#Escándalo. El Ministerio de Vivienda se encuentra en el ojo de la tormenta por las designaciones de polémicos personajes como jefe de asesores: un implicado en presunta mafia que vendía respuestas de exámenes de admisión y un investigado en el caso 'Malditos del Azúcar'. (1/6)
El 2 de agosto, con la firma del ministro Geiner Alvarado, se designó al excandidato al Congreso por el partido antaurista (UPP), el economista Jack Gary Salazar Velasque, como jefe de gabinete de asesores del despacho del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2/6)
Según un reporte de 2018, Jack Gary Salazar Velasque, 'Gary', fue detenido a bordo de un auto con "declaraciones juradas de 19 postulantes". Durante la intervención del resto de implicados, se incautó celulares con mensajes que tenían las respuestas de exámenes de admisión. (3/6)
Tras revelarse los cuestionamientos contra Salazar Velasque, en menos de 24 horas el ministro de Vivienda emitió una nueva resolución, la Nº. 233-2021-VIVIENDA, en la que dejó sin efecto la contratación del primero y puso en su reemplazo a Salatiel Marrufo Alcántara. (4/6)
Sin embargo, sobre Marrufo también pesan serios cuestionamientos. Una de ellas data del 2018 y es por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal y apropiación ilícita en agravio del Estado. (5/6)
Según las indagaciones del Ministerio Público, Salatiel Marrufo, quien trabajaba como abogado en la empresa Agroindustrial Tumán S. A. A., habría cometido irregularidades que lo vincularían con la mafia 'Los malditos del azúcar'. El caso continúa abierto. (6/6)
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Rosángella Barbarán percibió remuneraciones estatales en los meses que participaba como candidata al Congreso, pese a que Ley Orgánica de Elecciones (LOE) establece que quienes ejercen cargos públicos deben solicitar licencia sin goce de haber 60 días antes de los comicios. (1/4)
Barbarán Reyes, quien laboró en el Legislativo como técnico en la comisión de Inteligencia presidida por la entonces parlamentaria Martha Chávez (Fuerza Popular), percibió en el mes de febrero su sueldo íntegro de S/4 390, según el portal de Transparencia del Congreso. (2/4)
Asimismo, en el mes de marzo, a Barbarán se le asignó S/1 609.67 por sus funciones como técnico. Ello, pese a que el #JNE manifestó, en enero pasado, que los trabajadores públicos que participarían en las elecciones debían solicitar licencia hasta el 10 de febrero de 2021. (3/4)
El Consejo Directivo del Congreso designó como nuevo Oficial Mayor de la institución a Hugo Rovira Zagal, quien participó en dos elecciones con el partido del exministro aprista, Rafael Rey Rey, y quien militó hasta el 2020 en el PPC, partido de Lourdes Flores Nano. (1/5)
Cabe señalar que Rovira Zagal fue propuesto por la Mesa Directiva que esta conformada por María del Carmen Alva (Acción Popular), la exfujimorista Lady Camones (Alianza para el Progreso), Enrique Wong (Podemos) y Patricia Chirinos (Avanza País). (2/5)
De acuerdo con información del Parlamento, Rovira fue candidato al Congreso Constituyente Democrático en 1992 por el Movimiento Renovación, cuyo fundador y líder fue Rafael Rey quien actualmente labora en Willax. En 1995, intentó por segunda vez sin éxito alcanzar una curul (3/5)
¿Amenazas? Lejos de utilizar la Constitución para presionar al Gobierno a fin de lograr una nueva conformación del gabinete, la fujimorista Tania Ramírez advirtió que si Pedro Castillo no corrige las designaciones ministeriales, habría una revuelta de "nuestras marchas". (1/4)
"Vamos a tratar que en estos días (Castillo) se rectifique y que lo haga pensando en nuestro país, y no en un partido político. De no ser así, creo que ya todos sabemos ¿no? que el pueblo está, así como quien diciendo, a punto de... estamos contando los minutos", expresó. (2/4)
Al ser consultada a qué se refería con "a punto de", Ramírez señaló: "El pueblo mismo se está pronunciando, de que así como lo han puesto lo van a tener que sacar [...] y, sí, ellos mismos tocarán las puertas del Gobierno [...] Las acciones las veremos en su momento". (3/4)
Tania Ramírez (Fuerza Popular), cuya lideresa enfrenta una acusación por presunta organización criminal, llamó "terrorista" a Guido Bellido, pese a que no existe una sentencia por terrorismo en su contra. Según ella, el premier es terrorista "desde que es investigado". (1/5)
"Fuerza Popular no se va a sentar con terroristas, porque sería insultar y escupirle la cara a nuestros hermanos compatriotas. No hay forma de poder sentarnos a conversar con terroristas", manifestó Ramírez García en diálogo con RPP. (2/5)
Tras ello, el periodista Jaime Chincha le consultó a la congresista si percibía la diferencia entre ser terrorista (con sentencia) y ser un investigado. Ramírez retrucó: "Desde que está investigado (es terrorista). (Se) dice que el río suena porque piedras trae". (3/5)
Patricia Chirinos, quien tuvo como líderes dentro de Chim Pum Callao a los condenados Álex Kouri y Félix Moreno, presentó una moción que busca crear una comisión investigadora que fiscalice la transparencia durante los primero días del gobierno de Pedro Castillo. (1/4)
El documento refiere que el mandatario despachó varios días, tras asumir el cargo, en una sede distinta a Palacio de Gobierno, por lo que no hubo un registro explícito de las actividades que realizó y de las personas con las que se reunió. (2/4)
“No sabemos con quién conversa el presidente, con un empresario, un prontuariado o con un terrorista. No tenemos información de nada. Creo que es un pedido justo y responsable que tenemos que hacer desde el Congreso en representación de la voz de los peruanos”, refirió. (3/4)
Mediante un documento dirigido a Guido Bellido, para "mantener la gobernabilidad", Jorge Montoya pidió la renuncia de ministros que, se lee, son vinculados a Sendero Luminoso (SL). Sin embargo, no exigió la dimisión del premier, sobre quien sí pesan serios cuestionamientos. (1/4)
Según el oficio, se pide la renuncia de Héctor Béjar (RREE), Walter Ayala (Defensa), Juan Carrasco (Interior), Iber Maraví (Trabajo) y Anahí Durand (Mujer) porque "presentan cuestionamientos al haber sido vinculados con el grupo terrorista SL, así como otros de orden legal" (2/4)
Asimismo, se señala que el Gobierno debe retirar de su agenda "la Asamblea Constituyente y todos aquellos actos que vayan contra la modificación de la Constitución que no estén enmarcados dentro de la ley". (3/4)