Es importante analizar las propias palabras que utilizan el Tribunal Supremo para rechazar la denuncia contra Ayuso por la muerte de miles de ancianos en residencias.
Los jueces descartan que cometiera delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro o prevaricación:
“No disponemos de datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento”
Coño por eso deberían de investigar, y es la esencia de cualquier instrucción, sobre todo teniendo los protocolos de derivación.
El Tribunal Supremo ha rechazado la acción penal y, con el apoyo de la Fiscalía, ha inadmitido la denuncia, explicando que está planteada en “unos términos tan genéricos e indeterminados” que no puede prosperar.
Según ellos los protocolos de derivación son "genéricos e indeterminados".
la prueba que no les da la gana investigarlo está en sus propias palabras.
La denuncia no aporta “datos precisos” de cómo los protocolos de derivación incidieron en el número de muertes, reprocha el Supremo. “No se precisa qué concretos fallecimientos pueden atribuirse a qué concretas medidas”, dicen.
En esos momentos, para el Supremo, la situación era “extrema” y en todas las regiones se registraron “unos elevados índices de mortalidad en personas de edad avanzada”.
Por no saber, ni siquiera se sabe en qué grado se cumplieron esos protocolos.
Ayuso es intocable.
El mero hecho de discriminar a los enfermos en función de si disfrutaban o no de póliza privada de atención médica ya aporta datos suficientes para al menos abrir una investigación.
Qué fácil es encontrar excusas cuando no interesa investigar.
En un país decente:
Ayuso no sólo firmó los protocolos, sino que los defendió pública y notoriamente, diciendo que impidió la asistencia hospitalaria a los ancianos enfermos porque "de todas formas se iban a morir".
¿Para los señores magistrados esas declaraciones no son prueba de la responsabilidad de la ilustre frutera?
¿Esos protocolos no son constitutivos del delito de omisión del deber de socorro?
¿Por qué permitió que sí fueran atendidos quienes tenían un seguro privado?
¿Cuántos de estos últimos superaron la enfermedad?
¿No demuestra la supervivencia de muchos de ellos que, al menos algunos de los desatendidos por Ayuso se hubieran salvado?
No es cuestión de comparar con otras CCAA (que también), sino de comparar las diferencias en el destino de quienes fueron atendidos y quienes, dentro de la misma área de gestión, fueron abandonados a su suerte.
Incluso entre los muertos de ambos grupos ¿cree el Tribunal Supremo y el Fiscal cómplice que murieron con el mismo sufrimiento y dignidad quienes fueron asistidos en hospitales (¿Cuántos del grupo Quirón?) que quienes se asfixiaron en medio de horribles sufrimientos en unas residencias que no disponían de medios para aliviar su espantosa agonía?
Los razonamientos del T. Supremo rozan la oligofrenia jurídico-mecanicista, o la burla descarada del sentimiento de los familiares de los fallecidos por desatención.
Es difícil encontrar un caso en el que sea más evidente la relación causa-efecto entre los protocolos de Ayuso y la muerte de, al menos, algunos de los desatendidos.
Excepto para el Tribunal Supremo.
A los familiares: No os desesperéis. Seguid intentándolo.
Asociaos. Haceos con buenos penalistas.
Tarde o temprano, ganaréis, porque un disparate de tal calibre no puede perdurar eternamente.
Muchos ánimos....eldiario.es/madrid/supremo…
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