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[DDHH] El actuar silencioso de Hernán Larraín para beneficiar a criminales de lesa humanidad

Un grupo de abogados especializados en Derechos Humanos, liderado por Nelson Caucoto, ha denunciado que el gobierno de @sebastianpinera ha reducido "silenciosamente" las condenas a violadores de DDHH, contraviniendo normas y tratados de derecho internacional.

“Este procedimiento de indultos y rebajas de pena se hace sin ningún control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas”, señala Caucoto, abogado de DDHH, consultado por NYC.

Agrega que este hecho “menoscaba el concepto de justicia”, por cuanto los beneficiados fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, agotando las instancias judiciales y gozando, señala, de penas que no se condicen con la gravedad de los delitos cometidos.

Los profesionales dan cuenta que a finales de 2020, descubrieron fortuitamente que uno de los exagentes condenados recibía beneficios penitenciarios concedidos por Piñera, obteniendo la libertad anticipada pese a que las solicitudes de libertad condicional habían sido rechazadas.

El mecanismo ha operado de dos maneras: a través de reducciones de condenas, amparadas en la Ley Nº 19.856 (sistema reinserción por buena conducta) concedidos por el @MinjuDDHH, o mediante indultos presidenciales, firmados por Piñera o @HernanlarrainF, por orden del presidente.

Pablo Fuenzalida, uno de los abogados que suscribió el documento, es categórico: “El Estatuto de Roma prohíbe la rebaja de condenas a criminales de lesa humanidad”. Señala, además, que el ministro de Justicia actúa con una discrecionalidad que no corresponde.

“Larraín procede a aplicar este decreto, que no es aplicable, sin preguntarle al programa de DDHH, sin consultarle la opinión a jueces que llevan las causas y sin informar a la Suprema o a familiares. Es una nueva forma de la derecha y militares de seguir en impunidad", concluye.

Así, a través del beneficio de reducción de condena, entre julio y diciembre de 2020, han sido beneficiados seis criminales de lesa humanidad, quienes fueron tratados -indica el escrito- como delincuentes comunes, sin ponderar estándares internacionales.

Encabeza la lista Lander Uriarte, coronel (r) del @Ejercito_Chile, condenado por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos. Un informe psicológico de Gendarmería (2018) consignó que Uriarte “no tiene conciencia del delito, del daño, ni disposición de cambio”.

Lo siguen: Rodrigo Pérez, exCNI condenado por su participación en la Operación Albania; Juan Valderrama y Adolfo Lapostol, exoficiales condenados por el secuestro calificado de Alonzo Lazo, estudiante y militante del MIR; y Carlos Blanco, exoficial condenado por homicidio.

Respecto a los indultos particulares, en julio de 2020 fueron beneficiados Víctor Mättig Guzmán, oficial (r) de la @FACh_Chile y Raúl Rojas Nieto, coronel (r) del @Ejercito_Chile. Ambos decretos señalaron que los internos son "merecedores" del indulto.

Rojas Nieto, también conocido como “Caballo Loco Rojas” o “Pichi”, fue condenado a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo en calidad de autor del secuestro calificado de Víctor Vega Riquelme, militante del @PCdeChile, de 24 años de edad.

Mättig, por su parte, fue condenado a la pena de cinco años en calidad de autor del secuestro calificado de José Luis Baeza Cruces de 41 años, dirigente sindical y miembro del Comité Central del Partido Comunista, y a 3 años y un día de presidio por asociación ilícita genocida.

En diciembre de 2020, un nuevo indulto presidencial favoreció a Hugo Prado, exgeneral del @Ejercito_Chile y excomandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), condenado a 5 años de presidio por la Corte Suprema en calidad de cómplice de secuestro calificado.

Según da cuenta el proceso judicial, la Corte Suprema condenó en 2017 a 33 exagentes, entre ellos Prado, por su responsabilidad en los secuestros calificados de los frentistas: Julián Peña, Alejandro Pinochet, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y Julio Muñoz Otárola.

Los ilícitos, perpetrados en 1987, corresponden al último caso de detenidos desaparecidos en el periodo de la dictadura (1973-1990). La investigación estableció que tras su detención, sin orden judicial, las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados al mar.

Entre los indultados también se encuentra Demóstenes Cárdenas. El exfuncionario civil de la @FACh_Chile y exagente de la DINA estuvo prófugo desde 2016, luego de ser condenado a 10 años por el secuestro calificado del militante comunista Stalin Aguilera en la “Operación Colombo”.

En abril de 2020, el criminal recluido en Santiago 1, le envió una carta al Presidente solicitando el indulto por razones humanitarias, argumentando padecer de fuertes dolores producto de un cáncer pancreático en etapa 4. Al mes siguiente, el mandatario accedió al requerimiento.

El documento que denuncia los beneficios otorgados por el ministro de Justicia y el Presidente de la República, fue enviado a la comisión de DDHH de la @Camara_cl. Consultada por NYC, @EmiliaNuyado, presidenta de la instancia confirmó que se llamará a la autoridad.

“Se citará al ministro @HernanLarrainF para que pueda informar respecto a las razones por las cuales han determinado rebajar las condenas a los criminales condenados por delitos de lesa humanidad. El ministro ha tomado determinaciones que son gravísimas”, señala Nuyado.

La diputada agrega que los beneficios carcelarios otorgados son “absolutamente contrarios al derecho internacional, contraviniendo de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normativas, puesto que asumen una forma de impunidad”.

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