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Argentina en la Memoria

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Mar 5

El 5 de marzo de 1854 Justo José de Urquiza y Salvador del Carril asumían como presidente y vicepresidente de la Nación luego de dar juramento ante el Congreso constituyente en Santa Fe. Urquiza fue el primer presidente de la Argentina elegido bajo la Constitución Nacional sancionada en 1853.

El 1 de noviembre de 1853 tuvieron lugar las primeras elecciones bajo la Constitución Nacional. El 20 de febrero de 1854 el Colegio Electoral hizo el escrutinio y proclamó presidente al general Justo José de Urquiza y vicepresidente al doctor Salvador María del Carril. Urquiza triunfó en las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Fe. Mariano Fragueiro triunfó en la provincia de Corrientes. Santiago del Estero y Tucumán no votaron. Buenos Aires no participó por no ser parte de la Confederación.

Para integrar su gobierno convocó a figuras de reconocida trayectoria y prestigio público. Entre ellas se encontraba el sanjuanino Salvador María del Carril, antiguo ministro de Bernardino Rivadavia, a quien confió responsabilidades de primer orden y otorgó amplia libertad de acción en el desempeño de sus funciones. Un criterio similar aplicó con los demás integrantes de su gabinete, conformado por personalidades destacadas que provenían tanto del exilio político como de sectores independientes e incluso de antiguos adversarios del rosismo. En la selección de sus colaboradores no predominó el origen partidario, sino la valoración de su capacidad administrativa, su experiencia en los asuntos públicos y su aptitud para contribuir a la organización del Estado. Este enfoque permitió reunir en el gobierno a hombres de distintas procedencias políticas, pero unidos por el propósito común de consolidar el nuevo orden institucional.

Urquiza organizó su gabinete de ministros con los siguientes hombres: José Benjamín Gorostiaga en Interior; Juan María Gutiérrez en Relaciones Exteriores y Culto; Mariano Fragueiro en Hacienda; Santiago Derqui en Justicia e Instrucción Pública; y el general Rudecindo Alvarado en Guerra y Marina.

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Feb 24

El 24 de febrero de 1946 tuvieron lugar las elecciones presidenciales que decidían al presidente constitucional de la Argentina luego de la dictadura militar que sufrió el país desde el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Los candidatos eran el coronel Juan Domingo Perón, representando al oficialismo, y José Tamborini de la Unión Democrática, por la oposición, que se embarcaron en una violenta y agitada campaña electoral entre diciembre de 1945 y febrero de 1946.

Tras los agitados sucesos ocurridos entre el 9 y el 17 de octubre de 1945, el principal propósito del gobierno del general Edelmiro Farrell era el realizar elecciones que terminaran con el régimen militar. Con ese fin, el gobierno perseguía dos objetivos: en primer lugar, mantener o crear condiciones que favorecieran la victoria de su colega, el coronel Juan Domingo Perón; en segundo termino, garantizar que las próximas elecciones estuvieran libres del fraude y la violencia que había caracterizado a las elecciones de los años anteriores, cumpliendo así el compromiso de honor que el presidente Farell había asumido en nombre de las Fuerzas Armadas: asegurar una victoria honesta.

Los cambios que se produjeron en el gabinete nacional después del 17 de octubre intensificaron el carácter militar del gobierno, pasando de cuatro a tres civiles. Incluso el cargo de Ministro del Interior, de gran significación política, paso a cargo de un oficial del Ejército, quienes además controlaban los ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Guerra, y las secretarias de Trabajo y Previsión y de Industria y Comercio. Además que oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea controlaban los ministerios correspondientes a cada Arma.

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Feb 15

El 6 de mayo de 1904, el gobierno de Julio Argentino Roca presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de la Ley Nacional del Trabajo, impulsado y elaborado por el ministro Joaquín V. González por encargo del presidente Roca, que constaba de 466 artículos, pretendiendo atender casi todos los aspectos de la “cuestión social”.

El 22 de noviembre de 1902, el Congreso Nacional sancionó ley 4.144 de Residencia de Extranjeros, más conocida como Ley de Residencia o Ley Cané, que autorizó al Poder Ejecutivo a impedir la entrada y expulsar a extranjeros “cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. Dicha ley fue presentada por el senador Miguel Cané en 1899, según el texto que le preparo el escritor e historiador francés Paul Groussac, a raíz de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina debido a las diferentes huelgas que tenían lugar en aquellos años y que paralizaban la actividad industrial. Cané sostenía la necesidad de una legislación que diferenciará la calidad de la inmigración que llegaba a la Argentina, porque allí se encontraba la raíz de los conflictos sociales.

