Ayer, el FMI anunció que enviará una misión a la Argentina a principios de octubre para discutir los términos del nuevo acuerdo. ¿Qué se negociará? ¿qué podríamos arreglar? ¿cuándo se cerrará? ¿cómo lo vamos a pagar? ¿por qué esta vez será distinto?
La Argentina le debe al Fondo alrededor de USD 45.000 millones, casi la mitad de lo reestructurado con acreedores privados. Si bien el préstamo era por USD 57.000 M, al haberlo suspendido en agosto del año pasado los desembolsos fueron menores, ya que restaban algunas cuotas.
Como el monto adeudado es menor que con los privados, las conversaciones deberían ser más calmas. Además, hay dos factores que ayudan: este tipo de negociaciones son muy usuales para el FMI, a diferencia de los acreedores externos que no están acostumbrados a estirar los plazos.
Por otro lado, el Fondo es un organismo multilateral de crédito, que no busca maximizar una ganancia, sino que vela por el buen funcionamiento del sistema financiero internacional. Más allá de cuán eficiente sea en su empresa, esta meta contribuye a una renegociación sostenible.
En 2018, la Argentina acordó con el FMI un préstamo stand-by (SBA), que garantizaba una serie de desembolsos relevantes en un plazo corto de tiempo (dos años en este caso), a cambio de exigentes metas, usualmente vinculadas al resultado fiscal. Una opción sería un nuevo stand-by.
En esta oportunidad, no habría nuevos desembolsos (no aumentaría la deuda total), sino que se estirarían los plazos de pago: en lugar de tener que "devolver" entre 2021 y 2024, lo haríamos a partir de 2024. A cambio, el Fondo nos exigiría correcciones fiscales (ajuste) desde 2021
La principal pregunta acá es cuán exigentes serán: por la pandemia, el rojo fiscal será récord este año (8% del PBI). El objetivo del Ministerio de Economía es corregirlo progresivamente (en 2021 hay elecciones), por lo que seguiríamos varios años en déficit. ¿Aceptará el FMI?
Otra alternativa sería ir a un plan de facilidades extendidas, EFF por sus siglas en inglés (extended funds facility). En este caso, tampoco habría nuevos desembolsos, pero el cronograma de vencimientos es mucho más laxo: hasta siete años. ¿Ya está entonces, elijamos este?
Como siempre, hay un problema: se paga en mejores términos, pero las condicionalidades son mayores. No solo se pide un resultado fiscal, sino además reformas laborales, previsionales (jubilaciones), tributarias, de eficientización del gasto público, etc.
El gobierno se debatirá entre vencimientos más exigentes y menos reformas-flexibilizaciones o, al revés, un cronograma de pagos más calmo, pero un ajuste mayor. Qué elegirá, para cuál tendrá más apoyo político-social, y otros tantos interrogantes se abren a partir de este dilema.
La negociación formal con los acreedores privados demandó cinco meses (abril-agosto). En este caso, los plazos serían similares (octubre 2020-marzo 2021), pero, una vez más, con menos idas y vueltas en el camino: no se trata de ofertas, sino de soluciones conjuntas.
El gran interrogante que queda, y que también vale para los privados, es por qué en unos años vez podremos pagar lo que ahora no. "Confianza mágica": el gobierno, dice, reconstruirá la economía en los próximos años y, así, mejorará sus alternativas de financiamiento para 2024.
De esta forma, podríamos endeudarnos con acreedores privados en mejores términos que los actuales, cancelando a su vez el programa con el FMI. En resumen, la apuesta es "normalizar la economía" y, a partir de ahí, cancelar deudas viejas con deudas nuevas, pero más sostenibles.
En síntesis, cerrada la reestructuración con acreedores privados en las próximas semanas empezará la negociación el FMI. El monto adeudado es menor y la predisposición de ambas partes a un acuerdo parece mayor. Ojalá tengamos otro final feliz y, ahora sí, empecemos a crecer.
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