Thread by @OldArg1810

El 26 de julio de 1890 tuvo lugar en Buenos Aires el levantamiento cívico-militar de la Unión Cívica, que liderada por Leandro Alem, Aristóbulo Del Valle y el general Manuel J. Campos tenía el objetivo de derrocar al gobierno constitucional del presidente Miguel Juárez Celman, en la que se conoció como la Revolución del Parque.

La situación política y económica de los últimos tiempos del gobierno de Juárez Celman llevaron a los principales dirigentes de la Unión Cívica a preparar la revolución armada. Durante los días siguientes, la Unión Cívica continuó sumando adhesiones entre los cuadros del Ejército. Entre ellas sobresalió la del general Manuel J. Campos, quien fue designado jefe militar de la revolución.

Poco después se celebró una reunión entre los principales dirigentes civiles y los oficiales comprometidos con el movimiento revolucionario, en la que quedó constituida la Junta de Guerra de la Unión Cívica. La integraban los generales Manuel J. Campos y Domingo Viejobueno; los coroneles Julio Figueroa y Martín Yrigoyen; el teniente coronel Joaquín Montaña; y, en representación de la dirigencia civil, Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Miguel Goyena, Juan José Romero, Lucio V. López, José María Cantilo, Hipólito Yrigoyen y Manuel A. Ocampo.

La Unión Cívica logró también asegurarse el apoyo de la mayor parte de la Marina de Guerra, designándose al teniente de navío Eduardo O'Connor como jefe de la escuadra revolucionaria. En cambio, no consiguió el respaldo de los cuerpos de policía ni de bomberos, que permanecieron fieles al gobierno.

La conspiración había alcanzado un notable grado de organización y había logrado captar la adhesión de una parte considerable de las fuerzas de tierra y de la Marina. El 17 de julio se celebró la última reunión de la Junta de Guerra y, por iniciativa del general Manuel J. Campos, se resolvió que la revolución estallaría el día 21. De acuerdo con el plan acordado, el movimiento debía iniciarse a las cuatro de la madrugada. El punto de concentración de las fuerzas revolucionarias sería el Parque de Artillería, desde donde se avanzaría para ocupar la Casa de Gobierno, la Aduana y las principales terminales ferroviarias de la ciudad.

Durante esos días quedaron ultimados los preparativos de la insurrección. El plan contemplaba la detención del presidente Miguel Juárez Celman, del vicepresidente Carlos Pellegrini, del ministro de Guerra y Marina, Nicolás Levalle, y del general Julio Argentino Roca. Simultáneamente, la escuadra revolucionaria debía bombardear la Casa Rosada y el cuartel de Retiro con el propósito de impedir la concentración de las fuerzas gubernamentales y forzar su rendición mediante un ataque combinado por tierra y por agua.

También se resolvió la organización del futuro gobierno revolucionario. Se acordó que su estructura respetaría la prevista por la Constitución Nacional, con un presidente, un vicepresidente y cinco ministros, dejando en claro que se trataría de un gobierno de carácter provisional, cuya única misión, una vez triunfante la revolución, sería convocar a elecciones para la designación de las autoridades constitucionales.

Durante las deliberaciones, el general Manuel J. Campos y el coronel Julio Figueroa propusieron designar a Bartolomé Mitre como presidente provisional. Sin embargo, la iniciativa fue descartada porque Mitre se encontraba en Europa (había abandonado el país en mayo de 1890 tras solicitar licencia como miembro del Ejército) y porque se consideró que el movimiento debía establecer un gobierno estrictamente transitorio.

Aristóbulo del Valle propuso entonces a Vicente F. López para ejercer la presidencia provisional, pero su candidatura tampoco prosperó ante la firme oposición de Leandro Alem, quien sostenía que el cargo debía recaer en él. Finalmente, el gobierno revolucionario quedó integrado por Alem como presidente; Mariano Demaría como vicepresidente; Miguel Goyena en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; Bonifacio Lastra en Relaciones Exteriores y Culto; Juan José Romero en Hacienda; Juan E. Torrent en Interior; y Joaquín Viejobueno en Guerra y Marina.

