Thread by @pramiro_

En un contexto de profunda reestructuración energética, los Estados centrales europeos preparan el terreno para las nacionalizaciones y la toma de control del mercado eléctrico.

Los mismos que se salen del TCE son los que promueven el acuerdo UE-Mercosur.
europapress.es/internacional/…

El gobierno español dice que hay que salirse del Tratado de la Carta de la Energía porque no cumple con los acuerdos de París, pero al mismo tiempo está promoviendo nuevas infraestructuras gasísticas (con la excusa del hidrógeno verde) que van a contribuir al desorden climático.

La asimetría normativa rige la lex mercatoria: la única seguridad jurídica que importa es la vinculada a los intereses de "nuestras empresas". La salida del TCE es una buena noticia, pero si decimos que hay que denunciar todos los acuerdos comerciales estamos haciendo demagogia.

Tras la pandemia y la guerra, la acción del Estado se ha vuelto imprescindible para que no se venga abajo el sistema económico-financiero. Pero el relato de las “propuestas de futuro para la recuperación” pasa por el reforzamiento de la arquitectura jurídica de la impunidad.

Los planes de “transformación y resiliencia” están siendo reformulados para adaptarse a los requerimientos de la recién promulgada estrategia #RePowerEU: rebajar aún más las barreras ambientales/climáticas para garantizar sea como sea el suministro energético a la Unión Europea.

Está en juego una fase de recomposición capitalista y ahí es donde toca intervenir. Un contexto donde las rivalidades geopolíticas, los conflictos bélicos, la competencia económica y la militarización del comercio nos asoman a nuevas maneras de reinterpretar los derechos humanos.

Hablar en serio de derechos humanos implica radicalizar la democracia, construir proyectos socioeconómicos en colectivo y fortalecer los procesos de autoorganización social desde la base sin renunciar a la disputa de ciertos espacios institucionales.

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