En español: Si hay una fruta que simboliza los beneficios del comercio libre y justo, es el aguacate. A medida que Estados Unidos y México derribaron las barreras comerciales mutuas en las últimas décadas, las exportaciones de aguacate de México y el consumo de aguacate en EE.UU.
se dispararon, y ambos se triplicaron en los últimos 20 años. El guacamole se ha convertido en el bocadillo no oficial del Super Bowl, y el “avocado toast” en un pilar de los menús de brunch conscientes de la salud.
Pero a medida que ha florecido la industria del aguacate
en México, centrada en el estado de Michoacán, también han florecido los esfuerzos de las organizaciones criminales mexicanas para aprovecharse de la bonanza. Estas organizaciones han extorsionado a los productores, empacadores y transportistas de aguacate en Michoacán en un
esfuerzo por beneficiarse del oro verde que prospera ahí.
En ese entorno peligroso, el Departamento de Agricultura de EE. UU. emplea un cuerpo de inspectores mexicanos que trabajan ahí para certificar los cultivos para su importación a Estados Unidos. De vez en cuando,
estos empleados son amenazados con violencia. Eso sucedió más recientemente a principios de este mes, cuando EE.UU. suspendió abruptamente todas las importaciones del aguacate mexicano después de que uno de los inspectores en Michoacán recibiera una amenaza por teléfono celular.
La suspensión se levantó solo una semana después, luego de que EE.UU. anunciara que las autoridades federales y estatales mexicanas habían tomado medidas no especificadas para proteger a los inspectores.
Mientras estuvo vigente la suspensión, expresé en redes sociales mi
esperanza de que la situación se resolviera rápidamente por el bien de ambos países. Algunos de mis seguidores mexicanos respondieron que esperaban que EE.UU se enfrentara a las organizaciones criminales, muchas de ellas afiliadas a poderosos cárteles de la droga, en Michoacán.
Esa puede parecer una respuesta sorprendente, dado que los mexicanos tienden a ser muy sensibles sobre la soberanía de su país y las intenciones de su vecino del norte.
Pero en realidad no me sorprendió; Durante mi mandato como embajador, a menudo escuché
a los mexicanos expresar una sensación de desesperanza sobre la capacidad o voluntad de su propio gobierno para combatir el crimen organizado, y la creencia de que solo los estadounidenses podrían resolver el problema.
Esa es una forma de pensar inútil y peligrosa. Garantizar la seguridad interna de México es tarea del gobierno mexicano; de hecho, garantizar la seguridad interna es una de las funciones centrales de cualquier gobierno. El papel de Estados Unidos no es garantizar la seguridad
interna de un país extranjero y (como deberíamos haber aprendido de lugares que se extienden desde Somalia hasta Afganistán) carecemos de la capacidad práctica para hacerlo con éxito, al menos de manera sostenida.
Me preocupa que los repetidos pronunciamientos en las
últimas décadas sobre la “responsabilidad compartida” entre Estados Unidos y México para abordar el crimen organizado y el narcotráfico hayan conducido a que se difuminen las líneas de responsabilidad de cada país. Las agencias de seguridad de Estados Unidos, incluida la DEA,
tienen una presencia sustancial en México, pero no llevan a cabo operaciones ahí. Más bien, nuestro papel se limita a apoyar a las autoridades mexicanas. Hemos brindado muchos millones de dólares en asistencia de seguridad de todo tipo, primero bajo la dizque Iniciativa Mérida y
ahora bajo el rebautizado Entendimiento Bicentenario.
Por desgracia, es difícil afirmar que estos programas han tenido éxito. Al contrario, la situación de las drogas es peor que nunca, sin nada que sugiera que mejorará en el corto plazo. Las muertes por sobredosis en EE.UU.
han batido récords cada año durante los últimos años, debido en gran parte al aumento de los opioides sintéticos como el fentanilo, que son letales incluso en cantidades infinitesimalmente pequeñas. Mientras tanto, las organizaciones criminales vinculadas a las drogas en México
se han vuelto cada vez más descaradas al blandir su poder, desde obligar al gobierno a dar marcha atrás en el arresto del hijo del Chapo hasta atacar a las autoridades en el corazón de la Ciudad de México.
En este contexto, es importante subrayar qué se entiende por
“responsabilidad compartida” en la lucha contra estas organizaciones criminales. Significa que cada gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para abordar el problema dentro de sus propias fronteras, donde tiene autoridad soberana.
Para Estados Unidos, eso significa
tomarse en serio la reducción de la demanda de drogas (principalmente a través de programas educativos efectivos), tomar medidas enérgicas contra la distribución de drogas dentro de nuestras fronteras y atacar el flujo de dinero y armas a las organizaciones criminales mexicanas.
Para México, significa desarrollar e implementar una estrategia para controlar el poder de estas organizaciones, con un enfoque en disputar su control territorial, detener el flujo de precursores químicos utilizados para fabricar opioides y privar a los cárteles de su
sangre vital de dinero y armas.
El punto clave es que cada país debe rendir cuentas ante el otro, y ante su propio pueblo, por su obra y omisión en la lucha contra el crimen organizado. En este momento, estamos atrapados en un círculo vicioso en el que el mantra de la
"responsabilidad compartida" acaba de permitir que cada país culpe al otro por no lograr avances. Es hora de que los mexicanos dejen de pensar que no necesitan confrontar a estas poderosas organizaciones criminales dentro de sus propias fronteras porque los estadounidenses
lo harán, al igual que es hora de que los estadounidenses dejen de pensar que no necesitamos abordar seriamente la adicción y la criminalidad relacionada con las drogas dentro de nuestras propias fronteras porque tiene sus raíces en México.
Los ciudadanos de ambos países deben
exigir resultados a sus propios gobiernos y dejar de esperar que el otro país haga el trabajo pesado. Así como ningún país puede resolver el problema por sí mismo, tampoco puede eludir su propia responsabilidad de trabajar para encontrar una solución.
Así como el humilde aguacate creó una situación ganar-ganar en materia de comercio, se necesita una mayor rendición de cuentas para crear una situación ganar-ganar en materia de seguridad.

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