Conclusiones de la Misión Internacional Independiente de la ONU. "La Misión tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y crímenes documentados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil"
"La Misión tiene motivos razonables para creer que se cometieron en Venezuela los siguientes crímenes de lesa humanidad: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada (...)
(...) y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o lesiones graves en el cuerpo o la salud mental o física"
Según la misión de la ONU se tienen "fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros para Relaciones Interiores y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados"
En el informe completo, la Misión hace 65 recomendaciones detalladas sobre las medidas que deben tomarse para abordar las violaciones y crímenes documentados, incluidos los factores estructurales que contribuyen a las violaciones.
Pide la Misión de la ONU "Cesar la retórica pública, incluso de las autoridades de alto nivel, que incita a la violencia contra quienes expresan oposición a las políticas o acciones del Gobierno, incluidos los manifestantes"
Derogar la “Ley contra el odio” de la Asamblea Nacional Constituyente y cesar el enjuiciamiento penal en virtud de esta ley, incluso contra los disidentes políticos y los
periodistas.
Garantizar que ninguna persona sea arrestada o detenida excepto en cumplimiento de una orden judicial o en el acto de cometer un delito. Llevar a cabo una revisión judicial sistemática de la legalidad de las detenciones.
Acabar con las desapariciones forzadas y permitir que las personas detenidas informen inmediatamente a sus familiares u otras personas de su detención y su paradero.
Permitir el acceso inmediato a la representación legal.
Emitir una directiva del más alto nivel político a las autoridades del SEBIN y
la DGCIM para que cesen y desistan inmediatamente de cualquier práctica que constituyan tortura o un trato cruel, inhumano y degradante, incluidos los actos de violencia sexual y de género.
Cesar las operaciones de seguridad de gran escala, así como las conjuntas militares/policiales, como las que se llevan a cabo durante las OLP/OLHP, para impedir que
se cometan violaciones y delitos como los que se describen en el presente informe.
Emitir inmediatamente directivas de alto nivel en las fuerzas policiales, en particular la PNB y el CICPC, para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales y declarar
públicamente que esos delitos se investigarán con prontitud y se castigará a los responsables.
Desmantelar las FAES dado el alto número de ejecuciones extrajudiciales realizadas por esta fuerza policial desde su creación.
La misión recomienda a la comunidad internacional "considerar la posibilidad de iniciar acciones legales
contra los individuos responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente"
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