Thread by @JanineOtalora

Con la #RevocaciónDeMandato nuestra democracia estrena la implementación de procedimientos de democracia directa. Por lo que los actos que alejaron la participación deben ser evidenciados, para que no se repitan.
Les comparto reflexiones que emití en el pleno del @TEPJF_informa

La posibilidad de revocar el periodo para el que fue electa la persona titular del Poder Ejecutivo es el resultado de años de lucha ciudadana por contar con mecanismos que hagan efectiva su participación en la conducción de los asuntos públicos del país

La #RevocaciónDeMandato, al tratarse de un mecanismo de participación directa, debe ser el protagonismo de la ciudadanía lo que dé cuenta del éxito del proceso, su ausencia es un indicador que muestra las fallas de los actores políticos en el desarrollo de la consulta.

Nuestro papel como Tribunal constitucional electoral es garantizar que las herramientas dadas a la ciudadanía no sean desvirtuadas. Si bien hay que reconocer que este proceso ha sido un acto fallido de democracia por responsabilidad de los actores políticos,

la invalidez de este no puede tener como consecuencia que las personas que cometieron las irregularidades y realizaron actos que constituyen malas prácticas en materia electoral queden impunes. Es necesario defender al Estado de Derecho y a los principios democráticos.

Por ello es necesario reivindicar la demanda social de contar con un mecanismo para revocar al poder político ante la pérdida de confianza y legitimidad. No puede permitirse que esa voluntad popular se corrompa transformando a la consulta en un ejercicio de ratificación.

Este no fue un proceso en el que la gente salió a votar por la revocación, fue un proceso en el que se le pidió al electorado que saliera a votar por una ratificación de mandato y, por tanto, se hizo un llamado a contrariar a la Constitución.

El principio de neutralidad fue violentado por varios actores políticos y este hecho es grave. Tuvieron lugar actos de promoción del proceso por parte de altos funcionarios públicos y de titulares de gubernaturas, desde la etapa de recolección de firmas,

contraviniendo la prohibición legal y desacatando las sentencias dictadas por este Tribunal Electoral, violando con ello, además, el principio de neutralidad.

Técnicamente, estas malas prácticas no pueden ser sancionadas con la nulidad del proceso, lo que no significa que no tengan consecuencias jurídicas, puesto que serán objeto de análisis y en su caso sanción, por la vía del procedimiento especial sancionador.

El riesgo de dejar impunes estas malas prácticas significa incumplir con nuestras obligaciones de garantes de los principios democráticos, por lo que en todos los actores políticos recae el deber de que estas malas prácticas no se repitan en futuros procesos electorales.

Quedan procedimientos sancionadores pendientes de resolución, una vez resueltos se tendrá el mapa completo de las violaciones en las que se han incurrido y las responsabilidades de quienes resulten sancionadas darán cuenta de sus conductas antidemocráticas.

Pensamos que nuestra democracia estaba blindada y aparecen hoy figuras fraudulentas del pasado, reactivadas por los propios actores políticos. Por ello, lo que hoy estamos decidiendo es la vía para evitar que la integridad de futuros procesos electorales esté en riesgo.

Las irregularidades denunciadas, en caso de acreditarse por la autoridad competente, serían la advertencia del debilitamiento de nuestras instituciones y requerirán de un enérgico llamado a todos los actores políticos a defender las conquistas por las que ha luchado la ciudadanía

Cuidar la democracia no es sólo obligación de las autoridades electorales, es responsabilidad de todas y de todos, ciudadanía y actores políticos. Sólo con la participación colectiva se logrará consolidar nuestro régimen democrático.

No debemos permitir que este ejercicio de democracia participativa se convierta en un experimento para futuros procesos electorales. Este proceso no debe ser el inicio de un retroceso de la democracia que tantos años y conflictos le ha costado a México para consolidarla.

Tampoco puede dejarse de lado el riesgo democrático al desincentivar la participación ciudadana con la amenaza de que el proceso pueda anularse. El deber de promover la vida democrática exige mesura de todas y todos, y anteponer el compromiso con los deberes constitucionales.

Las irregularidades de las que hemos dado cuenta los órganos electorales a lo largo de este proceso no hacen más que erosionar la confianza de la ciudadanía y desincentivar su participación en ellos; lo que claramente no es conveniente para los actores políticos.

La reflexión final debe ser que empoderar a la ciudadanía y asegurarle los mecanismos para defender su participación son las vías necesarias para tener una democracia más participativa y vigilante de sus autoridades electas.

Sólo así podremos vivir en un Estado de Derecho, en el que no tengan cabida las malas prácticas que atentan contra la voluntad popular y, por tanto, que merman nuestro régimen democrático.