SE DISCUTE LA MÁS PELIGROSA de las reformas propuestas por el Presidente hasta el momento. Se manejan términos técnicos que podrían desviar la atención de la ciudadanía, pero trataré de explicarlo de forma sencilla para un mejor entendimiento. 
Ante la crisis económica generada por el manejo IRRESPONSABLE de las finanzas públicas en este sexenio, que se ha agudizado con motivo de la pandemia, el Presidente propuso reformar la “Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria” (la Ley).
Antes, debe decirse que la Ley tiene como finalidad reglamentar lo que nuestra Constitución establece sobre cómo deben organizarse, aprobarse, controlarse y ejercitarse los ingresos y egresos públicos. Es decir, lo que debe y puede hacer el Gobierno con el DINERO QUE LE DAMOS.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) -es decir, en qué podrá gastarse nuestro dinero- que aprueba la Cámara de Diputados para cada año, debe cumplir con los parámetros que indican tanto la Constitución como la Ley.
Es posible que los ingresos disminuyan durante el año. Por ello, la Ley YA PERMITE que el Ejecutivo haga compensaciones y ajustes (adecuaciones presupuestarias). Si la reducción de los ingresos es de hasta el 3%, el Gobierno tiene que informar a la C de Diputados.
Si la disminución es mayor, la C de Diputados podrá modificar los ajustes propuestos. Además, cuando las adecuaciones representen una variación SUPERIOR al 3% del presupuesto total de todo un ramo o entidad, el Gobierno debe reportarlo c/3 meses a la Cámara de Diputados.
La Ley es MUY CLARA y limita estos ajustes a los presupuestos de las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. Es decir, el Poder Ejecutivo NO PUEDE ajustar el presupuesto de otros poderes o de organismos autónomos (FGR, INE, CNDH, etc).
Con TODO esto, es claro que YA TENEMOS mecanismos legales SUFICIENTES para que el Gobierno atienda cualquier contingencia económica a través de adecuaciones presupuestales. Pero, ¿para qué quieren MÁS? La respuesta es muy sencilla: CONCENTRACIÓN DE PODER.
El Gobierno propone un artículo nuevo a la Ley. Pretende que cuando se presente una “emergencia económica” se puedan “reorientar” recursos asignados en el PEF para “proyectos prioritarios de la Administración Pública Federal”. ¿Cuáles son estos? Los que diga su dedito.
Vemos cómo es considerado por el propio Presidente, por ejemplo, un parque ecológico en el Lago de Texcoco o el Espacio Cultural de Los Pinos como “PROYECTOS PRIORITARIOS” para atender la crisis económica.
Todo esto SIN que pueda intervenir la Cámara de Diputados, órgano con la FACULTAD EXCLUSIVA para aprobar y revisar el presupuesto en términos de la Constitución.
Como está redactada, la iniciativa incluso PERMITE que el Gobierno pueda reorientar el presupuestos de los otros poderes y organismos autónomos, pues hace referencia a TODO el presupuesto, sin acotarlo a entidades y dependencias de la Administración Pública Federal.
El Diputado @mario_delgado dice que esta reforma es NECESARIA para atender las dos emergencias, la sanitaria y económica. Al parecer no se ha detenido a revisar lo que la Ley YA ESTABLECE.
La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados hizo algunas adecuaciones a la iniciativa del Presidente que, inclusive, causan MAYOR PREOCUPACIÓN. La DISCRECIONALIDAD que la Ley ya tiene se convierte en ARBITRARIEDAD.
1. Indican que habrá emergencia económica cuando se registre una tasa de crecimiento NEGATIVA del PIB en un trimestre de al menos 1% en comparación con el mismo trimestre el año anterior. Es decir, cuando nos vaya peor.
Si ANTES de la pandemia causada por el COVID-19 tuvimos crecimiento negativo en 2019, ¿alguien de verdad cree que algún año estaremos mejor que el anterior? Hoy, por ejemplo, se reportó la pérdida de MEDIO BILLÓN de pesos por PEMEX en solo 3 meses.
Para hacer cambios arbitrarios al presupuesto y construir más trenes mayas, aeropuertos y parques culturales, al Gobierno le viene como #AnilloAlDedo que nos vaya peor. Los cambios de los Diputados únicamente se la ponen más fácil.
2. Para tranquilizar a quienes REPROBAMOS esta iniciativa, indican que cuando varíen los ajustes en más de 5%, el Gobierno deberá informar al Congreso. Y cuando varíen en más del 10%, necesitará su autorización.
Pero NO ES LO MISMO una variación en 5-10% del TOTAL del Presupuesto de Egresos de la Federación (6.1 BILLONES) que la de un solo ramo o entidad en específico. Básicamente, quieren una patente de corso para “reorientar” (mejor dicho, DESVIAR) MÁS de 600 mmdp, año con año.
