares. ¿Acaso no murieron mayores en otras CCAA? Intentaré explicarlo en este hilo (largo, lo siento, la realidad suele ser compleja).
En Madrid se produjeron los cuatro hechos siguientes:
1. El Gobierno autonómico aprobó un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a residentes enfermos que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.
1. El Gobierno autonómico aprobó un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a residentes enfermos que tuvieran un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo.
2. El Gobierno autonómico se negó a medicalizar las residencias, incumpliendo varias resoluciones del Tribunal Superior de Justicia.
3. El Gobierno autonómico no trasladó a ningún residente a los hospitales privados. Solo fueron trasladados quienes tenían seguro privado.
3. El Gobierno autonómico no trasladó a ningún residente a los hospitales privados. Solo fueron trasladados quienes tenían seguro privado.
4. El Gobierno autonómico montó un hospital de campaña (en Ifema), que estuvo abierto cinco semanas. Trasladó allí a 23 mayores con síntomas leves. ¡¡23!! En esas cinco semanas murieron 7.122 mayores en residencias (por covid o por otras causas) sin recibir atención hospitalaria.
Juzgar correctamente la actuación del Gobierno Ayuso exige tener en cuenta estos 4 hechos. No se pueden analizar aislados, porque la suma de los 4 fue lo que provocó la hecatombe (junto a otras causas, como déficits estructurales del sistema y la fuerza de la pandemia en Madrid).
Y esa fue la excepcionalidad de Madrid. Que, al mismo tiempo, (i) aprobó un Protocolo que atentaba contra los derechos de los mayores, (ii) no medicalizó las residencias, (iii) no trasladó mayores enfermos a hospitales privados, y (iv) no trasladó residentes al hospital de Ifema.
¿Explicar esto sobre el Gobierno Ayuso equivale a afirmar que el Gobierno central lo hizo todo bien? En absoluto. Al menos hay tres cosas que hizo muy mal:
1. No otorgó durante la primera ola la misma prioridad a las residencias que a los hospitales, y tenía que haberlo hecho.
1. No otorgó durante la primera ola la misma prioridad a las residencias que a los hospitales, y tenía que haberlo hecho.
2. No hizo públicos los datos que le remitieron las CCAA, en un ejercicio de falta de transparencia intolerable.
3. No ha creado una comisión de investigación independiente que analice lo ocurrido, lo mínimo que le debemos a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
3. No ha creado una comisión de investigación independiente que analice lo ocurrido, lo mínimo que le debemos a la memoria de las víctimas y a sus familiares.
Y a todo ello hay que sumar la vergonzosa actuación en muchos lugares de la Fiscalía, que en vez de liderar las investigaciones para conocer la verdad está actuando como abogado defensor en la sombra. Lo que solo añade escarnio al dolor de quienes perdieron a un ser querido.
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