Tengamos en cuenta la resolución judicial sobre las inspecciones del 15 de junio de 2020: en ella se delimitó claramente el objeto de las inpecciones a los archivos del conflicto armado. Es falso que hubiese posibilidad de inspeccionar archivos militares recientes.
Es falso también que el juez no tuviese jurisdicción. La Constitución consagra la justicia y la obligación de investigar los delitos, y no prohíbe el acceso a la evidencia para jueces y fiscales en ese propósito, aún dentro de instituciones militares.
Atacar al juzgador y a la PDDH fue un atropello a la Constitución. El presidente @nayibbukele intentó, en su discurso, sustraer a la Fuerza Armada de los controles del Estado de Derecho.
Es falso, además, que se haya entregado todas las evidencias documentales de los archivos militares al tribunal. Este Gobierno no ha entregado ninguna, y eso motivó las inspecciones judiciales que ahora el presidente @nayibbukele impidió.
El discurso del presidente @nayibbukele evidencia que impedir las inspecciones judiciales no fue una decisión del militar identificado como Coronel Vanegas, sino de él mismo y su ministro. Evidenció con ello su responsabilidad en los delitos cometidos por ese acto.
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El presidente @nayibbukele, el ministro @merino_monroy y su Alto Mando de la @FUERZARMADASV, han develado hoy su opción política a favor de proteger criminales de guerra, en desprecio a las víctimas sobrevivientes de la masacre de #ElMozote y sitios aledaños.
Hilo
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El presidente @nayibbukele y su ministro @merino_monroy, pasan a la historia como los gobernantes que impidieron la primera inspección ordenada por un juez salvadoreño en archivos históricos relacionados a crímenes de lesa humanidad.
Dan continuidad a la posición política, pero ilegal, que han mantenido todos los gobiernos anteriores, en orden a obstruir investigaciones contra criminales de guerra salvadoreños.