Las relaciones de burukides del PNV con los propietarios de Asunción Klinika de Tolosa, clínica que acumula 41 contagios por Covid y de los que 35 corresponden a trabajadores.
Jesús María Gómez, propietario de la clínica, fue presidente de la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa, perteneciente a la patronal Adegi.
Junto a Iñigo Lasuen, exalcalde del PNV de Otxandio, ha venido administrando Pro Maiorem Zaindu y Zurekin Bus.
Gómez y Lasuen han impulsado la asociación de empresarios Garen, asociada bajo las siglas ACGG a la Asociación de Centros Gerontológicos de Gipuzkoa en la patronal de las residencias .
ACGG representa el 10% de la patronal de residencias en Gipuzkoa.
Lasuen ha venido participando en los consejos de administración de Egoitz Alai y Katillotxu, empresas del sector de las residencias que fueron creadas por los hijos del expresidente del Parlamento vasco Juan Mari Atutxa.
Lasuen también ha sido apoderado de Aztertzen y Mainatzen, empresas del sector de las residencias dirigidas por Eusebio Larrazabal (exalcalde del PNV de Zeanuri) y Xabier Aguiriano (exmiembro de la Asamblea Nacional del PNV).
Desde abril, Lasuen es apoderado de Caser Residencial, empresa del sector de las residencias investigada por Fiscalía de Araba por su gestión con el Covid.
En centros de Caser en Euskadi se han producido varios fallecimientos por Covid entre los residentes y el de un trabajador.
En 2006, Lasuen ya se vio envuelto en una polémica en torno al sector de las residencias.
En 2011, el entonces alcalde Jokin Bildarratz, ahora Consejero de Educación del Gobierno vasco, autorizó la licencia de obras en la clínica Asunción de Tolosa dos días antes de dejar su cargo en la alcaldía.
En 2003, el Tribunal de Cuentas reprobó algunos aspectos del convenio sanitario con clínica Asunción para la prestación de servicios y atención hospitalaria para pacientes de la zona de Tolosaldea.
El Tribunal señalaba que el convenio "presenta las siguientes deficiencias":
– La cláusula de garantía de financiación sólo está en el Pliego de Condiciones Técnicas y no en el PCAP, cuando por su contenido debiera recogerse en este documento.
–Existe una cláusula de un anticipo del 10% que sólo se recoge en la carátula del PCAP pero no en el propio PCAP, resultando además contrario a lo previsto en las cláusulas 15.1 y 16.1 del PCAP. Por otro lado no incluye la exigencia de garantía para la concesión de este anticipo.
– Contempla la prórroga tácita, prohibida por el TRLCAP.
En la actualidad, la clínica Asunción se enfrenta a una investigación de Fiscalía por un presunto delito de intrusismo.
La firma propietaria de la clínica "tiene deudas con Hacienda y con Fogasa, y en el convenio recoge que los beneficios serán destinados al pago de esa deuda, pero mira por dónde, Inviza no tiene beneficios, pero las empresas satélites como Geusa y AMT sí".
Iskander Atutxa (entonces arquitecto del ayuntamiento) y Javier Aldamiz-Etxebarria (más tarde asesor urbanístico del ayuntamiento) crearon una empresa para promover el fallido proyecto de Txupetxa (tumbado por el TSJPV) en terrenos de la familia de la alcalde de Lezama.
Atutxa y Aldamiz-Etxebarria crearon Euskaser para promover el proyecto de reparcelación de la Unidad de Ejecución 2 denominada Txupetxa de Lezama en terrenos de la familia de la entonces alcalde y tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.
A finales del 2019, el alcalde de Mundaka decidió no prorrogar el contrato que prestaba Aldamiz-Etxebarria Gabinete Jurídico y poco después se desató una campaña contra el regidor que ha acabado con el anuncio de la presentación de una moción de censura por parte del PNV.
Pedro Altamira, exdirector de la UTAP de la Ertzaintza conocido por los alias de El cajas y El ladrón de Bagdag, dirige dos de las investigadas 97S&F y Gizarpro con la ayuda de Leandro Ardanza.
Pedro Altamira y Carlos Lambarri (exviceconsejero de Hacienda del Gobierno vasco y primer director de Euskaltel) constituyeron en 2003 la sociedad panameña Hub de las Américas SA con la ayuda de Leandro Ardanza.
El Gobierno vasco pagó a Nueva Sibol 1.074.316 euros para hacerse con mascarillas tipo FFP2 (194.560 unidades, a 2,72 euros la unidad) y FFP3 (192.000 unidades, a 3,32 euros la unidad).
Osakidetza compró el 2 de marzo 500.000 máscaras que la empresa Nueva Sibol se comprometió a entregar entre marzo y junio.
Hay dos contratos publicados por Lakua en torno a Sibol. El primero, de abril, asciende a 331.009 euros. El segundo, de mayo, asciende a 1.074.316 euros.
El primer contrato es para mascarillas autofiltrantes FFP3 (número de unidades no especifica), a 3,32 euros la unidad.
La Xunta invirtió más de 230.000 euros para adquirir parte de estas mascarillas (70.000 unidades) tras la firma de un convenio en marzo con Osakidetza.
Empresas, asociaciones y fundaciones conectadas a excargos del PNV gestionan residencias para mayores y representan el 53% de la patronal de residencias en Bizkaia y el 37% en Gipuzkoa.
Al menos el 19,4% de las residencias para mayores, 61 de las 314 que operan en Euskadi, está en manos de esta red creada por excargos del PNV y con puerta giratoria para miembros del partido.
Seis de sus residencias figuran en las 14 denuncias presentadas por el sindicato ELA en torno a la gestión frente a la crisis sanitaria del Covid en las residencias.
El arquitecto de Zaldibar (más tarde vinculado a una denuncia contra un exalcalde de Bakio); el alcalde (más tarde socio del arquitecto); y un Diputado (inhabilitado para ejercer de alcalde de Galdakao) aprobaron una modificación de normas que permitió instalar el vertedero
El responsable del Departamento de Relaciones Municipales y Urbanismo de la Diputación de Bizkaia, el exalcalde de Galdakao Patxi Sierra-Sesumaga, inhabilitado en 2001 para ejercer de alcalde, aprobó a finales del 2002 la "Modificación de las Normas Subsidiarias de Zaldibar".
La "Modificación de las Normas Subsidiarias de Zaldibar" consistía en "la regulación del uso de rellenos, vertederos y acondicionamiento de terrenos”.
Según datos recabados en la web del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, una red vinculada a excargos del PNV y que fichó a miembros del partido gestiona 122 centros y servicios en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, 90 de ellos de titularidad pública.
-Urgatzi gestiona 44 centros y servicios.
La titularidad de 12 ellos es de la Diputación de Bizkaia, cinco más de la Diputación de Gipuzkoa, uno más de la Diputación de Araba, cinco de la Mancomunidad del Txorierri y otro más del Consorcio de Mungialde.
Tres son titularidad del ayuntamiento de Trapagaran, dos más del ayuntamiento de Derio, otros dos más del ayuntamiento de Zierbena y dos más del ayuntamiento de Amorebieta.