La conspiración avanzaba sin mayores contratiempos hasta tres días antes de la fecha prevista para el estallido de la revolución, fijada para el 21 de julio. En ese momento, un oficial del Ejército denunció la participación del general Manuel J. Campos y del coronel Julio Figueroa en la organización del movimiento revolucionario. Como consecuencia, ambos fueron detenidos.

El arresto de Campos y Figueroa obligó a postergar el levantamiento, que quedó momentáneamente sin una fecha establecida. Sin embargo, pese a estas detenciones, las autoridades no lograron descubrir la verdadera magnitud de la conspiración ni identificar al resto de sus principales dirigentes. En consecuencia, la organización revolucionaria permaneció prácticamente intacta y pudo continuar con sus preparativos en forma clandestina.

Juárez Celman fue informado de la conspiración por un oficial del Ejército mientras mantenía una reunión con el expresidente Roca, quien por aquellos días atravesaba una difícil situación personal a raíz del fallecimiento de su esposa, Clara Funes, ocurrido el 2 de mayo como consecuencia de una hemorragia cerebral.

Al día siguiente trascendió que el general Manuel J. Campos permanecía detenido en el Regimiento 10 de Infantería. Como medida preventiva, el gobierno dispuso además el alejamiento de algunos regimientos de la Capital Federal y ordenó el traslado de varios oficiales sospechados de simpatizar con el movimiento revolucionario.

El gobierno desconocía la verdadera magnitud de la conspiración. El general Nicolás Levalle, ministro de Guerra y Marina, confiaba plenamente en la lealtad del Ejército hacia el gobierno. En el círculo político que rodeaba a Juárez Celman predominaba la convicción de que la conspiración no existía o, en caso de existir, carecía de la organización y de los recursos necesarios para desencadenar un movimiento revolucionario de verdadera importancia.

El único funcionario que estaba convencido de la existencia de una fuerza revolucionaria organizada era el coronel Alberto Capdevila, jefe de Policía de la Capital Federal. Ante esa situación, impartió instrucciones a la fuerza sobre el modo de proceder en caso de un levantamiento e insistió ante el presidente Juárez Celman en la conveniencia de alejar al Ejército de la Capital. Sin embargo, el general Levalle se opuso a esa medida, sosteniendo que podía garantizar la absoluta fidelidad de las tropas al gobierno. Finalmente, Capdevila consiguió convencer a Levalle de que la amenaza revolucionaria era real, por lo que se dispuso una reorganización del despliegue de las unidades militares en la Capital. Mientras tanto, los conspiradores aceleraban los preparativos del levantamiento, conscientes de que cualquier demora aumentaba el riesgo de que la conspiración fuera descubierta.

En la noche del 25 de julio, Julio Argentino Roca se presentó en el Regimiento 10 de Infantería, donde permanecía detenido el general Manuel J. Campos, con el propósito de encontrar una salida a la crisis política y preservar el orden constitucional vigente. Durante la conversación que ambos mantuvieron, Campos reconoció ser el jefe militar de la revolución y manifestó que no podía faltar al compromiso asumido con los conspiradores. Roca respondió que debía honrar la palabra empeñada y le aseguró que, por intermedio del coronel Toscano, jefe del regimiento, facilitaría su liberación para que pudiera ponerse al frente del movimiento revolucionario. Al mismo tiempo, le expresó su convicción de que la revolución contra Juárez Celman era ya imposible de detener, pues el profundo malestar existente en el país terminaría por estallar de una u otra forma.

Sin embargo, Roca sostuvo que la solución política no podía consistir en el encumbramiento de Alem, ya que, a su juicio, no contaba con el respaldo de los sectores moderados de la opinión pública. Por el contrario, consideraba necesario encauzar el movimiento revolucionario hacia una figura capaz de reconstruir una política de unidad nacional. Cuando Campos, conocido por sus simpatías mitristas, le preguntó quién podía desempeñar ese papel, Roca respondió que Bartolomé Mitre. Tras acordar los detalles de la liberación de Campos, el expresidente se retiró del regimiento.

