Esta mañana en la SER han defendido sin paliativos la privatización de la sanidad pública (con el eufemismo "colaboración público-privada", que es exactamente lo mismo). Y, si no, juzguen ustedes mismos.
Es curioso que pidan argumentos cuando los suyos son llamarnos "populistas" y "Europa no nos deja", que lo mismo vale para no bajar la factura de la luz o para no regular los alquileres.
Pero bueno. Vayamos a los argumentos 👇
El Anteproyecto de ley del Ministerio de Sanidad mantiene de facto el contenido de la Ley 15/1997 (Ley Aznar). La Ley Aznar dio amparo a procesos privatizadores como el llamado modelo Alzira. 👇
En concreto, el Anteproyecto dice expresamente: “La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas”. 👇
Además, el Anteproyecto crea los llamados “consorcios sanitarios”, que permiten la participación de empresas privadas. 👇
La Ley 15/1997, la Ley Aznar, no se aprobó como consecuencia de ninguna Directiva de la Unión Europea. 👇
Unidas Podemos propone que “el modelo organizativo común, ordinario y preferente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud consistirá en la titularidad pública y la gestión pública directa de los servicios, centros y establecimientos sanitarios”. 👇
Es decir, Unidas Podemos propone blindar la sanidad pública para evitar privatizaciones y garantizar su gestión pública directa. 👇
La legislación europea no impide la gestión pública directa de los servicios públicos. Es más, las Directivas de contratos públicos (Directiva 2014/23/UE y Directiva 2014/24/UE) exceptúan los servicios sanitarios e incluso permiten reservar todos los contratos a cooperativas. 👇
En la Ley de Contratos del Sector Público se dice: “los poderes públicos siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos servicios sociales, sanitarios”.
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La aberración jurídica que se está intentando cometer contra Alberto Rodríguez es impropia de una democracia europea. La sucesión de barbaridades contrarias a derecho es casi interminable.
Como el tema es bastante complejo, voy a intentar explicarlo en este breve hilo 🧵👇🏼
Empecemos por el principio.
Alberto Rodríguez ha sido condenado por el Tribunal Supremo sin pruebas materiales y con un único testimonio breve, endeble y contradictorio con otros testimonios.
No es una exageración hablar de montaje.
Pasemos a la sentencia. 👇🏼
Lo primero que hay que saber es que, por mucho que diga la derecha y la ultraderecha y sus altavoces mediáticos, en NINGÚN lugar de la sentencia, auto y oficio del TS se condena a Alberto Rodríguez al cese de la condición de diputado.
La Vicepresidenta Tercera acaba de decir dos cosas en el Congreso:
1. Que descarta intervenir el mercado eléctrico como propone Unidas Podemos porque no es compatible con la normativa europea.
2. Que estudia modificar la tarifa PVPC para "estabilizarla".
Hilo 🧵👇
UP propone poner un precio fijo al MWh nuclear para que esta tecnología no reciba eso desorbitados beneficios caídos del cielo cuando los precios están altos.
Esto lo hace Francia con el sistema ARENH, así que difícilmente puede ser incompatible con la normativa europea.
Por el mismo motivo, UP también propone poner un precio máximo al MWh hidroeléctrico.
Esto es muy similar a lo que ya se hace en España con la subasta de fotovoltaica y eólica. De nuevo, si lo uno es legal, lo otro también.
Por recapitular, todo esto empezó cuando un señor despedido de @PODEMOS se plantó en un juzgado a acusarnos de cosas terribles sin ninguna prueba. De hecho, él mismo dijo que basaba sus acusaciones en "rumorología". Aún así, empezaron a investigarnos por tierra, mar y aire.
Llevamos así meses y meses en una situación muy extraña que los expertos conocen como "investigación prospectiva". Básicamente, es ponerse las botas de agua e irse al río a pescar a ver si uno pilla algún pez. Algo muy cuestionable en derecho. eldiario.es/opinion/zona-c…