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LA ALCALDESA DE VELILLA DE SAN ANTONIO DEL @PSOE @aalcazar9 Y EL ALCALDE DE CHINCHÓN FRANCISO JAVIER MARTINEZ MAYOR DEL PARTIDO TRANSPARENCIA Y SERVICIO SE SIENTAN EN EL BANQUILLO POR AMAÑANAR CONTRATOS PUBLICOS.
Abro hilo ⬇️

La Audiencia Nacional decide sentar en el banquillo a dos alcaldes madrileños, una exalcaldesa y a varios funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad por amañar y fraccionar contratos públicos. En todos los casos, la beneficiada fue la empresa Efial Consultoría S.L.⬇️

y se adjudicaron incumpliendo, supuestamente, la normativa de contratación pública. Efial, posteriormente, fue rebautizada como Consultoría en Gestión Innovadora S. L. (CGI).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ⬇️

José Luis Calama propone juzgar a un total de 24 personas.
Entre ellas, se encuentran: Francisco Javier Martínez (actual alcalde de Chinchón, del partido Transparencia y Servicio), su predecesora en el cargo, María Luisa Fernández (PP), no podían faltar los del PP,⬇️

Javier Durán (secretario del Ayuntamiento de Chinchón), Antonia Alcázar Jiménez (alcaldesa-presidenta de Velilla de San Antón, del @PSOE) y Luis Miguel Gómez (concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Meco). Todos acusados ⬇️

por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
El juez también sugiere mandar a juicio a Antonio Martos Carrasco, presidente y consejero de Efial; a la interventora general del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Lucía Mora Salas, y a Isabel Apellániz Ruiz de Galarreta,⬇️

entonces directora general de gestión tributaria y recaudación del de Móstoles.
Según reza el auto, Calama, tras su investigación, ha constatado la existencia de un "mecanismo fraudulento" para "eludir los controles legales" en la adjudicación de concursos ⬇️

y contratos a dicha compañía en varios ayuntamientos de toda España.
Efial llegó incluso a desempeñar "tareas propias de los funcionarios públicos, hasta el punto de participar ilegalmente en los procesos de concurso-oposición, actuando como asesores propuestos por el alcalde⬇️

y facturando por elaborar las bases de los concursos", indica el auto, que cifra en "millones de euros" los pagos ilegales efectuados a la mercantil por parte de "numerosos" consistorios en todo el país.
El modus operandi —detalla el juez— consistió, en "muchas ocasiones", ⬇️

en crear empresas municipales públicas, cuyo control era, finalmente, acaparado por Efial, a quien externalizaban labores de gestión de la compañía municipal. Las técnicas de amaño de los procedimientos también incluían fraccionar los contratos para disminuir su cuantía ⬇️

y no superar el límite de los 18.000 euros, por debajo del cual podían concederse a dedo. “Les estamos saqueando, ellos verán qué hacen”, llega a reconocer un delegado comercial de la compañía en una conversación telefónica intervenida, según consta en el sumario.
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En su auto, el juez también señala, durante la investigación global de las posibles irregularidades vinculadas a Efial-CGI, los agentes detectaron "reuniones clandestinas"
entre cargos públicos, arquitectos y miembros de la empresa en lugares ajenos a los consistorios, como
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restaurantes o pabellones deportivos. En dichas citas, los gestores asesoraban a los funcionarios sobre la confección de los expedientes administrativos para las contrataciones públicas.
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Con este auto, el magistrado pone fin a esta investigación, que inició en 2013 un juzgado de Vendrell, a raíz de una denuncia de la Fiscalía sobre las posibles irregularidades cometidas en la contratación pública del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona). ⬇️

Sólo allí, los pagos a Efial ascendían hasta más de 170.000 euros.
El juzgado de Vendrell apreció también "la existencia de un mecanismo fraudulento" encabezado por la mercantil en numerosos consistorios. Por ello, envió esta parte de su investigación a la Audiencia Nacional ⬇️

como pieza separada. Sólo en Cataluña, Efial-CGI se embolsó más de 7 millones de euros públicos.
Al recibir la información, la Audiencia Nacional abrió un total de tres piezas separadas. Ésta, a cuya investigación pone ahora fin el juez Calama, versaba acerca ⬇️

de los ayuntamientos de Chinchón, Collado Villalba, Getafe, Velilla de San Antonio, Meco, Móstoles y Torrejón de Ardoz. Salvo en este último, el instructor propone juzgar a algunos funcionarios del resto de consistorios o a empleados, directivos o delegados de Efial-CGI ⬇️

en dichos municipios.
En su artículo 404, el Código Penal define la prevaricación como la situación en la que una autoridad o funcionario público, "a sabiendas de su injusticia", dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo.⬇️

Y la castiga con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de hasta 15 años.
A ver si inhabilitan a todos los políticos corruptos y hacemos una limpia, que buena falta hace, aunque luego no dimitan como la alcadesa de Alcorcón, ⬇️

condenada a 5 años de inhabilitación y pegada al sillon con loctite. ⬇️
#HayQueEcharlosYa
#GobiernoCriminalCorruptoyMentiroso
#ChicasVox52

Fuente: El Español