El mejor método para que una prestación le llegue a quien más lo necesita es la universalidad de la medida. Una política universal e incondicional acaba con las trabas burocráticas que marcan a los pobres, acaba con la percepción de agravio en otros sectores y genera ciudadanía.
La derecha concibe lo público como una política “para pobres” (cosa que tampoco cumple), expulsados del mercado. Insistir en exigir que, si alguien recibe algo, se lo tiene que merecer, demostrar ser pobre y necesitarlo, alimenta una lógica reaccionaria y resentida.
Renta básica universal e incondicional, vivienda, sanidad, educación, etc., son derechos de existencia no sujetos a condiciones. Es lo que menos quieren quienes inoculan el resentimiento, la lógica de los juegos del hambre y una libertad pensada contra los demás.
En el siglo XIX se entendía que la asistencia sanitaria debía reducirse únicamente a lo que se consideraba como “pobres válidos”, porque extenderla al conjunto de la población fomentaba el “carácter débil”. El miedo patronal de fondo era el de siempre: “¿Quién va a trabajar?”
Y esa pregunta es lo que teme un orden político basado en el dominio. Necesita que la población esté forzada a vender su tiempo a un tercero por necesidad: una libertad sometida a la dependencia. Los derechos aumentan el poder sobre el tiempo, es decir, democratizan la democracia
El avance de una civilización se mide por su capacidad para liberar tiempo de la población sometido a la necesidad. Cuando la capacidad productiva no se utiliza para someter aún más a la dependencia, sino que sirve para democratizar el tiempo libre y seguro.
Marx explicaba que, en la Inglaterra de 1861, donde vivían 20 millones de personas, si se descontaban a los niños, los rentistas, el gobierno, el clero, los militares, los indigentes y delincuentes, quedaban 8 millones de personas, incluidos los capitalistas, que desempeñaban
funciones en la producción, el comercio o las finanzas. La suma de todas las personas ocupadas en las fábricas textiles, en las minas de carbón y de metal, o la suma del textil con la gente ocupada en las plantas metalúrgicas, era menor que el número de personas dedicadas
a las llamadas 'clases domésticas'. Esto se explica por una razón: el aumento de la fuerza productiva en la gran industria permitía emplear de manera improductiva a una parte de la población obrera en forma de criados, mayordomos y servicios domésticos,
lo cual, al margen de para qué se utiliza ese aumento de la productividad, nos permite pensar para qué podría utilizarse, si, en lugar de usar ese tiempo liberado para contratar servicios domésticos, se utilizase para democratizar el tiempo.
La pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿y si ese excedente productivo, que es tiempo humano liberado del trabajo, en lugar de usarlo para aumentar los servicios domésticos, se democratizase con el objetivo de ofrecer un tiempo libre garantizado para toda la población?
¿No es acaso eso mismo lo que explica el avance histórico de la humanidad por ampliar el ocio, entre trabajar 16 horas en la mina y la reducción de la jornada de trabajo?
¿No serían los derechos de existencia el siguiente paso en esa misma dirección desplazando la condición de ciudadanía de la condición de trabajador a la condición de nacimiento, de existencia?
El capitalismo es la forma histórica de riqueza que más ha impulsado la capacidad productiva de la población; el problema, sin embargo, es que ese aumento de productividad no se traduce, salvo cuando se arranca, en una liberación del tiempo para la población.
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