Horas después, el general Manuel J. Campos consiguió que el Regimiento 10 de Infantería, donde permanecía detenido, se plegara a la revolución. Con su virtual liberación, el movimiento revolucionario pudo finalmente ponerse en marcha. A las cuatro de la madrugada del 26 de julio de 1890 comenzó la Revolución del Parque. Los cuerpos militares comprometidos con la conspiración abandonaron sus cuarteles y marcharon por las calles de Buenos Aires junto a los principales dirigentes y simpatizantes de la Unión Cívica. El entusiasmo era tal que muchos de los revolucionarios se consideraban vencedores antes incluso de iniciarse los combates.

Según diversos testimonios de la época, mientras las fuerzas revolucionarias se dirigían al Parque de Artillería, Aristóbulo del Valle y Virgilio Tedín habrían advertido a los ministros Roque Sáenz Peña y Salustiano J. Zavalía sobre la inminencia y el aparente éxito del movimiento. Ambos se comunicaron de inmediato con el presidente Miguel Juárez Celman, quien comenzó a adoptar las primeras medidas para organizar la respuesta del gobierno frente a la insurrección.

Al mismo tiempo, los grupos encargados de detener al presidente, vicepresidente, al ministro de Guerra y Marina y al general Roca recibieron contraórdenes que alteraron el plan original de la revolución. En el caso de Roca, la nueva instrucción disponía que fuera ultimado si ofrecía resistencia al momento de su captura. El grupo encargado de cumplir la misión, al mando de Enrique S. Pérez, se negó a ejecutar esa orden y, tras ser informado de la situación por Joaquín Castellanos, Alem resolvió suspender la detención del expresidente.

Tampoco llegaron a concretarse las detenciones de Juárez Celman, Pellegrini y Levalle, cuya captura constituía uno de los aspectos fundamentales del plan revolucionario, ya que buscaba impedir que el gobierno organizara una respuesta inmediata frente al levantamiento. Por su parte, el coronel Mariano Espina intentó conducir a Roca a la Casa de Gobierno con el propósito de ponerlo bajo custodia, pero el expresidente rechazó el ofrecimiento y permaneció en libertad.

Cuando todas las fuerzas revolucionarias lograron concentrarse en el Parque de Artillería, reinaba un clima de entusiasmo y confianza, como si la revolución ya hubiera triunfado y el gobierno hubiese sido derrocado. Los insurrectos estaban plenamente convencidos de que el éxito del movimiento era inevitable.

Una vez reunidas las tropas, comenzó la organización de los distintos batallones cívicos. Poco después se presentaron para expresar su adhesión a la revolución los generales Eduardo Racedo y Napoleón Uriburu, el coronel Mariano Espina y el mayor Ricardo Day. Racedo tenía el propósito de embarcarse en un buque de la Armada y dirigirse a la provincia de Entre Ríos con el objetivo de promover un levantamiento contra el gobierno. Sin embargo, poco tiempo después abandonó el Parque de Artillería y regresó a su domicilio, al considerar que el movimiento carecía de la organización necesaria para garantizar su triunfo.

En esos momentos fue detenido el ministro de Hacienda, Juan Agustín García. Sin embargo, su arresto se prolongó apenas unas horas, ya que poco después fue puesto en libertad al considerarse que su captura carecía de importancia estratégica para el desarrollo de las operaciones.

A pesar de haber logrado concentrar sus fuerzas en el Parque de Artillería, los revolucionarios no emprendieron un ataque contra las posiciones gubernamentales ni intentaron avanzar sobre los principales objetivos previstos en el plan original, permaneciendo en el Parque y en las calles adyacentes. El general Campos justificó inicialmente esa inacción con diversos argumentos: sostuvo que era necesario dar tiempo a que las tropas se conocieran y confraternizaran, que antes debían recibir el rancho y que convenía esperar un ataque de las fuerzas leales para despejar la salida del Parque. Más tarde afirmó que nunca había recibido del gobierno revolucionario la orden de iniciar la ofensiva.

Leandro Alem sostuvo posteriormente que aquel cambio de actitud y el abandono del plan original fueron una de las principales causas del fracaso de la Revolución del Parque.

