En su libro “Contra el creacionismo judicial”, Ferrajoli defiende que los jueces deben decidir principalmente por subsunción y no por ponderación.

Aun así, reconoce un punto en común con quienes sostienen posiciones “creacionistas”: la distinción entre reglas y principios, y la idea de que estos últimos pueden subdividirse. Pero justo ahí introduce una diferencia clave. 🧵 En el libro Ferrajoli compara su propia distinción entre “principios regulativos / principios directivos” con la distinción de Atienza y Ruiz Manero entre “principios en sentido estricto / directrices”

Quienes critican al positivismo suelen hacerlo atribuyéndole posturas que ningún defensor contemporáneo de esta teoría, entendida como método, sostiene realmente.

Para aclarar esa “confusión” me parece muy útil la explicación que hace Carrió acerca de los tipos de positivismo 🧵 1. El positivismo jurídico como método (o positivismo metodológico)

Imagina que queremos estudiar el derecho sin mezclarnos con discusiones morales o religiosas sobre lo que está bien o mal.

El positivismo como método dice: vamos a analizar el derecho tal como existe en la realidad, sin suponer que debe ser justo.

Al parecer, la captura del Poder Judicial no fue suficiente; ahora, con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo enviada por el Ejecutivo, se pretende incorporar como requisito para el otorgamiento de la suspensión un nuevo estándar excesivamente discrecional para el juez.🧵🪡 La propuesta dispone que, antes de conceder la suspensión, el órgano jurisdiccional deba valorar si la medida afecta al interés social, al orden público o al interés público, de modo que no se otorgue cuando genere un “daño significativo a la colectividad” o prive a “la sociedad de beneficios que ordinariamente le corresponden”.

Resulta particularmente significativo que, en su primera sesión, la @SCJN haya decidido abandonar un criterio jurisprudencial aprobado por la integración pasada. 

¿Por qué debería preocuparnos que se convierta en una práctica común de esta nueva Corte? 🧵🪡 Este hecho no es menor, pues pone de relieve la tensión entre dos principios esenciales en el derecho: por un lado, la facultad de los tribunales constitucionales para revisar y, en su caso, rectificar su propia doctrina; y, por otro, la necesidad de preservar la estabilidad y previsibilidad de las decisiones judiciales.

¿Por qué se dice que las leyes y los precedentes judiciales tienen «autoridad»?

Para Schauer cuando un tribunal aplica una regla o un precedente, no lo hace porque la regla sea buena o justa en sí misma, sino porque la autoridad así lo dispone. 🧵 Esto significa que las reglas jurídicas —y los precedentes— tienen un carácter retrospectivo: se crean en el pasado y se aplican en el presente, obligando a decidir de acuerdo con lo establecido antes, incluso si pudiera pensarse que otra decisión sería mejor en términos prácticos.

La experiencia reciente ha evidenciado que las mayorías en el Congreso de la Unión han sido reducidas a una mera oficialía de partes, limitándose a validar, sin deliberación real, la voluntad de legislativa de unos cuantos. 🧵 En este contexto, si en verdad se aspira a que la reforma electoral nazca con un mínimo de legitimidad—y no como una imposición disfrazada—, resulta ineludible que —por lo menos— la Comisión presidencial encargada de su redacción integre a representantes de todas las fuerzas políticas, así como a académicos y especialistas con probada independencia y trayectoria en materia electoral.

El año pasado, con motivo de la elección federal, escribí el siguiente texto acerca de la Sala Superior Tribunal Electoral, mismo que consideró cobra nueva vigencia ahora que vemos como se resuelven las impugnaciones sobre la elección judicial.

Va🧵 Cuando las reglas prohibitivas y sus sanciones dejan de aplicarse, incluso en nombre de los más nobles propósitos, pierden por completo su razón de ser. Dejan de ejercer presión normativa sobre sus destinatarios y se convierten en simples catálogos de buenas intenciones.

⚠️ La nueva “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública” parece sacada directamente de la peor pesadilla de Orwell.

Comparto una síntesis de sus aspectos más alarmantes y los vicios de inconstitucionalidad que presenta 🧵 El camino hacia el autoritarismo suele estar pavimentado con “buenas intenciones”.

Esta ley es un claro ejemplo: bajo el pretexto de fortalecer la seguridad pública, establece un sistema de vigilancia masiva que compromete seriamente derechos fundamentales.

La nueva composición de la #SCJN no tendrá un componente pluralista, es decir, casi la totalidad de sus integrantes provienen de un mismo grupo político.

Más allá de lo obvio, ¿por qué este déficit es un problema para la justicia constitucional? 🧵 Las constituciones, en su parte sustantiva, suelen contener disposiciones redactadas con términos vagos o indeterminados que remiten a conceptos ético-políticos, como «dignidad humana» o «libertad».

Los «desacuerdos interpretativos profundos» (DIP), como los denomina Vittorio Villa, surgen cuando, en el contexto de una controversia judicial, la resolución requiere interpretar este tipo de disposiciones ético-políticas.

Van algunos vicios de inconstitucionalidad de esta nueva ocurrencia que se aprobó en Puebla: 🧵 1. El tipo penal aprobado vulnera el principio de taxatividad en materia penal. Este principio exige que las leyes penales sean claras y precisas en la descripción de las conductas prohibidas y las sanciones correspondientes, evitando ambigüedades o indeterminación que puedan generar incertidumbre o confusión para los destinatarios de la norma.

🧵 La Constitución vigente establece que, para declarar la invalidez de una norma general, la @SCJN requiere únicamente seis votos; sin embargo, también dispone que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de control judicial.

