Thread by @pvallin

De la lectura de los 100 folios de la querella de @boye_g, espiado por PEGASUS, contra NSO Group Technologies, un breve hilo de por qué afirma que el espionaje con ese programa no puede ser legal ni con autorización judicial, y por qué las pruebas obtenidas no servirían. Atended.

Pegasus espía sin discriminar y vuelca todos los datos que recaba en un servidor de NSO (Israel), y luego entrega copia a los clientes (los gobiernos o fuerzas de seguridad). Bien, pues esto no se podría hacer, de acuerdo a la legislación española. Ni con autorización judicial.

Es decir, el juez puede autorizar que se acceda a las llamadas pero no a los mensajes, fotos o contactos, pero nunca puede tener la garantía técnica de que esa investigación se haga en esos términos porque una vez infectado con Pegasus, todo el móvil está expuesto.

Conviene recordar que la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, que puede ser arbitrada por un juez, debe estar sujeta a "la excepcionalidad, la temporalidad y la proporcionalidad" de la investigación, y sometida a estricto control judicial.

Pero usar un programa que da acceso a TODO el contenido de un móvil, a los contactos, a las imágenes, a los mensajes, al micrófono, a la cámara, a las llamadas... es difícil que sea "proporcional" al objeto de investigación ni estar sometida a control judicial riguroso.

Porque el volcado y manejo se produce sobre y desde servidores de la compañía israelí y por su personal. Lo cual, por cierto, vulnera otra tutela legal: tal vigilancia dictada por el juez debe ser ejecutada por funcionarios españoles, no por empleados de una compañía extranjera.

Además, esta circunstancia impide que se cumpla con el deber de custodiar y destruir el material privado intervenido de no ser relevante para la investigación. ¿Cómo se garantiza su destrucción si el cliente solo recibe copia y los datos están en un servidor privado en otro país?

Y luego hay otro problema añadido. Pegasus permite manejar el móvil, introducir material, escribir mensajes en nombre del titular, hacer llamadas, etcétera, lo cual significa que en la práctica este programa podría FABRICAR pruebas incriminatorias en un móvil infectado.

Es decir, cualquier material probatorio extraído del teléfono están manchado por la sospecha de que no haya sido obra del titular del smartphone sino de quienes lo espían, sean los empleados de NSO o los agentes del cuerpo que se trate.

Al margen de otras consideraciones sobre si hubo o no la debida autorización judicial y sobre la probable condición masiva y no discriminada de los espionajes, las propias condiciones técnicas del software ya ponen en entredicho la posibilidad de que su uso se atenga a derecho.

Al menos, en una democracia.

Y ya. (Ardo en deseos de ver qué contesta el juzgado de instrucción al querellante).