EE.UU. anunció un acuerdo “amplio” con la Argentina que se perfila como el pacto económico-comercial más desigual y asimétrico firmado desde el Pacto Roca-Runciman. Un esquema 90/10, con 15 obligaciones asumidas por la Argentina y apenas 2 de EE.UU. Hilo 👇 
Argentina se sumó a la misma fila que El Salvador, Ecuador y Guatemala: todos recibieron el mismo “framework” comercial, publicado el mismo día y con cláusulas casi idénticas. Pero esos países no tienen base industrial; son economías primarias.
A esto se suma un problema mayor: la negociación se desarrolló sin estudios de impacto, sin participación del Congreso, sin consultas a los sectores productivos y sin intervención de las provincias. Un proceso de diplomacia secreta que deja afuera a todos los actores interesados.
EE.UU. exige la liberalización de sectores que representan cerca del 70% de lo que exporta a la Argentina: medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. Es prácticamente todo su comercio estratégico hacia nuestro país.
Lo que ofrece a cambio es notablemente más impreciso: apertura para “ciertos recursos naturales indisponibles” y “ciertos insumos farmacéuticos no patentados”. El texto no identifica qué bienes son, qué volúmenes alcanzan ni qué criterios definen esa categoría.
Argentina exporta a EE.UU. petróleo, gas, oro, aluminio, productos agrícolas y diversas manufacturas. ¿Cuáles de ellos serían considerados “recursos naturales indisponibles”? ¿Incluye combustibles? ¿Incluye minerales estratégicos? No hay una sola respuesta en el documento.
Lo que sí está claro es lo que queda afuera: EE.UU. mantiene las tarifas sobre acero y aluminio, dos sectores clave para el entramado industrial argentino.
Como si faltara algo, el anuncio se publicó únicamente en inglés, sin versión en castellano. Un acuerdo bilateral que afecta a la economía argentina comunicado en un solo idioma extranjero no es una formalidad: es un mensaje político sobre quién dicta los términos del acuerdo.
Además, el acuerdo impone cambios regulatorios para Argentina: eliminación de licencias y formalidades, modificaciones en procedimientos aduaneros, aceptación de certificaciones estadounidenses y alineación con estándares externos. El peso de la adaptación recae de un solo lado.
Este entendimiento no ocurre en el vacío. EE.UU. interviene de manera creciente en la vida política argentina: incide en procesos electorales, en la conformación de gabinetes, en la administración del comercio exterior y en la orientación de la política monetaria.
La injerencia también es explícita en política exterior. Washington define a qué reuniones internacionales asiste o no el Presidente: que Argentina no vaya al Mercosur, al G20 o a la cumbre CELAC–Unión Europea, pero sí vaya a una asunción presidencial en Bolivia.
Este acuerdo y otros que se negocian en secreto con Washington reducen la soberanía argentina en su sentido más profundo: la libertad de un país para elegir su rumbo. Cada compromiso opaco y cada concesión unilateral nos vuelve menos capaces de decidir nuestro destino.
No se trata sólo de frenar este esquema, sino de construir una inserción internacional distinta: basada en el interés nacional, en la búsqueda de socios que cooperen con el desarrollo nacional y en negociaciones que no se den en términos de subordinación, sino de igualdad.
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