Me han pasado este titular de El Debate y no he podido evitar sumergirme en el pozo. Lo firma Antonio R. Naranjo, un polémico tertuliano habitual de Risto, Espejo Público o El Cascabel. Sin embargo, por el camino he descubierto alguna cosita interesante. 
El titular es muy contundente. Toda la noticia se sustenta en lo que ha dicho un estudio jurídico externo al periódico, por lo que Antonio hace afirmaciones basadas en el estudio. Sin embargo, el estudio, elaborado por la consultora ITCD, está dirigido por... tachán! Él mismo.
Esta consultora no aparece por ningún lado. Ni en Google, ni en el registro mercantil, ni en redes... ni siquiera en su LinkedIn, donde se define como "Director Editorial de ITCD". Un poco sospechoso, peor bueno, chanchullos que se montan entre ellos. Vayamos al grano.
La hipótesis de Antonio, basada en la investigación de Antonio, es que Sánchez "no necesitaba aplicar el estado de alarma ni solicitar a Mazón pasar del nivel 2 al 3, sino aplicar la Ley 36/2015, que no solo le da derecho a tomar los mandos, sino que le obliga"
Este artículo habla de la necesidad de elaborar una ley de seguridad nacional (que se elaboró en 2017) y actualizarla cada 5 años (se actualizó en 2021, aplicando el RD 1150/2021), pero no habla de obligaciones. Es la típica ley de directrices que no concretan nada.
Esta ley está pensada principalmente para la seguridad nacional, así como la gestión de crisis puntuales. Para esto último, hay que declarar la situación de emergencia nacional, y eso lo tiene que hacer el Presidente del Gobierno.
La actualización de la ley en 2021 incluye en el apartado de "amenazas para la seguridad nacional" un subapartado de emergencias y catástrofes. El problema es que no se cuantifica, se deja a criterio del Consejo de Seguridad interpretar cómo de grave es la catástrofe.
Por tanto, no se mencionan supuestos de obligatoriedad para declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional, sino que corresponde al presidente del Gobierno valorar si hacerlo, asistido por el Consejo de Seguridad Nacional, del que puede formar parte la CCAA afectada
El artículo de "investigación" de Antonio Naranjo trata de introducir constantemente la premisa de obligatoriedad (y por tanto responsabilidad penal), de que el Gobierno está obligado a asumir el mando, y además de hacerlo desde el minuto 1. Pero no, no es algo tan sencillo.
Las competencias en emergencias en general están cedidas a las Comunidades Autónomas, y para eso se coordinan mediante los niveles de situación operativa de Protección Civil definidos en el Real Decreto 524/2023. Emergencias como inundaciones o incendios, principalmente.
Hablamos de responsabilidad compartida porque en un primer momento, la Generalitat, mediante su Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, establece el CECOPI y se va comunicando con la delegada del Gobierno y el propio Gobierno.
Y no fue hasta la reunión que mantuvieron Sánchez y Mazón el día 31, donde Sánchez renunció a declarar la Situación de Emergencia Nacional a petición de Mazón, ya que de hacerlo tendría que quitarle el mando. Acordaron un punto intermedio: mantener el nivel 2 de protección civil
La respuesta a emergencias, como su propio nombre indica, responde a la AVSRE, que es la que coordina las emergencias sobre el terreno. Sabiendo que a las 12:30 ya había un riesgo en la cuenca del Barranco del Poyo, esta información debió haber acelerado mucho la respuesta.
Respecto a si convendría que el Gobierno activara esa situación de Interés para la Seguridad Nacional, es algo debatible. Por un lado, es una situación suficientemente grave como para hacerlo. Por otro, el nivel 2 de Protección Civil ya lo permite, sin intervenir la Generalitat.
Las preguntas que nos sacarían de dudas serían si declarar esta situación y sustituir al Govern habría mejorado en algo la gestión y sobre todo, qué hubiera hecho el Gobierno si el presidente autonómico siguiera siendo Ximo Puig.
Porque mucha argumentación es que "habría que haber quitado al PP el mando", por ser el PP. Y esa no es una razón legítima. El mando se ha de asumir a nivel nacional si eso mejorase la coordinación de recursos y rapidez de actuación. Y eso es bastante debatible.
En mi opinión, y esto ya es opinión, todo se reduce a un problema de incompetencia. Los protocolos me parecen bien como están. Es lógico que esté al mando la Generalitat y lidere la coordinación de recursos que le proporcione el Estado. Pero hay tan pocas cosas con lógica ya...
Fe de erratas: el autor del estudio es Julio Naranjo, su hermano. Todo queda en familia.
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