Thread by @OldArg1810

Un 16 de septiembre de 1955 se ponía en marcha en la provincia de Córdoba el golpe de estado que el general Eduardo Lonardi encabezó para derrocar al gobierno del general Juan Domingo Perón.
Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?

Luego de los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio, Perón se dirige a la Nación en cadena nacional. En su alocución asegura que la situación está totalmente dominada, rescata el accionar del Ejército y responsabiliza a la Marina de Guerra de los muertos y heridos.

Este sería uno de los tantos discurso que Perón pronunció en esos días. El 5 de julio, durante otro discurso, deslindo de responsabilidades a los partidos políticos de los sucesos de Plaza de Mayo y hablo de una tregua política con sus opositores.

El 15 de julio Perón fue mas explicito cuando hablo ante los legisladores peronistas en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Dijo: "Limitamos las libertades en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros objetivos.

No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades: lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la medida indispensable… La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones porque

el estado permanente de un país no puede ser la revolución… yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios".

Aconsejado por los altos mandos del Ejército, Perón lanzó una política de conciliación. El estado de sitio fue levantado, cesaron los ataques a la Iglesia y se sustituyeron las figuras del gabinete asociadas a ellos como Ángel Borlenghi y Armando Méndez San Martín.

También se despidió a Raúl Apold de la Subsecretaría de Prensa y Difusión, cargo que ejercía desde marzo de 1949, y el almirante Alberto Teisaire, vicepresidente, fue desplazado del cargo de presidente del Partido Peronista.

Perón ordenó cambios dentro del Partido Peronista, designando a Alejandro H. Leloir y John William Cooke, antiguos dirigentes del radicalismo yrigoyenista, como presidente del Partido Peronista e interventor del peronismo en la Capital Federal respectivamente.

El gobierno invito a los dirigentes de la oposición a discutir una tregua y se liberaron algunos presos políticos. La Unión Cívica Radical puso a prueba el mensaje con una solicitud de permiso para realizar actos públicos, pero le fue negada.

El 21 de julio la bancada radical en el Congreso denunció la desaparición de Juan Ingallinella, dirigente comunista rosarino. Fue detenido el 17 de junio, días luego del bombardeo en Buenos Aires, por la policía de Rosario, torturado hasta la muerte y arrojado al río Paraná.

El episodio adquirió estado público y todo el arco opositor, de derecha e izquierda, manifestó su solidaridad con el dirigente comunista desaparecido. El cardenal Antonio Caggiano y el Premio Nobel, Bernardo Houssay, pidieron por la vida del dirigente comunista.

La movilización por la aparición con vida de Ingalinella fue masiva. En las principales ciudades de la Argentina se realizaron actos pidiendo por su libertad y reclamando la verdad que eran reprimidas. Estudiantes, trabajadores, y dirigentes políticos se sumaron al reclamo.

Los actos eran reprimidos y prohibidos. Al principio la respuesta de la policía y del gobierno nacional fue de que se trataba de una maniobra propagandística de los comunistas. Después aseguraron que Ingalinella estaba con vida y que los comunistas lo tenían escondido.

Se habló de que se había refugiado en Brasil, y falsificaron su firma para probar que la policía lo había dejado en libertad. Cuando la presión social se hizo insostenible las autoridades de la provincia decidieron intervenir.

Mientras la saga de la búsqueda de Ingalinella se desarrollaba, Perón autorizaba a los presidentes de los partidos opositores a contestar su propuesta de conciliación por radio. Era la primera vez en casi diez años que se iban a escuchar las voces opositoras en los micrófonos.

Se acordó entonces que podrían hablar Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical, Vicente Solano Lima, del Partido Demócrata, Luciano Molinas, del Partido Demócrata Progresista, y Alfredo Palacios, del Partido Socialista.

Pero una de las condiciones que imponía el gobierno era que los discursos que iban a transmitir debían ser sometidos a un control previo por parte de las autoridades.

De los cuatro nombrados, solamente Palacios quedó afuera cuando condicionó su participación al hecho de compartir el micrófono con Nicolás Repetto, además de negarse al control de su discurso. Igualmente grabó su discurso en Radio Belgrano aunque fue censurado.

Alfredo Palacios grabó su mensaje y posteriormente sus palabras y las de Repetto fueron publicadas en La Nación. De esta forma expresa la situación del país en aquel momento el dirigente socialista:

Palacios denuncia al gobierno peronista por la falta de libertad de prensa y por la persecución que se le realiza a los que expresan su oposición al oficialismo.

