Thread by @Clara_Serra_

Lo que ha ocurrido hoy en relación a la Ley de libertades sexuales sitúa de nuevo el debate sobre la violencia machista en el ámbito penal y pone a la sociedad a pedir penas más duras en lugar de aportar soluciones más eficaces para las mujeres. Abro 🧵

La reforma de esta ley ha sido criticada por numerosas feministas porque consideramos que implica un aumento del punitivismo y supone una ampliación de las conductas delictivas: endurece penas anteriores e introduce castigos que antes no existían.

elpais.com/opinion/2021-0…

Estas críticas las hizo también la judicatura progresista, como Jueces y juezas para la democracia o el Grupo de Estudios de Política Criminal, que criticaron en sus informes un endurecimiento penal que caracteriza a la reforma en su conjunto. politicacriminal.es/documentos/com…

Aparte de alertar sobre los excesos punitivos los informes ya advertían hace 16 meses que la fusión de los delitos de agresión y abuso llevaba a horquillas más amplias y abría la puerta a un efecto indeseado y no buscado por el legislador: una posible rebaja de algunas condenas.

Esto, que no es lo que se pretendía, es el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos, que siempre, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio.

Si este gobierno hubiera apostado por una política feminista no punitiva hoy estaríamos en condiciones de defender que el problema fundamental no es en ningún caso que bajen las penas porque ninguna protección de las mujeres depende de la dureza de las penas.

Pero mantener la apuesta punitiva, incorporada en el corazón de esta ley, ha hecho que hoy tengamos, aparte de Código Penal engrosado, un debate situado en marcos punitivos con una opinión pública pidiendo que se endurezcan las penas y un gobierno prometiendo más dureza.

La gravedad es aun mayor cuando el Ministerio, en lugar de recular, recapacitar y decidir mejorar el texto legal, emprende una huída hacia adelante que pasa por acusar a los jueces de no saber aplicar la ley.

Obvio que la judicatura incorpora prejuicios machistas y que la formación fortalece a nuestros empleados públicos, eso es, en efecto, parte de lo que debemos hacer.

Pero la aplicación de la norma más favorable para los condenados (y su retroactividad si les beneficia) es un principio básico del Derecho Penal que todo gobierno de izquierdas debe legitimar y proteger.

Puede haber un debate jurídico en juego sobre la manera correcta de interpretar la aplicación de la ley y el Tribunal Supremo tendrá que resolver

pero es enormemente irresponsable acusar de machista a lo que es la norma más favorable al reo cuando tenemos a las puertas a una extrema derecha punitiva siempre dispuesta a usar la violencia machista como excusa para endurecer el castigo penal.

La instrumentalización del feminismo por parte de partidos con intereses propios tiene que parar porque está dinamitando el capital político del feminismo construido durante años de luchas colectivas.

Si hay errores es una buena ocasión para parar, recapacitar, enmendar y mejorar. Y escuchar a la judicatura progresista y al feminismo que ha sido crítico con esta reforma legal.

Pero nunca jamás se puede utilizar el feminismo para aprobar códigos penales más duros y abrir debates que llaman feminista al populismo punitivo y llaman patriarcal al garantismo penal.

No se trata de un estás conmigo o contra mí, sino de qué políticas NO benefician a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. El debate sobre las penas nos mete de lleno en el marco de la derecha, lo hizo en su momento y lo hace ahora. Entrar en ello es una trampa mortal.