Aun así, el gobierno revolucionario, pese a la autoridad que ejercía sobre el jefe militar del movimiento, nunca ordenó al general Manuel J. Campos avanzar sobre las posiciones gubernamentales ni atacar a las fuerzas leales. Por el contrario, dejó las decisiones militares en manos de Campos y aceptó sus criterios sobre la conducción de las operaciones. Mientras tanto, el gobierno revolucionario dio a conocer un manifiesto dirigido al pueblo, redactado por Aristóbulo del Valle y Lucio V. López, en el que disponía la movilización de la Guardia Nacional de la Capital Federal y designaba a Hipólito Yrigoyen como jefe de Policía de la ciudad.

Al iniciarse la revolución, el general Roca, el vicepresidente Pellegrini y un reducido grupo de sus colaboradores más cercanos se dirigieron a la Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, el presidente Juárez Celman se encontraba en el cuartel del Regimiento 1.º de Infantería, en Retiro, organizando a las fuerzas leales cuando comenzaron los ataques de la Marina.

Aunque Juárez Celman se resistía a abandonar la Capital Federal, finalmente fue convencido por Pellegrini de trasladarse a Rosario con el propósito de organizar un ejército de reserva. Desde ese momento, el vicepresidente asumió de hecho la conducción del Poder Ejecutivo en la Capital Federal, mientras que el general Levalle quedó al frente de las fuerzas que permanecían leales al gobierno nacional. En los hechos, Roca y Pellegrini pasaron a desempeñar un papel decisivo en la dirección de la defensa de la Capital. El gobierno estableció entonces su sede provisoria en la residencia de José Amadeo, ubicada frente a la plaza Libertad.

Los combates se prolongaron durante toda la jornada en ese sector de la Capital. Aunque la revolución había fracasado en algunos de los aspectos fundamentales de su plan inicial, el entusiasmo de los insurrectos permanecía intacto. Por la tarde, Eduardo Legarreta se presentó en el Parque de Artillería en representación del gobierno nacional con una propuesta de paz. Transmitía que Roca y Pellegrini deseaban conocer si la revolución estaría dispuesta a deponer las armas a cambio de la renuncia del presidente Juárez Celman. En representación del gobierno revolucionario, Aristóbulo del Valle rechazó la propuesta.

Las autoridades nacionales, encabezadas de hecho por Carlos Pellegrini, procuraban evitar un mayor derramamiento de sangre. Hasta ese momento suponían que Vicente F. López presidía el gobierno revolucionario; sin embargo, al comprobar que la presidencia era ejercida por Leandro N. Alem, consideraron agotada la posibilidad de alcanzar una solución negociada.

La desorganización de las fuerzas revolucionarias continuó debilitando las posibilidades de éxito del movimiento. Alem ordenó al Regimiento 8.º de Infantería que permaneciera en su cuartel, mientras que el Regimiento 11.º de Caballería tampoco llegó a incorporarse a la revolución y, por orden del general Nicolás Levalle, terminó sumándose a las fuerzas leales al gobierno nacional. De ese modo, la Unión Cívica continuó perdiendo efectivos militares cuya participación había sido prevista en el plan original.

La situación se agravó aún más cuando el general Campos advirtió que se habían calculado erróneamente las reservas de munición y que estas comenzarían a escasear en poco tiempo. La madrugada del 27 de julio fue la más sangrienta de toda la Revolución del Parque. Durante esas horas se registraron los combates más intensos entre ambos bandos y se produjo la mayor cantidad de bajas. Sin embargo, poco después comenzó a oírse en distintos puntos del campo de batalla el toque de "alto el fuego".

La crítica situación de las fuerzas revolucionarias llevó al general Campos a comunicar al gobierno revolucionario que las reservas de munición se encontraban prácticamente agotadas. Ante esa circunstancia, se encomendó a Aristóbulo del Valle trasladarse al campamento gubernamental para solicitar un armisticio, invocando como fundamento la necesidad de recoger y dar sepultura a los muertos de ambos bandos. Entre las bajas sufridas por las fuerzas revolucionarias se encontraban el coronel Julio Campos, hermano del general Manuel J. Campos; el médico y pintor Julio Fernández Villanueva; el capitán Roldán; y otros destacados participantes del movimiento.

Del Valle se presentó, acompañado por una delegación integrada, entre otros, por Mariano Demaría y Adolfo Saldías, en la residencia de José Amadeo para entrevistarse con el vicepresidente Pellegrini y el general Levalle. Allí solicitó un armisticio con el propósito de recoger a los muertos y heridos del campo de batalla, petición que fue aceptada por Pellegrini. Durante la tregua, los revolucionarios intentaron reabastecerse de municiones, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos y únicamente consiguieron reunir una cantidad insuficiente para reanudar los combates en condiciones favorables.

Entretanto, las fuerzas del gobierno continuaban fortaleciéndose con la llegada de nuevas unidades procedentes de Córdoba (enviadas por el gobernador Marcos Juárez), Rosario, Santa Fe, Bell Ville, Río Cuarto y Entre Ríos. Estos contingentes fueron concentrándose en la localidad de San Martín, donde el general Roca se encargó de organizar su recepción y despliegue.

En la madrugada del 28 de julio, Juárez Celman emprendió el regreso a Buenos Aires. Esa noche permaneció en San Martín, donde descansó en un vagón dormitorio junto a Roca.

Durante el armisticio se constituyó una comisión de ciudadanos integrada por Luis Sáenz Peña, Dardo Rocha, Benjamín Victorica, Francisco Madero y Ernesto Tornquist, con el propósito de mediar entre el gobierno nacional y los revolucionarios. La comisión se presentó en el Parque de Artillería para conocer las condiciones que la Unión Cívica estaba dispuesta a aceptar y transmitirlas posteriormente a las autoridades nacionales.

En representación del gobierno revolucionario, Del Valle manifestó que la revolución depondría las armas si Juárez Celman renunciaba a la presidencia y si se garantizaba que los jefes y oficiales comprometidos con el movimiento conservarían sus empleos y no serían perjudicados en sus ascensos militares. La comisión se trasladó entonces a la plaza Libertad para entrevistarse con las autoridades nacionales y transmitirles estas condiciones. Sin embargo, las propuestas fueron rechazadas de manera terminante.

Mientras tanto, en el Parque de Artillería se reunió una nueva Junta de Guerra, convocada por el general Manuel J. Campos, con la participación de los integrantes del gobierno revolucionario. En esa reunión, Campos sostuvo que cualquier nueva acción militar resultaría estéril, por lo que consideraba indispensable poner fin a los combates e iniciar negociaciones con el gobierno nacional. La mayoría de los integrantes de la Junta de Guerra compartió ese criterio, con excepción del coronel Mariano Espina y del mayor Ricardo Day, quienes se pronunciaron a favor de continuar la lucha.

Poco después se presentó en el Parque de Artillería Máximo Paz, exgobernador de la provincia de Buenos Aires. Paz había sido invitado a sumarse al movimiento revolucionario por Hipólito Yrigoyen y Domingo Viejobueno, pero había rechazado la propuesta por considerar que la revolución estaba destinada al fracaso. Durante su permanencia en el Parque intentó mediar entre Del Valle y Pellegrini con el propósito de alcanzar una solución negociada. Sin embargo, sus gestiones no prosperaron, ya que el gobierno nacional se negó a aceptar las principales condiciones planteadas por los revolucionarios: la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman y la garantía de que los jefes y oficiales comprometidos con el movimiento no serían sometidos a juicio. Ante el fracaso de la mediación, Paz regresó a La Plata.

El 28 de julio, la comisión pacificadora regresó al Parque de Artillería con la respuesta del gobierno nacional, cuyas condiciones resultaban poco alentadoras para los revolucionarios. Las autoridades únicamente aceptaban una capitulación incondicional, aunque garantizaban que no se promoverían procesos judiciales ni civiles ni militares contra los participantes del movimiento.

Cuando el ánimo de los revolucionarios se encontraba profundamente decaído y muchos comenzaban a inclinarse por aceptar esas condiciones, se presentó en el Parque Máximo Portela, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Portela manifestó su decidido apoyo a la revolución y solicitó dirigirse a la Junta de Guerra. Allí anunció: "El gobierno de la provincia acaba de declararse revolucionario".

