Jaime Gómez-Obregón Profile picture
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Jun 13, 2021, 15 tweets

Todos en el sector tecnológico hemos visto alguna vez ofertas laborales como estas:

👉 Analista de software por 1050 €/mes, brutos
👉 Programadores por 900 €
👉 Contratos de 6 meses

Vamos a ver uno de los porqués. 👇

Estas ofertas son para puestos de prácticas y fueron publicadas en 2014, días después de que la empresa fuera contratada por el ayuntamiento de la aldea para desarrollar un servicio digital público: un portal de datos abiertos («open data»).

El pliego tiene de todo. De todo lo chungo:

👉 Procedimiento negociado sin publicidad: solo las empresas invitadas pueden ofertar
👉 Plazo para ofertar: ¡del 20 al 30 de diciembre! 🥳
👉 Iniciativa «singular» de empleo (¡y tanto!)
👉 Un «observatorio» municipal 😂

La carta, que firma el alcalde, informa a los licitadores de que las notificaciones se realizan mediante el dispositivo de telecomunicaciones favorito de la administración amish: el telefax.

¿Qué mejor que un fax para comunicarse con las empresas tecnológicas?

¯\_(ツ)_/¯

El pliego del ayuntamiento no solo detalla las características del portal a desarrollar, sino que además especifica pormenorizadamente las condiciones laborales del personal que la empresa adjudicataria debe contratar para prestar el servicio.

Pero hay unos «pequeños» problemas…

1⃣ Los salarios mínimos determinados por el pliego del contrato están por debajo de los mínimos establecidos en el convenio laboral de aplicación en la mayoría de las empresas tecnológicas.

🔗 boe.es/boe/dias/2009/…

Para los puestos a contratar, el convenio vigente el año del contrato establece las siguientes mínimos (en doce pagas):

👉 Para el analista: 1.296 € brutos/mes
👉 Para los programadores: 1.130 €

Los salarios ofertados están, sin embargo, un 20% por debajo de estos mínimos.

El pliego impone unos requisitos de contratación que según el convenio, y tras sumar los costes de los seguros sociales, supondrían unos costes de 84.100 €.

Pero el presupuesto del contrato asciende a 49.587 €

👉 Debe ser por eso que lo llaman «iniciativa singular» de empleo.

2⃣ Las invitaciones se envían un 20 de diciembre —viernes— en plenas fiestas navideñas, cuando la actividad en las empresas está bajo mínimos. El plazo para licitar finaliza el 30 de diciembre. 🥳

3⃣ ¿Y cómo se lanza este concurso al mercado? El contrato se licita bajo la fórmula del procedimiento negociado sin publicidad. Solo las empresas que han sido notificadas privadamente por el ayuntamiento pueden presentar su oferta. 🤷‍♂️

No hace falta ser el detective Colombo: el ayuntamiento quiere hacer con este contrato algo que legalmente no puede: adjudicarlo «digitalmente» (a dedo) a una empresa concreta. Y para ello necesita invitar a dos «mariachis» que liciten para perder.

Un paripé con fondos públicos.

Todo ello es un fraude orquestado, que luego se presenta en los medios como un «ejercicio de transparencia» y una audaz iniciativa para «fomentar el nacimiento de empresas». Se guarnece con unas cifras millonarias y la foto sonriente del alcalde repartiendo palmaditas. Y listo.

Así es como las administraciones públicas y su ingente capacidad tractora se pervierten para hacer florecer toda una infraindustria tecnológica. Y esto nos perjudica a todos como país:

1⃣ Genera un empleo precario en un sector estratégico y de alto valor como es el tecnológico.

2⃣ Produce servicios públicos digitales de ínfima calidad, desarrollados por becarios en condiciones límite.

3⃣ Promueve una cultura nacional del fraude: fraude en la licitación, fraude en la ejecución porque si el contratista cumple los requisitos, no le salen los números.

¡Tenemos que alzar la voz sobre esta perversión catalizada con dinero público! Desde la sociedad tenemos que visibilizar estas prácticas tóxicas.

Y decirlo alto: el sector público puede tener un rol importante en que España tenga una industria nacional del software de prestigio.

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