Sin embargo, la ley no fue discutida y recién se puso en discusión luego de una seguidilla de atentados anarquistas en Buenos Aires y Santa Fe a principios de 1902, y de una huelga general de obreros (principalmente la Sociedad de Estibadores del puerto y de la Federación de Rodados) a comienzos del mes de noviembre, que dio lugar a la huelga más importante de América Latina hasta ese momento, “los barcos fondeados no fueron atendidos, en los muelles se aglomeraron cientos de carros con productos agrícolas, cesó la exportación y la importación, los ingresos aduaneros se restringieron”.

El gobierno de Roca actuó contra la huelga obrera declarando el estado de sitio en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, para asegurar los embarques de exportación, y a proponer finalmente la Ley de Residencia, como remedio para lo que se consideraba una situación resultante de la agitación realizada por elementos foráneos. El mensaje con que el Poder Ejecutivo acompañó en noviembre de 1902 el proyecto que luego se convirtió en la Ley de Residencia, hacía referencia a “la huelga en que se han declarado numerosos obreros de distintos gremios, que amenazan el orden público, los intereses del comercio y la navegación y, por consiguiente, la riqueza pública”.

El extranjero contra quien se hubiera decretado la expulsión tendría tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarco. A partir de esta ley, el Poder Ejecutivo podía acusar y castigar (expulsar) a personas extranjeras sin que en ningún momento interviniera el Poder Judicial. Además de restringir la entrada al país a aquellos "idiotas, locos, epilépticos, enfermos atacados de enfermedades repugnantes o contagiosas, mendigos de profesión, indigentes que constituyen una carga para la Asistencia Pública, condenados por estafa, bigamia o delitos infamantes, prostitutas y proxenetas".

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Feb 8

El 8 de febrero de 1826 el Congreso General designó como Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Bernardino Rivadavia, quien ejerció por primera vez el cargo de presidente de la Nación Argentina.

Hacia fines de 1825, la tensión con el Imperio de Brasil por la cuestión de la Banda Oriental dio oportunidad de plantear la necesidad de un gobierno nacional capaz de conducir el ya cercano conflicto internacional. En los últimos días de diciembre de 1825 se supo de la declaración de guerra por parte del Imperio del Brasil a las Provincias Unidas que dio comienzo a la Guerra del Brasil. Por el Congreso General propuso avanzar sobre el proyecto de crear un Poder Ejecutivo nacional.

El Congreso General fue una reunión de los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata, convocada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, general Martín Rodríguez, bajo la iniciativa de su ministro Bernardino Rivadavia, que inició sus sesiones en diciembre de 1824 y que tuvo por finalidad restaurar la unidad nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el dictado de una Constitución Nacional luego de que las autoridades nacionales desaparecieran como consecuencia de la batalla de Cepeda y se iniciara la Anarquía del Año XX.

Diversas consecuencias internas y externas permitieron la realización de un nuevo intento de organización nacional, entre las que se pueden contar la organización de las instituciones de las provincias y la supuesta convivencia pacifica entre ellas, la demostración de la importancia política y económica de Buenos Aires, recuperada tras la "feliz experiencia", para costear los gastos generales del congreso, la exigencia de Gran Bretaña a tratar con autoridades nacionales para reconocer la independencia argentina y la amenaza del Imperio del Brasil, que había incorporado la Banda Oriental y amenazaba con invadir el litoral.

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Feb 5

El 4 de febrero de 1905 tuvo lugar el intento de golpe de Estado organizado por la Unión Cívica Radical y dirigido por Hipólito Yrigoyen, que intentó derrocar al gobierno constitucional de Manuel Quintana, en reclamo de elecciones libres y democráticas. Fue una de las rebeliones más importantes que sufrió la Argentina hasta ese momento, por el número de militares comprometidos, las fuerzas vinculadas y la extensión del movimiento a lo largo del país.

