La regularización anunciada por Pedro Sanchez es presentada por el lado izquierdo de la palestra parlamentaria burguesa como un gesto humanitario progresista y, por la derecha, como una hecatombe migratoria sin precedentes.
Expliquemos primero en qué consiste esto exactamente. Para empezar no se trata de nacionalizaciones, sino de regularizaciones. Huelga decir que los regularizados no podrán votar.
La regularización implica el permiso de residencia, el permiso para trabajar en todo el Estado, el acceso a los servicios públicos y, claro, que los regularizados pagarán impuestos.
Los requisitos para solicitar la regularización son los siguientes: no tener antecedentes penales -subrayamos esta cuestión– y haber residido en España durante 5 meses antes del 31 de diciembre del 2025.
Finalmente, la regularización se podrá solicitar entre abril y el 30 de junio, y ésta solo tendrá una duración de un año –menos para los hijos menores de edad, cuya duración será de cinco años–.
No es la primera regularización de estas características. En el siguiente gráfico podréis ver las otras seis que se han realizado.
El PSOE, con este movimiento, afianza la relación con sus patas más izquierdistas –Podemos y Sumar– y a la vez se postula como candidato al progresismo burgués europeo frente a la reacción trumpista y su homólogo español abanderado por VOX.
A su vez, por parte de la derecha, surge de nuevo la baza de los inmigrantes y la desinformación como arma política, confundiendo –las más de las veces de forma consciente– la regularización con otorgar la nacionalidad.
Al final del día, esta regularización es na operación perfectamente funcional a las necesidades del gran capital español. Frente a la reducción de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población nativa,
se requiere de una gran cantidad de mano de obra semipermanente en el país, con la que poder sortear los márgenes legales, sostener la baja del salario real, poder pagar el coste de las pensiones, etc.
Además, este movimiento llega en un momento en el que el PSOE se enfrenta a su enésima crisis mediática, ocasionada por el lamentable estado del tejido ferroviario. Con la regularización el debate pasa ahora a la inmigración,
un terreno en el que el PSOE se siente mucho más cómodo, en parte porque se siente arropado por los sectores progresistas de la sociedad, que saldrán en su defensa de forma directa o indirecta.
Sea como sea, y como ya hemos señalado en diversas ocasiones, organizar al proletariado inmigrante no es un deber moral, sino una necesidad estratégica de primer orden.
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