Palacios también denuncia la pésima situación económica del país, las violaciones a los derechos de los trabajadores, las torturas a los presos políticos y el adoctrinamiento en las escuelas y universidades.

El primero en tener la palabra fue Arturo Frondizi, quien pudo realizar su discurso el día 27 de julio de 1955. Frondizi presenta una seria de advertencias diciendo que "al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha",

que la pacificación no podía ni debía ser una nueva forma de sometimiento y que el partido exige hechos concretos en el camino a la pacificación, pide el levantamiento del estado de guerra interno, una amplia amnistía para los presos políticos,

la restauración de una justicia independiente y la democratización de la vida política. También hace una fuerte crítica a la política oficial de los contratos petroleros con la Standard Oil y pide la defensa de la soberanía económica, diciendo:

Vicente Solano Lima dio su discurso el 9 de agosto. Solano Lima destacó en su discurso el papel que había tenido el conservadurismo a lo largo de la historia argentina. Hizo una defensa acérrima de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica,

y concluyó que todas estas instituciones eran victimas del poder ascendiente del Estado. Finalmente pidió la renuncia del presidente para completar el proceso de pacificación.

El 22 de agosto pronuncia su discurso Luciano Molinas, dirigente del Partido Demócrata Progresista. Su exposición es netamente económico-financiera abundando en datos estadísticos y dejando de lado las cuestiones políticas más importantes.

Sin eufemismos de ningún tipo vierte fuertes criticas a la nacionalización del Banco Central, a la nacionalización de los depósitos bancarios y al funcionamiento del IAPI. Molinas termina pidiendo por la liberalización y el fin del intervencionismo estatal en la economía.

Perón envió a dirigentes peronistas a contestar los mensajes de cada uno de los opositores. Alejandro H. Leloir fue contra Frondizi, el gremialista José Alonso le contestó a Solano Lima y John William Cooke a Molinas.

El 3 de agosto, Leloir en su respuesta a Frondizi admite que el gobierno tuvo que restringir temporalmente ciertas libertades porque los objetivos revolucionarios lo requirieron y que la revolución tuvo que soportar el embate poderosas fuerzas internacionales.

Leloir defendió la política que el gobierno del general Perón venía llevando a cabo desde hace 9 años en materia económica, educativa y en afianzar la "justicia social". También defendió los contratos petroleros y el ingreso de capitales extranjeros en la economía argentina:

José Alonso le contestó a Solano Lima de la siguiente manera:

Mientras que John William Cooke le responde a Molinas, refutando las declaraciones que realizó:

Fueran cuales fuesen las diferencias entre los partidos opositores, estos estaban de acuerdo en que una condición mínima para iniciar una tregua política era el inmediato desmantelamiento de la estructura legal, comenzando por la legislación del estado de guerra interno,

que permitía al gobierno operar como un estado policial. Perón, sin embargo, no estaba dispuesto a adoptar esas medidas. El resultado fue que la política de pacificación se estancó y hacia fines de agosto resultó claro que su llamado a una tregua política sólo había servido para

dar a los representantes de la oposición una plataforma para denunciar a su gobierno ante el público.

En esos días, el presidente procedía a realizar nuevos cambios en el gabinete: Jerónimo Remorino deja paso a Ildefonso Cavagna Martínez en Relaciones Exteriores, mientras queda desplazado Raúl Mendé en Asuntos Técnicos, cubierto ahora por Pedro Yesari.

Panfletos y rumores para desacreditar al presidente fueron circulando por las calles de Buenos Aires, que fue una vez más escenario de demostraciones y disturbios y los incidentes violentos, muchas veces contra la policía, se multiplicaban.

En la noche del 30 de agosto Perón elevó una nota a las tres ramas del Partido Peronista, dirigidas por Alejandro Leloir, Delia Parodi y la CGT, presentando su "retiro" de la presidencia de la Nación y explicando los razones por las que debía abandonar el cargo.

La reacción unánime fue rechazar la propuesta y acompañar a la conducción de la CGT en su decisión de ordenar una inmediata huelga general y convocar a los trabajadores a Plaza de Mayo, para que permanecieran allí hasta que Perón retirara la nota.