Luego de la Convención Nacional de septiembre de 1897, la Unión Cívica Radical se encontraba dividida en dos facciones: el coalicionista cuyo jefe era Bernardo de Irigoyen, que partidario de los comicios, aceptando la llamada “política de las paralelas” se mostraba favorable a la coalición con el mitrismo para impedir la reelección de Roca; y el intransigente, que bajo las sugestiones de Hipólito Yrigoyen, cuya fuerza estaba entonces en la provincia de Buenos Aires, se oponía a esta coalición, se pronunciaba por la abstención y proclamaba la revolución como único medio de alcanzar la libertad de sufragio. La mayoría de la Convención Nacional del radicalismo se pronunció por la acción concurrente con el mitrismo, pero la decisión fue resistida por el grupo intransigente, y el comité directivo del partido de la provincia de Buenos Aires prefirió disolverse antes de aceptar la resolución de la Convención, quedando consumada así la división, la que impidió al partido intervenir en la elección presidencial.

A finales de ese año, durante la elección a gobernador de la provincia de Buenos Aires, los electores de los dos sectores de la Unión Cívica Radical acordaron con los de la Unión Provincial, liderada por Carlos Pellegrini, la unción de Bernardo de Irigoyen a la gobernación bonaerense, mientras que su vice gobernador sería el intransigente Alfredo Demarchi. Confirmada la designación del gobernador, comenzaron las negociaciones entre los jefes de ambos sectores radicales. Los intransigentes, que constituían la mayoría del partido en la provincia, estaban dispuestos a avanzar hacia la unificación, pero exigían conocer previamente qué espacios de poder estaba dispuesto a ceder el gobernador electo, siendo central para ellos la jefatura de policía. En ese marco, el 16 de marzo Hipólito Yrigoyen se entrevistó con Bernardo y reclamó la mitad de los cargos, incluida dicha jefatura para su hermano Martín Yrigoyen, candidato del sector intransigente.

Si bien a Bernardo le resultaba prioritaria la fusión radical, especialmente ante la inminencia de las elecciones de diputados y senadores provinciales que integrarían la Legislatura durante su mandato, se negó a aceptar esas condiciones. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical, que había logrado conquista el poder en la provincia de Buenos Aires, continuó dividida y durante los cuatro años de la gobernación de Irigoyen, los legisladores bonaerenses pertenecientes al sector intransigente le hicieron la vida imposible al gobernador, impidiendo la marcha de su gobierno.

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@OldArg1810

Feb 3

El 3 de febrero de 1852 tuvo lugar la Batalla de Caseros, donde las fuerzas del Ejército Grande, comandadas por Justo José de Urquiza, derrotaron al ejército de Buenos Aires dirigido por Juan Manuel de Rosas, poniendo fin a más de dos décadas de predominio político de Rosas y al orden de la Confederación Argentina basado en la hegemonía porteña.

El proceso que culminó en la batalla de Caseros de 1852 tuvo uno de sus pilares fundamentales en el orden político establecido tras la firma del Pacto Federal de 1831, acuerdo que funcionó en los hechos como marco institucional de la recientemente formada Confederación Argentina durante más de dos décadas. Dicho pacto fue suscripto el 4 de enero de 1831 por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, en un contexto marcado por la disolución del poder central, la persistencia de conflictos interprovinciales y la necesidad de garantizar la defensa común frente a amenazas internas y externas.

El Pacto Federal establecía una serie de compromisos básicos entre las provincias firmantes. Entre sus disposiciones principales se encontraban la obligación de resistir cualquier invasión extranjera contra el territorio de alguna de las provincias integrantes; la conformación de una alianza ofensiva y defensiva frente a agresiones de otras provincias que pusieran en peligro su integridad territorial; la prohibición de celebrar tratados particulares sin el consentimiento de las demás, siempre que no se afectara el interés general; y la promesa de no dar asilo a criminales provenientes de otras jurisdicciones. Asimismo, garantizaba la libre circulación de personas y bienes sin imposición de gravámenes, reconocía la igualdad de derechos civiles de los ciudadanos de las distintas provincias y habilitaba la adhesión de nuevas provincias bajo las mismas condiciones.

Como mecanismo institucional, el Pacto preveía la creación de una Comisión Representativa encargada de las relaciones exteriores de la Confederación. No obstante, esta Comisión delegó rápidamente la dirección efectiva de los asuntos exteriores en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que constituyó un elemento decisivo en la configuración posterior del poder político confederal.

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