⛔️JUJUY | Exigimos la suspensión de la reforma constitucional
Tras las represiones a las protestas, un grupo de organizaciones de derechos humanos realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia.
👇 cels.org.ar/web/2023/06/ex…
La aprobación de la reforma es ilegítima, inconstitucional y significa un retroceso en la garantía de derechos humanos.
Por eso, exigimos que de manera urgente:
▶️Se suspenda la reforma constitucional y se habilite un proceso de diálogo con un mecanismo participativo.
▶️Se interrumpan los operativos de represión policial sobre las manifestaciones.
▶️Se informe sobre el paradero de todas las personas detenidas.
▶️Se desarrollen medidas para liberar a las personas detenidas por ejercer el derecho a la protesta.
Les docentes comenzaron a reclamar en marzo por sus salarios. Sus sueldos eran los más bajos del país. Ante la falta de acuerdo, empezaron las protestas en las calles, a las que se sumaron otros gremios con sus demandas. 👇
En paralelo, Morales comenzó con un proceso de reforma constitucional que limita, entre otras cuestiones, el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y el uso de recursos naturales.
El proceso de sesión de la Constituyente debía durar 90 días. Pero la Asamblea acortó el plazo a 3 semanas. Algunos de sus miembros renunciaron por su falta de transparencia. Mientras, el Ejecutivo provincial presentó un decreto para limitar las protestas que estaban sucediendo.
❌Las protestas en Jujuy son la respuesta a la sanción a una reforma de la constitución que tiene, por lo menos dos problemas graves: 👇
Uno: se hizo de espaldas a la sociedad, sin ningún proceso de construcción de consensos. Dos: su contenido debilita el funcionamiento del régimen democrático en lugar de fortalecerlo. ¿Por qué?
Porque entre otras cosas establece un marco regulatorio para impedir protestas y criminalizar a quienes decidan salir a la calle. El gobernador Morales afirmó que esto no es así. Incluso mencionó “estándares internacionales de protección de los ddhh” que serían tomados en cuenta.
El Estado nacional le concedió un permiso de uso a River Plate sobre un terreno donde funcionaba el campo de deportes de la ESMA.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión sin consultar previamente a sobrevivientes, familiares ni organismos de derechos humanos.
Tampoco se consultó al Espacio Memoria y Derechos Humanos ubicado en el predio de la Ex ESMA donde funcionó el centro clandestino de detención y exterminio.
El juez federal Ariel Lijo autorizó el permiso para que River implemente el proyecto, pero dispuso que antes de que se hagan reformas el lugar debe ser relevado por el Equipo Argentino de Antropología Forense para preservar cualquier tipo de prueba.
🔴JUJUY
Organizaciones de defensa de derechos humanos presentamos una carta a la Convención Constituyente de Jujuy expresando nuestra preocupación ante los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma de la constitución de la provincia.
El proceso de reforma constitucional se concretó en poco tiempo, sin la participación ni el debate necesario y tiene problemas de legalidad y de legitimidad.
De entrar en vigencia, derechos fundamentales como el de la protesta, se verán afectados.
En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, la reforma propone eliminarlos del texto constitucional, como si no existieran.
Siete pueblos indígenas solicitaron formalmente ser escuchados y que se apliquen los principios de consulta previa, pero no fueron recibidos.
⚠️Se filtró un documento de una consultora realizado para YPF que describe estrategias para manipular la opinión pública. El trabajo buscaba deslegitimar los discursos ambientalistas que enfrentan la explotación petrolera offshore en Mar del Plata.
El documento de comienzos de 2023 tiene el objetivo de “debilitar el rechazo y mitigar la influencia” de quienes se oponen a esta actividad petrolera, con el propósito de “ridiculizar su forma de reclamo para aislarlos”.
En lugar de poner todos sus esfuerzos en generar canales de diálogo y espacios de participación con los grupos afectados, la estrategia recomendada a la empresa se centraba en deslegitimar los reclamos sociales.