Hugo Di Pietro, secretario general de la CGT, dijo: "No nos iremos de la Plaza hasta que nuestro líder retira la nota. Hay que hacer ambiente para otro 17 de octubre”. Los comercios del centro cerraron puertas y bajaron persianas y cortinas.

El paro general convertía a la jornada casi en un feriado nacional. Los diarios oficialistas como La Prensa, Democracia, Noticias Graficas, Crítica y otros, lanzaron ediciones especiales en las que apoyaban el paro general y la concentración en la Plaza,

pidiendo por la permanencia de Perón en la presidencia. Una gran multitud comenzó a reunirse a partir de la diez de la mañana y permaneció en la plaza hasta la medianoche. El presidente Perón se asomó al balcón de la Casa Rosada a las 18:30 pm y habló.

Perón anunció que retiraría su propuesta de retirarse de la presidencia, y lanzó un violento discurso denunciando a la oposición como criminales que habían rechazado sus ofertas de perdón y reconciliación.

Proclamó que cualquier violencia hacia ellos sería reprimida con violencia aun mayor y autorizó a sus seguidores a hacer valer la ley con sus propias manos.

Estas palabras provocaron una gran conmoción en las Fuerzas Armadas y dieron ímpetus a las conspiraciones que ya estaban en camino. Dentro de la Marina el espíritu de rebelión contra Perón había permanecido vivo, a pesar del fracaso del 16 de junio.

El mismo 16 de junio. el capitán de navío Arturo H. Rial, director de Escuelas Navales, le decía a su subalterno, el capitán de corbeta Carlos Pujol, "Bueno, Pujol, quiero que me tienda las líneas porque empezamos de nuevo".

En la Marina, Arturo Rial asumió el cargo de coordinador general del golpe mientras que en Puerto Belgrano, el comandante segundo de la base, capitán de navío Jorge Perren, se hizo cargo de la estrategia de la conspiración.

Rial y Perren lograron convencer al contraalmirante Isaac F. Rojas, hasta ese entonces catalogado como leal al gobierno, de asumir el mando naval de la inminente revolución.

Rojas era el director de la Escuela Naval de Río Santiago y había sido defensor de Aníbal Olivieri, ministro de Marina entre 1951 y el 17 de junio de 1955. La defensa de Rojas de Olivieri, quien intento disuadir a los oficiales participantes del bombardeo de Plaza de Mayo pero

no los denunció a las autoridades, durante su enjuiciamiento militar llamó la atención de los conspiradores y lo invitaron a formar parte del nuevo movimiento, cosa que Rojas aceptó.

De este modo, aun antes del discurso de Perón del 31 de agosto, la conspiración en la Marina había logrado una conducción unificada y resuelto su principal problema de organización.

Lo mismo no podía decirse del ejército donde el movimiento revolucionario estaba mucho más fragmentado y menos organizado.

Muchos militares de ideología nacionalista católica se habían alejado y disgustado con el gobierno por los conflictos con la Iglesia Católica comenzados en 1954 y la quema de Iglesias de junio de 1955 por lo que comenzaron a conspirar activamente.

Entre esos militares estaban los generales Justo Bengoa y Julio Lagos. Este último, que era afiliado al Partido Peronista, se reunió con Franklin Lucero, ministro de Ejército, días después de la quema de las Iglesias y le expresó "No deseo seguir colaborando más con su gobierno".

Dentro del ejército era difícil conspirar debido a la estrecha vigilancia mantenida por los servicios de informaciones del gobierno. Además era un servicio donde las demostraciones de lealtad a Perón habían sido requisito para la promoción a los rangos superiores.

A fines de agosto de 1955, de los noventa y tantos generales en servicio activo tan solo cinco eran considerados contrarios al oficialismo. Otro factor que dificultaba la organización eran las rivalidades personales y los recelos entre los conspiradores.

Entre los oficiales de mayor grado que conspiraban contra el gobierno se puede contar a los generales Pedro Eugenio Aramburu, Dalmiro Videla Balaguer, Julio Lagos, Justo León Bengoa, el general retirado Eduardo Lonardi y el coronel Arturo Ossorio Arana.

