🔴🔴El juez ordena que Francisco y sus dos hijas menores vuelvan a casa después de ser desalojados por una empresa de desokupación. El caso puede sentar precedentes: la propiedad se enfrenta a varios delitos como allanamiento de morada y coacciones (@RTVCes) Se viene hilo largo👇
Recordamos que una de las menores fue engañada para que abriese la puerta. Cuando accedió, estos matones entraron, cambiaron la cerradura y les dejaron en la calle sin poder siquiera sacar sus cosas y duermen donde pueden. Aquí la noticia en @canarias7. canarias7.es/canarias/gran-…
@MartinCuneo78 sacó la noticia para @ElSaltoDiario y parece que no le sentó muy bien a esta empresa porque han estado dándose codazos con los Desokupa de la península para ver quién rescata antes a unos cachorritos en Gran Canaria. Bueno, a lo que vamos elsaltodiario.com/vivienda/gobie…
Según @canarias7, la empresa que ejecutó el desalojo de Francisco y sus hijas menores se llama "Power Seguridad". Pues nos pusimos a buscar y encontramos una empresa con ese nombre con sede en Valencia y otra llamada "Grupo Power Canarias". Aquí la noticia canarias7.es/canarias/gran-…
Grupo Power Seguridad tiene 4 servicios: Power7 Seguridad, Power Control 4, Power 7 Sistemas y Desalojos Express Canarias. O sea, que también desahucian extrajudicialmente. En su propio Instagram tienen fotos con sus "servicios". Aquí tienen su página web grupopowercanarias.com
Una empresa así no podría tener vínculos con la admin, no sería ético. Mucho menos con una gobernada por @PSOE, @PODEMOS o @Nueva_Canarias. Seguro que la subvención de @PresiCan a Desokupa Canarias fue un error. Si @Elenamanez no ha dado explicaciones es por falta de tiempo
Rascando un poco encontramos el BOE del 9 de julio de 2020. El ministerio de @joseluisescriva concedió el servicio de Vigilancia y Seguridad de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Tenerife a esta empresa. boe.es/diario_boe/txt…
¿Cómo explican @desdelamoncloa, con @PSOE y @PODEMOS, que presumen defender derechos sociales y sacan pecho por la Ley de Vivienda, esos contratos con empresas de matones de ultraderecha que ejecutan desalojos extrajudiciales a familias vulnerables con amenazas y extorsión?
En este hilo hablamos de 2 empresas, pero no creemos que sean las únicas. El nicho de mercado que este tipo de desalojos ha creado parece bastante grande. Empresas de seguridad, como Grupo Power, han diversificado su actividad y empresas como Desokupa Canarias, creada ad hoc.
¿Qué legitimidad tienen el estado español y estos partidos para hablar de "estado de derecho" cuando financian a estos grupos, vulnerando los derechos de miles de personas extorsionadas, amenazadas, agredidas incluso sexualmente? ¿Dónde deja esto al sistema judicial?
¿Cómo pretenden que les creamos cuando nos asustan con que "viene la ultraderecha" si al mismo tiempo les regalan contratos con la admin. pública, subvenciones e incluso convenios para realizar prácticas laborales? @Yolanda_Diaz_@sanchezcastejon@avtorresp@RomanRodWeb@noepmp
No es sólo que los propietarios se salten la Ley contratando a empresas que emplean métodos que pueden ser constitutivos de delito y que dejan a muchas familias sin garantías legales. Es que el propio Estado y partidos supuestamente de izquierda los financian. Es gravísimo.
Somos un colectivo de vivienda de Gran Canaria compuesto por vecinas. Tenemos una cuota simbólica de 1 euro al mes que a veces ni podemos cobrar. Animamos a otros colectivos de vivienda, periodistas, medios de comunicación y a cualquiera con un mínimo de decencia a denunciar esto
La oleada de noticias sensacionalistas sobre "okupas", como ya han dicho muchas compas por aquí, no es casual. El sistema cocina el relato para defender la propiedad privada y la especulación y, sobre todo, criminalizar a las pobres, las desahuciadas.
En este relato nunca aparecen las viviendas vacías, los desahucios diarios, la precarización de las condiciones de vida, la exclusión social, el aumento desorbitado de los precios del alquiler, la especulación y la gentrificación.
Tampoco aparecerá la sangría de desahucios que se producirá en los próximos meses gracias al blindaje del lucro de los propietarios que ha hecho el Gobierno. Sin la suspensión del pago del alquiler, miles de familias están condenadas a dormir en la calle a partir de septiembre.