La Junta de Guerra recibió la noticia con renovado entusiasmo y resolvió enviar a Hipólito Yrigoyen y a Mariano Demaría a la ciudad de La Plata para entrevistarse con el gobernador Julio A. Costa y gestionar el envío de tropas en apoyo de la revolución.

Sin embargo, cuando Portela, Yrigoyen y Demaría llegaron a la estación Constitución y aguardaban la partida del tren hacia La Plata, arribó desde esa ciudad otro convoy que transportaba a las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al mando del coronel José M. Fernández, ayudante del general Levalle, destinadas a incorporarse al Ejército leal al gobierno nacional. Ante esta situación, Yrigoyen y Demaría regresaron al Parque de Artillería. Para entonces, el gobierno revolucionario comprendió que las posibilidades de obtener el triunfo eran ya extremadamente reducidas. No obstante, ambos continuaban convencidos de que la revolución aún podía imponerse.

El 29 de julio, y ante el evidente fracaso de la revolución, Del Valle se reunió con Francisco Madero, integrante de la comisión pacificadora, para comunicarle la aceptación de las bases de la capitulación propuestas por el gobierno nacional.

El acuerdo quedó plasmado en cinco artículos. En ellos, el gobierno se comprometía a no promover juicios ni procedimientos contra los militares y civiles que hubieran participado en el levantamiento; se establecía la entrega de los cuerpos de línea al gobierno nacional y de las armas depositadas en el Parque de Artillería; y se disponía que los cadetes militares comprometidos con la revolución serían reincorporados a sus respectivas escuelas.

También se acordó que la ejecución del desarme sería organizada en una reunión entre el general Manuel J. Campos, designado por la Junta Revolucionaria, y el general Francisco Bosch, en representación del ministro de Guerra y Marina. El encuentro tuvo lugar en el Palacio Miró y contó además con la presencia de Carlos Pellegrini y Aristóbulo del Valle, quienes ultimaron los detalles de la capitulación.

Al cabo de unas horas, la Junta Revolucionaria dio a conocer una nota en la que confirmaba oficialmente la rendición de las fuerzas revolucionarias ante el gobierno nacional. No todos aceptaron esa decisión. Algunos oficiales se negaron a deponer las armas, intentaron continuar los combates e incluso llegaron a desconocer la autoridad de la propia Junta Revolucionaria.

Aristóbulo del Valle, acompañado por el general Manuel J. Campos, se dirigió hacia los soldados que se habían sublevado contra la decisión de capitular e improvisó un discurso para persuadirlos de que depusieran las armas. Del Valle logró su propósito y los insurrectos terminaron rindiéndose; muchos de ellos lo hicieron entre lágrimas.

Al atardecer, Leandro Alem fue el último en dejar el Parque. Caminó solo hacia Talcahuano y Lavalle donde se encontraba un grupo de soldados que se negaban a rendirse. Un subteniente le gritó: "¡No salga, doctor, que lo van a matar!". Alem respondió: "¡Es lo que mereceríamos todos!". El subteniente corrió y se abalanzó sobre él en el momento justo en que era disparada una descarga de fusilería que pasó por sobre su cabeza.

Al caer la noche, la plaza del Parque de Artillería quedó solitaria. Se habían sacado de allí los cuerpos de los cerca de 3.000 muertos que hubo en ambos bandos y también de los heridos, pero quedaban extensas manchas de sangre en el interior y exterior del edificio, además de la destrucción de los edificios cercanos a la Casa de Gobierno y zonas aledañas debido al bombardeo de la flota naval sublevada.

Finalmente en la madrugada del lunes 28 de julio de 1890, el presidente Juárez Celman, ya de regreso en la Capital Federal, aceptaba las condiciones del arreglo con los revolucionarios. De esa jornada nadie salió vencedor pero hubo dos derrotados: Juárez Celman y Alem. Así terminaba el intento de golpe de Estado de la Unión Cívica del 26 de julio de 1890.