El 1 de septiembre, como reacción ante el discurso del día anterior del presidente, el general Videla Balaguer, que había recibido la medalla a la “lealtad peronista” por su actuación en el bombardeo de junio, intentó sublevar la guarnición militar de Río Cuarto, en Córdoba,

junto con otros cinco oficiales. El movimiento fracasó, se fugaron y no pudieron ser capturados. Por tal motivo, el general Pedro E. Aramburu, quien hasta ese entonces figuraba como el principal jefe de la revolución dentro del ejército y temiendo un fracaso

como el del 16 de junio, suspendió sus actividades como conspirador y aconsejó la postergación de la revolución para un momento más oportuno. Fue esta decisión la que hizo que el general retirado Eduardo Lonardi surgiera como la principal figura de la inminente revolución.

El coronel Ossorio Arana y otros oficiales solicitaron a Lonardi que encabezara el movimiento revolucionario y lo lanzara desde la Escuela de Artillería en Córdoba.

Mientras esto sucedía, en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba se empezaban a formar los llamado Comandos Civiles, integrados por militantes nacionalistas católicos, radicales (principalmente sabattinistas y unionistas) y demócratas (del sector abstencionista del partido).

En esos días en los diferentes comités del radicalismo y en las parroquias se comenzaron a distribuir armamento entre los civiles comprometidos con la revolución.

En Córdoba los líderes de los grupos civiles radicales estaban liderados por Mauricio Yadarola, Rodolfo Amuchástegui, Eduardo Gamond y Santiago del Castillo.

El 2 de septiembre, Perón hablando con gremialistas y dirigentes peronistas de Córdoba, dijo refiriéndose a la oposición:

Ese mismo día ante un grupo de pobladores bonaerenses, dice:

En esos momentos otra cuestión acentuaba la crisis política, que era la discusión de los contratos petroleros con la Standard Oil para la explotación de petróleo en la provincia de Santa Cruz.

El Poder Ejecutivo había firmado el contrato con la Standard pero el Congreso todavía no había aprobado este contrato aún. El día 6 de septiembre, la Junta Nacional del Partido Peronista se reúne para tomar decisión al respecto mientras Raúl Bustos Fierro, dirigente peronista,

aconsejaba su aprobación desde Radio Belgrano. El día 9 sale que la Junta partidaria propondría modificaciones a los contratos. La mayoría parlamentaria peronista por primera vez se manifestaba en contra de un proyecto de ley que enviaba el Poder Ejecutivo.

En ese momento comienza un fuerte enfrentamiento dentro del peronismo. Los primeros en cuestionar los contratos petroleros son los diputados Joaquín Díaz de Vivar, José Eduardo Picerno y José Alonso quienes argumentaban que iba en contramano del artículo 40 de la Constitución.

Algunos como Adolfo Silenzi de Stragni lo impugnan severamente juzgándolo como una entrega del patrimonio nacional. Otros dirigentes peronistas acusan a Silanzi de pro britanismo, es decir, defensa de los intereses británicos importadores.

Otros dirigentes como John William Cooke, manifiestan su disconformidad: "Combato el proyecto petróleo. Han quedado en el aire criticas muy serias. Por ejemplo, los excesivos privilegios que se reserva la compañía extranjera en su proyecto".

La Unión Cívica Radical dijo que debía suspenderse cualquier tratativa con la Standard Oil o con cualquier otro cartel internacional del petróleo. El diputado Carlos Perette evocó "la tradicional posición del radicalismo en defensa de la nacionalización absoluta del petróleo".

Mientras la Standard Oil urge la aprobación del tratado por el Congreso Nacional, la cuestión se empantana y con los sucesos que vendrían en los días siguientes quedaría totalmente olvidada.

El 11 de septiembre Lonardi tomó las riendas de la conspiración al decidirse a encabezar la revolución y comenzó a planificar una revuelta que se iniciaría en Córdoba y que, según esperaba, se difundiría a otras provincias cuando comenzara a la hora cero del 16 de septiembre.

El cierre final de la conspiración y la decisión de llevarla adelante con la Armada se concretó el lunes 12 de septiembre, a las 23 horas, dentro de un automóvil estacionado en una esquina porteña, de la que participó Lonardi junto a otros oficiales del ejército y la armada.

A las 17 horas del 13 de septiembre, Eduardo Lonardi abandonó Buenos Aires, en ropas de civil y portando un maletín el que contenía su uniforme militar, y abordó un colectivo de larga distancia que lo llevaría a Córdoba.

