El MP no ha presentado pruebas sobre el supuesto delito de tráfico de influencias que le imputa a Jose Rubén Zamora, sin embargo, se lee entre las líneas de la imputación previa una grave judicialización de su labor periodística y esto es preocupante
Abro pequeño hilo
El MP mencionó (en la imputación general) que el delito se vincula a la relación que Zamora tenía con Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI,pero esta relación podría ser la que cualquier periodista tiene con una fuente. Eso SÍ es perseguir el periodismo. A esto nos atenemos.
El acceso a las fuentes de información no es un privilegio de la profesión, es un derecho protegido por la Constitución en el artículo 35:
"Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar
ese derecho".
El artículo 5 de la Ley de libre emisión del pensamiento también protege el libre acceso a las fuentes.
La declaración de principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos también protege ese derecho.
El MP no ha presentado pruebas para sostener este delito, pero a como van las cosas el mensaje es que cualquier periodista que reciba información de una fuente puede ser acusado por el mismo delito que Zamora y ese es un grave atentado a la Constitución en este país.
Y, como siempre, el MP ve la paja en el ojo ajeno, pero ignora la viga en el propio. Hay una contradicción enorme en el señalamiento de la fiscalía a Zamora. Abajo lo planteo: 👇
Desde la detención de Zamora y el allanamiento en las oficinas de elPeriódico, el MP le filtró información a los netcenters, lo cual no solo es inmoral, sino ilegal, porque claramente un netcenter no es un periodista que firma su trabajo y está fuera del anonimato.
Esta sí es una práctica ilegal que el Estado debería perseguir, ya que no es solo el MP el que actúa así, lo hacen también el Ejecutivo, el Congreso y el poder Judicial.
Con todo esto, hoy quedó demostrado que el embargo de las cuentas de elPeriódico era innecesario, pero sí se afectó por una semana al medio y con él se violentó el derecho de todas y todos a saber y a vivir en democracia. Esa es otra violación flagrante a la Constitución
¿Qué sigue? ¿A qué nos atenemos como periodistas si el MP está empezando una cacería de mensajeros? ¿Es una acción desesperada porque el mensaje (la corrupción) pervive a pesar de sus intentos por cerrar las fuentes de información?
Seguimos fiscalizando el poder. #NoNosCallarán
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