La aplicación de una disposición y la inaplicación de la otra no responden a caprichos de los ministros, sino al cumplimiento de las reglas establecidas por la propia Constitución. Por ejemplo:

La regla sobre el número de votos requeridos ya estaba vigente antes del inicio de la acción de inconstitucionalidad, mientras que la prohibición de impugnar reformas constitucionales fue introducida posteriormente.

En las urnas, una amplia mayoría de mexicanos validó el llamado ‘Plan C’, que plantea, entre otras cosas, la elección directa de jueces, magistrados y ministros.

Sin embargo, reitero mi preocupación por los riesgos que entraña este modelo de integración. 🧵 (i) No garantiza la capacidad técnica y conocimientos necesarios de los funcionarios designados.

Actualmente, tanto jueces como magistrados federales se encuentran sometidos a diversos requisitos de acceso en los que, entre otras cuestiones, deben demostrar sus conocimientos y capacidades mediante concursos de oposición.

En el modelo planteado no existe un filtro previo que permita asegurar que los perfiles a elegir cuenten con la capacidad necesaria para desempeñar el cargo.

La semana pasada, la ministra Batres cuestionó el hecho de que la @SCJN examine la validez de las normas emanadas del Legislativo utilizando como parámetro el concepto de "democracia deliberativa".

Tomando como referencia la obra de Habermas van algunas ideas sobre este tema. 🧵 Primero, un concepto clave.

Cuando se aducen argumentos a favor de una tesis que se ha vuelto problemática, esa discusión en la que se aportan razones en pro y en contra es lo que Habermas denomina «discurso».

Terminó el periodo ordinario del Senado y quedaron pendientes –entre otros– los nombramientos de las magistraturas vacantes en la Sala Superior del @TEPJF_informa

¿Por qué existe preocupación por esta incompleta integración? Va 🧵

https://twitter.com/bruno_eli/status/1785354457263276126

Conforme a las disposiciones transitorias del Decreto por el que se reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; el pasado 31 de octubre concluyeron su periodo dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF.

⚠️ La nueva iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad –en adelante LFCS– constituye un verdadero riesgo para la libertad de expresión y la privacidad en la red en perjuicio de los usuarios.

Va 🧵 con algunos de los vicios de inconstitucionalidad que contiene: (i) Mecanismos de censura.

Durante este sexenio, cada vez que se ha presentado una iniciativa que pretende "regular la ciberseguridad", los legisladores del oficialismo incurren en la misma tentación: la de incluir una facultad que le permita al Gobierno Federal, sin ningún tipo de control judicial, solicitar la baja de direcciones IP, dominios y sitios de internet.

Una reducción arbitraria del presupuesto para el #PJF implicaría una afrenta contra el principio de división de poderes, el cual se manifiesta –entre otros– mediante los atributos de autonomía e independencia con la que se encuentra investido por diseño constitucional. Va 🧵 En sentido práctico, la autonomía le permite al PJF realizar sus funciones sin encontrarse sometido a la voluntad de ningún otro poder o actor político.

⚠️ Avanza en el Senado un nuevo intento por crear un padrón nacional con datos biométricos de los ciudadanos.

Se trata de la reforma a la Ley General de Población que pretende crear una CURP con fotografía y huellas dactilares.

Va 🧵 con algunos apuntes al respecto No es la primera vez que en el actual sexenio se intenta la creación de un padrón con esas características.

Tenemos como antecedente directo el denominado ‘Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil’ (PANAUT) mismo que fue invalidado por la @SCJN hace poco más de un año.

⚠️Ojo

Si bien la aprobación del presupuesto constituye facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, ello no los exime de tener que justificar cualquier reducción, mucho más cuando tenga el potencial de impactar en la satisfacción de los derechos

Va 🧵

El tema de la autonomía presupuestal –en un contexto similar – fue analizado recientemente por la @SCJN en la controversia constitucional 209/2021 promovida por el @INEMexico en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación.

‼️ Me niego a difundir el contenido de la carta que el presidente López Obrador envía a un Juez de Distrito, pues además de ser un claro ejercicio intimidatorio, olvida que su posición NO lo coloca por encima de la Constitución.

Va 🧵 El presidente acusa que se pretende censurarlo y vulnerar su derecho a la libertad de expresión.

Además de que parece mal entender cómo operan los derechos humanos, también desconoce los límites que existen con relación al ejercicio de esa libertad, mismos que no pueden ser… twitter.com/i/web/status/1…

En la discusión de la controversia constitucional promovida por el @INAImexico, hasta este momento se puede anticipar que una mayoría de ministros SI considera que de la Constitución se puede deducir un plazo para la designación de los comisionados.

Eso cambiaría por completo el… twitter.com/i/web/status/1… El ministro Laynez resume a la perfección las causas que llevaron al Pleno de la @SCJN a rechazar la propuesta de sobreseer la controversia respecto de la tercera vacancia del comisionado Acuña.

Se analizarán las omisiones respecto de las 3 vacantes

Quien sustituyó al Congreso de la Unión fue la propia mayoría morenista al ignorar por completo las reglas del procedimiento legislativo, violando con ello la constitución.

La votación de una mayoría simple en el Pleno, no convalida los vicios cometidos durante el proceso‼️

https://twitter.com/gobiernomx/status/1655249540121755648

No sería la primera vez que la @SCJN invalida una norma por esos vicios y nunca se cuestionó dicha posibilidad (que es atribución expresa constitucional).