El viernes 15, después de viajar a Córdoba para inspeccionar las tropas porque tenía información de que se conspiraba, el ministro de Ejército Franklin Lucero le envió un telegrama a Perón en el que le decía:

"He estado en la guarnición Córdoba. Solamente a un loco se le puede ocurrir que esta gente se levante". Lonardi indicó al general Julio Lagos a ir para San Luis a levantar las tropas revolucionarias,

Aramburu, invitado por el coronel Señorans, fue enviado a Curuzú Cuaitía, Corrientes, para realizar lo mismo. Ese mismo 15, Lonardi se trasladó a una casa en la localidad de Arguello, detrás de la Escuela de Artillería, para esperar la hora cero.

A la una de la madrugada, Lonardi, Ossorio Arana, otros oficiales y algunos civiles detuvieron al director de la Escuela de Artillería, coronel Turconi. A las tres de la madrugada el disparo de una bengala roja marcó el inicio del combate contra la Escuela de Infantería.

Había comenzado el levantamiento castrense contra Perón.

Al mediodía del mismo 16, aparecía en escena la poderosa Flota de Mar, sublevada en Puerto Madryn; la Escuela Naval y la Flota de Ríos en la que constituiría el almirante Rojas la comandancia de la Marina de Guerra en Operaciones.

El sábado 17, comenzó el levantamiento del II Ejército, comandado por el general Julio Lagos, en San Luís y al mismo tiempo se unían a Lonardi aviadores de la Fuerza Aérea con sus máquinas Avro Lincoln.

Después de una dura batalla con la Escuela de Artillería y los comandos civiles, Lonardi logró asumir el control de todas las unidades del ejército y de la fuerza aérea en Córdoba y sus alrededores.

La capital cordobesa se había convertido en un campo de batalla entre las fuerzas militares revolucionarias, en compañía de los comandos civiles, y los militares leales.

El último bastión fue el cabildo provincial, que terminó siendo tomado por el general Videla Balaguer, permitiendo el triunfo revolucionario en la provincia.

Sin embargo, Aramburu fracasaba en su intento en Corrientes, en la base naval Río Santiago los rebeldes también eran derrotados y las guarniciones rebeldes de la Capital Federal todavía no se habían levantado.

Julio Lagos logró el control de las fuerzas armadas en la zona del Cuyo, pero todo indicaba que las fuerzas leales al gobierno eran muy superiores a las rebeldes y el gobierno estaba muy seguro que la revolución fracasaría.

Pero lo que el gobierno no tenía en cuenta era que muchos oficiales del ejército, en unidades que se creían leales, carecían de la voluntad y de la convicción para luchar con vigor en defensa del gobierno de Perón.

Se dice que esto era producto de los esfuerzos de la CGT y de ciertos miembros del gobierno, días atrás, para formar milicias de afiliados, obreros, para la defensa del gobierno. Aunque esto fuera desalentado por el ministro Lucero y el propio Perón la idea continuaba en el aire.

El 18 de septiembre la Armada bombardeo los depósitos de petróleo en Mar del Plata y el almirante Rojas declaró un bloqueo de la costa y advirtió que se bombardearían los depósitos de Dock Sud, la refinería de La Plata y otros objetivos en la Capital Federal.

Al día siguiente se anunció a la población que se alejara de las instalaciones de La Plata porque serían bombardeadas, simultáneamente se tomaba el control del Puerto Belgrano, capturando dos generales y la totalidad de los comandos.

Ese 19 de septiembre al mediodía, el ministro general Franklin Lucero transmitió por radio en cadena nacional una confusa carta que el general Perón le había dirigido en la que da a entender su renuncia a la presidencia.

La carta decía: "Hace algunos días, decidí ceder el poder. Ahora mi decisión es irrevocable. Decisiones análogas del vicepresidente y de los diputados. El Poder del Gobierno pasa por ello automáticamente a las manos del Ejército".

Al conocerse la carta de Perón los ciudadanos argentinos que seguían atentamente los hechos a través de la radio salieron a festejar la renuncia una vez que la noticia fue anunciada.

En la ciudad de Córdoba, recientemente controlada por las tropas revolucionarias, se vivió un ambiente similar al del resto del país y la Capital Federal.

La carta fue asumida por Lucero como una renuncia tras lo cual procedió a formar una Junta Militar integrada entre otros por los generales Molina, Tanco, Valle, Manni, Forcher, Sampayo, Wirth, Sacheri y Uriondo, que declaró haber asumido el Poder Ejecutivo.

