Thread by @RodrguezAleman

⚠️ Por fin. El ministro Zaldívar anunció que a partir del 28 de noviembre se discutirá en el Pleno de la @SCJN la controversia constitucional 90/2020 promovida en contra del denominado #AcuerdoMilitarizador

¿Por qué se sostiene que es inconstitucional? Va 🧵

Antecedente:

Pese a haber prometido regresar a las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA) a los cuarteles, el 11 de mayo de 2020 el presidente publicó un decreto por el que dispuso de estas para participar en tareas de seguridad pública junto con la Guardia Nacional.

Dicho acuerdo se sustenta fundamentalmente en lo dispuesto por el transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, mismo que precisamente contempla la posibilidad de que el Ejecutivo disponga de las FFAA para tareas de seguridad

La justificación que da el propio decreto, es que su intervención sería complementaria de la Guardia Nacional durante el tiempo que desarrollará su estructura (max 5 años)

Hoy sabemos que no sucedió, pues la mayor parte de los miembros de esta institución provienen de las FFAA

Ahora bien, aún cuando el acuerdo señala que la participación de las FFAA en tareas de seguridad debía ser extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada, lo cierto es que NO se establecieron los lineamientos -mínimos- para garantizar que sucediera así.

Dichos límites constitucionales coinciden con los adoptados por @SCJN en la acción de inconstitucionalidad 1/96, donde determinó que era constitucionalmente válido que las FFAA participaran en auxilio de las autoridades civiles, siempre que concurrieran los siguientes requisitos:

1. Se encuentra condicionado a que exista solicitud expresa por parte de autoridad civil
2. Subordinado en todo momento a mando civil; y
3. Que se respeten los derechos humanos al desplegar dicha intervención

En ese sentido, lo que la @SCJN analizará en la controversia constitucional 90/2020 es precisamente si el #AcuerdoMilitarizador cumple -o no- con los limites constitucionales previstos para el ejercicio de dicha facultad presidencial.

Por ejemplo: ¿La intervención de las FFAA realmente se da en forma extraordinaria?

En ese sentido el carácter extraordinario -a mi juicio- tendría que encontrarse delimitado, por lo menos, en dos aspectos: el temporal y el geográfico.

Esto es, la intervención de las fuerzas armadas para resultar constitucionalmente válida, debería contener una temporalidad específica y encontrarse acotado a una región puntual del país.

De lo contrario NO puede considerarse que es extraordinario

Un ejemplo de ello ocurre con el famoso Plan DNIIIE, mismo que se activa en caso de desastre y mediante el cual las FFAA coadyuvan con la autoridad civil -local o federal- durante un periodo concreto de tiempo y en una zona geográfica específica.

Otros argumentos sobre la inconstitucionalidad del acuerdo, los retomó de un amparo que se concedió a principios de 2021, por medio del cual se declaró la inconstitucionalidad del mismo.

Sentencia que contiene reflexiones importantes sobre los límites de la #militarización

El análisis sobre la constitucionalidad de dicho Acuerdo se centró en dos aspectos fundamentales:

1. Vicio formal: incompetencia del Presidente para regular la actuación de las FFAA de manera permanente

2. Vicio material: la ausencia de reglas que delimiten su actuación

Sobre la incompetencia del Presidente, la Juez sostuvo que el ejecutivo: “carece de facultades para regular la actuación de la Fuerza Armada permanente; lo que sí puede hacer es disponer de dicha fuerza, pero dentro del marco regulatorio que emita el (...) Legislativo”

Debemos recordar que tratándose de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República se le conceden facultades ejecutivas, no normativas.

Esto significa que puede disponer de las FFAA, pero no puede regular su actuación sin la intervención del Poder Legislativo

Sobre los vicios materiales, la Juez retoma los criterios de la #SCJN sobre los requisitos para la intervención de las FFAA: su actuación debe ser en forma extraordinaria, subordinada, reglada y fiscalizada.

Aspectos que no se encontraban precisados y delimitados en el acuerdo:

Sin duda este asunto constituye una nueva oportunidad para que la @SCJN emita una nueva reflexión sobre el proceso de militarización de la seguridad pública, mismo que resulte congruente con los propios estándares internacionales que pugnan por su disminución.