Este viernes, la Comisión de Educación del Congreso rechazó la reconsideración a la votación que aprobó el dictamen de insistencia de ley que atenta contra la autonomía de la #Sunedu y la reforma universitaria. (1/5)
Con 6 votos a favor, 10 en contra y 3 en abstención, no se aprobó la reconsideración y, por ende, se dio luz verde a la iniciativa que busca que las universidades tengan participación en la Sunedu, a fin de que sus representantes puedan fiscalizar a estas casas de estudios. (2/5)
Vale resaltar que los votos en rojo y abstenciones permitieron que no se apruebe la reconsideración. Luis Cordero (Fuerza Popular), María Cordero (Fuerza Popular), Tania Ramírez (Fuerza Popular), Cerrón (Perú Libre) y Edwin Martínez (Acción Popular) votaron en contra. (3/5)
A estos se sumaron Alex Paredes (Bloque magisterial), Gutiérrez (Bloque Magisterial), Tello (Bloque Magisterial), Esdras Medina (Renovación Popular) y José Jerí (Somos Perú). En tanto, Castillo (Fuerza Popular), Gonzales (Avanza País) y Elías (Podemos) votaron en abstención (4/5)
Cabe mencionar que los congresistas que promueven este dictamen que atenta contra la autonomía de Sunedu también respaldan el retorno de las universidades que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad, catalogadas como 'bamba' por gran parte de la ciudadanía. (5/5)
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Alejandro Cavero viene recibiendo la asesoría permanente de una extrabajadora de fujimoristas cuyo hermano estaría implicado en la trama de falsos aportes a la campaña de Keiko Fujimori y aparece como tesorero de Offshore de un operador de un dirigente de Chim Pum Callao. (1/6)
Se trata de Marissa Palomino Bonilla, quien, según el portal del Congreso, percibió en el mes de abril S/10 924 por su cargo de "asesora principal" de Alejandro Cavero. La trabajadora, además, registra haber laborado para los fujimoristas Cecilia Chacón y Diethell Columbus. (2/6)
La relación de la familia Palomino Bonilla con el fujimorismo no se limita a Marissa, pues el hermano de esta, Guillermo Palomino Bonilla, aportó, según registra la ONPE, un total de 159 mil 758 soles a la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011 y 2016. (3/6)
El congresista Edward Málaga Trillo, del Partido Morado, mostró un "rotundo" rechazo al informe presentado por Alejandro Cavero (Avanza País) el cual recomienda el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino por el caso Inti y Bryan. (1/5)
"Mi rotundo desacuerdo con el informe [...]. Yo estuve ahí, vi la violencia policial, vi morir a Inti. La SAC debe evitar el archivo, en memoria de todas las familias y víctimas de la represión de los últimos años", manifestó Málaga en Twitter. (2/5)
Por otro lado, consideró que el Congreso no debería bloquear la acción de la justicia, así como lo hizo con los casos del excontralor Edgar Alarcón, el exfiscal supremo Tomás Gálvez, acusado de presunto crimen organizado; y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. (3/5)
La legisladora Susel Paredes, del Partido Morado, se refirió en torno a la posibilidad de que Gladys Echaíz pueda presentarse como candidata a la dirección del Congreso. En ese sentido, aseguró que no votaría por la exfiscal porque "blinda personas". (1/8)
"Yo sí jamás votaría por una lista encabezada por Gladys Echaíz. Jamás. Porque permanentemente blinda a las personas que nosotros no las vamos a juzgar, sino el Poder Judicial y el Ministerio Público", manifestó en diálogo con Canal N. (2/8)
"Blindar a semejantes personalidades comprometidas con la organización criminal de Los Cuellos Blancos es inadmisible", añadió, en clara referencia a la protección que le brindó el Congreso, con el voto de Echaíz, a Edgar Alarcón, Pedro Chávarry y Tomás Gálvez. (3/8)
Luego de que se diera a conocer que el informe presentado por Alejandro Cavero recomienda el archivo de la denuncia constitucional contra Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, por el caso Inti y Bryan, Amnistía Internacional se pronunció al respecto. (1/4)
A través de redes sociales, el movimiento global independiente que defiende los Derechos Humanos solicitó al Congreso que permita "sin más dilaciones" la investigación fiscal contra los mencionados exfuncionarios y que disponga "el levantamiento de las inmunidades". (2/4)
Por otro lado, la organización recordó que, en las protestas de noviembre de 2020, agentes policiales usaron la fuerza de "manera ilegal y contraria a los estándares internacionales", en el que se pudo registrar disparos de municiones y gas lacrimógeno contra los ciudadanos (3/4)
El congresista Alejandro Cavero, antes de obtener una curul, discrepaba abiertamente del fujimorismo en redes sociales; sin embargo, una vez instalado en el Parlamento, contrató a tres personas que laboraron y aportaron a la campaña de la fujimorista Cecilia Chacón. (1/7)
Una de estas trabajadoras es Marissa Palomino, quien, según el portal de ONPE, aportó S/ 2 000 a la campaña congresal de Cecilia Chacón en 2016. Luego de que esta consiguiera una curul, Palomino Bonilla se desempeño como asesora de Chacón, con un sueldo mayor a 9 mil soles. (2/7)
Actualmente Marissa Palomino Bonilla labora en el despacho congresal de Alejandro Cavero, de la bancada de Avanza País, como "asesora principal" del mencionado parlamentario, percibiendo un sueldo que supera los 10 000 soles. (3/7)
El congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley que busca que los partidos políticos no sean criminalizados. Ello, en el contexto de las investigaciones contra Fuerza Popular y Perú Libre, por presunta organización criminal. (1/5)
De acuerdo a la iniciativa legislativa de Cerrón, se debe "reconocer" a las agrupaciones políticas como "instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía, base del sistema democrático y asociaciones de interés público no criminalizable". (2/5)
Asimismo, el proyecto del hermano del sentenciado Vladimir Cerrón tiene como finalidad "que no se criminalice a los Partidos Políticos, cuando uno o varios de sus asociados y/o afiliados cometan delitos", como lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, entre otros. (3/5)