Esta Junta Militar tenía la misión de entenderse con los rebeldes. Desde Córdoba, Lonardi le escribió a Lucero: "En nombre de los Jefes de las Fuerzas Armadas de la revolución triunfante comunico al Ministro que es condición previa

para aceptar una tregua la inmediata renuncia de su cargo del Presidente de la Nación".

Sin embargo, esa misma noche Perón se reunió con la Junta Militar para intentar reafirmar su autoridad. Negó que su nota fuera una renuncia y les dijo a los generales que ellos se ocuparan de lo militar porque "para las cuestiones políticas estoy yo".

Los generales de la Junta Militar volvieron a reunirse y votaron por unanimidad que la carta debía ser interpretada como una renuncia, y que la Junta tenía plena libertad de acción para negociar con los revolucionarios.

La Junta Militar no asumió los poderes del gobierno, salvo los relacionados con el mantenimiento del orden; tampoco nombró un gabinete. Limitó sus funciones a negociar un acuerdo paz con las fuerzas revolucionarias.

Pero en ese momento fue evidente que Perón no se había propuesto renunciar en su carta de la mañana, ya que convocó a la Junta Militar a una reunión en la residencia presidencial y solicitó que le entregaran los últimos datos sobre la situación revolucionaria.

Los miembros de la Junta consideraron inadmisible la intervención de Perón y enviaron a seis generales para hablar con el General. En la residencia presidencial, Perón negó haber renunciado a la presidencia y que si renunciaba lo haría ante el Congreso.

La delegación abandonó la residencia y se dirigió al ministerio de Ejército para informar a la Junta. La Junta votó nuevamente por unanimidad la interpretación de la carta como renuncia y designaron al general Ángel Manni para que anunciara a Perón la decisión de la Junta.

Manni informó a Perón por teléfono, a través de uno de sus edecanes, y agregó su consejo personal, en caso que quisiera salvar su vida: "Ponga distancia cuanto antes".

El ya ex presidente aceptó el consejo y buscó refugio, poco tiempo después, en la embajada del Paraguay. Ese día 20 de septiembre los diarios anunciaban que Perón había renunciado.

En esas horas, Perón era trasladado por autoridades de la embajada paraguaya a la cañonera "Paraguay", y allí se alojó hasta el 2 de octubre.

Horas luego de la huida de Perón, la Junta Militar parlamentó con el almirante Isaac F. Rojas en un buque de guerra y acordaron la cesión del poder.

El mismo día por la noche, Lonardi decretó que asumía "el Gobierno Provisional de la República con las facultades establecidas en la Constitución vigente y con el título de Presidente Provisional de la Nación".

La prensa internacional se hacia eco de la noticia de la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón y la mostraba de esta forma:

El dirigente radical unionista Ernesto Sammartino se pronunciaba de esta forma sobre el derrocado gobierno peronista:

El dirigente demócrata puntano Reynaldo Pastor opinaba esto sobre los hechos que tuvieron lugar en el gobierno derrocado de Juan Domingo Perón:

Cipirano Reyes, dirigente del Partido Laborista y antiguo aliado de Perón, declaraba lo siguiente:

El 23 de septiembre, el general Eduardo Lonardi asumía la presidencia provisional ante una gigantesca multitud reunida en la Plaza de Mayo que lo vitoreaba. Algunas de las consignas de loa manifestantes fueron: “Argentinos sí, nazis no”; “San Martín sí, Rosas no”, entre otras.

Luego de tomar el juramento y de recibir los atributos, el presidente provisional de la Nación Eduardo Lonardi sale al balcón de la Casa Rosada y pronuncia un discurso para el pueblo que estaba reunido en la Plaza de Mayo.

Mientras la mayoría de la oposición festejaba el derrocamiento, algunos dirigentes opositores como Federico Pinedo, del Partido Demócrata, creían que se podría haber buscado una salida negociada e institucional a la crisis en lugar de la revolución.

En los días anteriores a la Revolución Libertadora se grabó una marcha en los sótanos de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro llamada "Marcha de la Libertad". Esta fue distribuida clandestinamente entre los grupos civiles revolucionarios de Buenos Aires y Córdoba.

Otra marcha compuesta durante los días de la Revolución Libertadora fue "Córdoba la heroica", dedicada al pueblo de la provincia de Córdoba por sus esfuerzos en la acción revolucionaria, escrita por Fernando Figueredo Iramain.