En una hora inicia la sesión de la Segunda Sala de la @SCJN, en donde discutirán sobre la constitucionalidad de la #LeyMinera respecto derechos de los pueblos indígenas.
Desafortunadamente, el proyecto viene por declarar su constitucionalidad:
scjn.gob.mx/sites/default/…
Desafortunadamente, el proyecto viene por declarar su constitucionalidad:
scjn.gob.mx/sites/default/…
Desde mayo del año pasado, cuando se intentó votar la primera vez, se le han hecho llegar a lxs Ministrxs amicus de organizaciones como @Earthjustice @Aidaespanol @CentroProdh, de instituciones como @MASPUniandes @IIJUNAM, y de abogadas independientes como @MFeriaTinta.
Además, varios pueblos indígenas de Guatemala, Colombia y Brasil demostraron su apoyo a la causa del pueblo masewal, a través de cartas de respaldo.
Se hicieron dos foros latinoamericanos, con amplia participación y argumentos que la @SCJN pudo utilizar.
Se hicieron dos foros latinoamericanos, con amplia participación y argumentos que la @SCJN pudo utilizar.
Incluso ayer el @INPImx hizo una llamado a la @SCJN a no aprobar tal proyecto.
https://twitter.com/INPImx/status/1349155638174216193?s=20
¿Cuál es el argumento principal del proyecto?
Que el objeto de regulación de la #LeyMinera no es la vida social, política y económica de los pueblos indígenas, sino la minería. Y que las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas surgen de su aplicación, no de la ley.
Que el objeto de regulación de la #LeyMinera no es la vida social, política y económica de los pueblos indígenas, sino la minería. Y que las afectaciones a los derechos de los pueblos indígenas surgen de su aplicación, no de la ley.
Pero la misma #LeyMinera no prevé mecanismo alguno en caso de que se quieran otorgar concesiones mineras sobre territorios ancestrales. Entonces si hay una inconstitucionalidad en la Ley por haber sido armonizada con el Convenio 169 de la OIT.
No es suficiente que se diga que México es parte del Convenio 169 porque las autoridades administrativas como @SE_mx NO aplican de forma directa el convenio, argumentando el principio de legalidad. Así que seguirán violando el derecho a la consulta previa, libre e informada.
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