Alfredo Astiz
En la respuesta le solicitamos, entre otras cosas, que impulse la investigación de las irregularidades del accionar policial, que avanzó sobre los derechos de las personas que fueron reprimidas cuando se manifestaban.
En paralelo, Morales comenzó con un proceso de reforma constitucional que limita, entre otras cuestiones, el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y el uso de recursos naturales.
Uno: se hizo de espaldas a la sociedad, sin ningún proceso de construcción de consensos. Dos: su contenido debilita el funcionamiento del régimen democrático en lugar de fortalecerlo. ¿Por qué?
Las personas que protestan en Jujuy están del lado de la ley y la democracia.
El proceso de reforma constitucional se concretó en poco tiempo, sin la participación ni el debate necesario y tiene problemas de legalidad y de legitimidad.
El documento de comienzos de 2023 tiene el objetivo de “debilitar el rechazo y mitigar la influencia” de quienes se oponen a esta actividad petrolera, con el propósito de “ridiculizar su forma de reclamo para aislarlos”.
El tribunal de Jujuy había rechazado testigos importantes para la defensa. También le negó un peritaje para determinar la cantidad de obras que había realizado la Tupac Amaru, eje central de la acusación.
Con el caso de la China, vimos cómo actúa el punitivismo.
🔴En la presentación que hicimos junto al @ObservatorioC de Chile, @Ccajar de Colombia y la COFADEH de Honduras alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas como la de “vandalismo” para criminalizar reclamos políticos.
Esa denuncia en el sistema interamericano se presentó luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa.