La planta de biogás de Caparroso contó con la ayuda de un empresario que figura en los Paradise Papers.
La empresa propietaria de la macrogranja, sancionada en 2019, ha recibido más de 7 millones de euros en ayudas públicas entre 2006 y 2020.
Uno de los primeros consejeros de la empresa de biogás de la macrogranja de Caparroso, Constantino Angulo Miravalles, exsocio en otra explotación ganadera en Araba del propietario de la granja de Caparroso, constituyó en Malta la sociedad Iventa Holdings Limited en 2011.
En 2011, en las instalaciones de Caparroso se invirtieron 4 millones de euros, 1’8 aportados por el Gobierno de Navarra. En 2020, el Gobierno de Navarra adjudicó a la macrogranja una ayuda de 66.697 euros.
Según los datos del Ministerio de Agricultura español, del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) se destinaron a la macrogranja 475.049 euros en ayudas en 2020 y 470.039 euros en 2019.
A estas cifras habría que sumar más de 4 millones de euros de fondos europeos entre 2006 y 2013.
Según los datos de la fundación alemana Open Knowledge, la marcrogranja habría recibido un total de 3.156.713 euros en ayudas de fondos europeos en los años 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013, y además, 283.926 euros en 2009, 478.440 euros en 2007 y 120.062 euros en 2006.
Además, Saiona, principal socio comercial de los propietarios de la macrogranja de Caparroso, fue beneficiaria de 6.220.229 euros de subvención de la Junta de Castilla y León en 2016 para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos lácteos en Ólvega (Soria).
Según se desprende de un informe del Jefe de Seguridad Alimentaria y Oficinas Pecuarias del Gobierno de Navarra y de un expediente de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, la macrogranja de Caparroso fue sancionada en 2019.
Se trataba de una "infracción grave" "al transportar dos bovinos postrados en el suelo del camión incapaces de incorporarse y moverse por si mismos hasta el matadero de Buñol en Valencia".
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El contrato de limpieza de la Diputación de Bizkaia pasa de Garbialdi (dirigida por un exsecretario del EBB del PNV) a Optima, cuya gestor de servicios sociales es una exedil del PP en Gasteiz.
La gestora de Optima fue fichada por el ya exalcalde de Gasteiz Javier Maroto, ahora portavoz del PP en el Senado.
Garbialdi se ha convertido en gran adjudicataria del Gobierno de Isabel García Ayuso.
Varios medios apuntan estos días a un “acercamiento” entre el PNV y el PP.
Cabe recordar que el asesor y jefe de campaña de Isabel García Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, compartió intereses con empresarios jeltzales.
Urbas se hace con 3 importantes empresas vascas en los últimos 17 meses.
Fiscalía Anti-Corrupción llegó a pedir más de 8 años de cárcel para el presidente de Urbas en abril.
La ONIF lo investiga por hinchar artificialmente el valor de una inmobiliaria que adquirió.
En los últimos 17 meses, Urbas ha adquirido Construcciones Urrutia (vinculada a la carrera empresarial de un exalto cargo del Gobierno vasco); Murias (perseguía "el liderazgo del sector de la construcción"); y Jaureguizar, esta última mantenía una posición de liderazgo en Bizkaia
Urbas se ha querellado contra un medio de comunicación que filtró parte de la investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude.
Cuando el PNV perdió la Lehendakaritza (desde mayo del 2009 hasta diciembre del 2012) sus líderes comenzaron a desfilar por los consejos de Iberdrola, Repsol, Enagás y Gas Natural.
Xabier Sagredo era responsable de las finanzas del PNV en Bizkaia cuando fue fichado por Iberdrola Generación en junio del 2009.
Sagredo fue consejero de la filial de Iberdrola hasta 2014 y ese año pasó a ser consejero de Iberdrola Distribución hasta 2016. Desde 2016 es consejero de Iberdrola en calidad de presidente de la BBK.
La ingienería financiera de los Beistegui (Bicicletas BH) formada por empresas domiciliadas en paraísos fiscales.
Con intermediarios que también utilizaron los implicados en los papeles de Panamá, Bárcenas, los Borbón y los Pujol.
Vinculados a varias SICAV, domiciliaron en las Islas Vírgenes británicas la sociedad Tolexi Invest Corp en 1996, con sede en Luxemburgo desde 2006.
Para ello contaron con la ayuda de la sociedad suiza Favona, utilizada por Bárcenas, los Borbón y los Pujol.
También domiciliaron en Panamá la sociedad Promociones Turísticas Overseas con la ayuda del despacho protagonista del affaire de los papeles de Panamá y con la ayuda Canal Trust, esta última domiciliada en las Islas Vírgenes británicas y vinculada al BBVA.
La filial de CAF del cártel sancionado por la CNMC solicitó confidencialidad para varios documentos ya que le situaría "en una situación de desventaja competitiva" y provocaría "un perjuicio" para su "reputación e imagen" y "de las personas titulares de los documentos".
Uno de los documentos es "un correo electrónico interno de CAF de 10 de noviembre de 2017 en el que se adjunta la hoja de costes de una UTE constituida por CAF en relación con la oferta a presentar a ADIF para el tramo Torrelavega-Santander".
La CNMC consideraba que la "información contenida en el citado correo electrónico es necesaria para fijar los hechos objeto del procedimiento, pues se trata de estimaciones internas sobre la actividad económica realizada por CAF y uno de sus competidores".