La reforma propuesta no es una reforma democratizadora ni un mero ajuste administrativo. Esta reforma eliminaría la ya muy limitada autonomía que la Ley General de Ciencia y Tecnología concede a los Centros Públicos de Investigación.
Es una reforma que centraliza las decisiones y silencia la voz de la comunidad. Más allá de la ilegalidad de la convocatoria, la señal es preocupante, para el CIDE y para toda la comunidad académica del país.
En esa propuesta, el Consejo se convierte en un espacio al que el director general “da a conocer” decisiones unipersonales.
Si esas reformas son aprobadas, cualquier director general –ahora y en el futuro– podrá, de espaldas a la comunidad, cambiar las reglas, crear o desaparecer divisiones, modificar los programas docentes y no informar sobre los resultados de su gestión.
Hay muchas cosas que cambiar y mejorar en el CIDE. Las autoridades (internas y externas) pueden conducir a la institución y proponer proyectos, pero la participación de la comunidad, la deliberación abierta, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables...
... para garantizar la libertad académica de cada profesor y de la institución en su conjunto, y para garantizar los derechos de trabajadores y estudiantes.
Volvería inestable el conjunto de reglas y el diseño organizacional: cada director general, respondiendo o no a las preferencias del gobierno en turno, podría modificar reglas, desaparecer una licenciatura o crear una división sin tener que pasar por la aprobación de un Consejo.
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La población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria aumentó de 35.6% a 39.4%
Esto se debe, entre otras razones, a que el ingreso laboral real bajó 4.8% , y el valor monetario de la canasta alimentaria aumentó 3.7% en zonas urbanas y 4.0% en zonas rurales.
La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas.
Ciudad de México aumentó 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo 10.1 y Baja California Sur 8.3.