Thread by @vsip_

Tras leer la querella del Gobierno contra el juez Peinado, os transmito algunas impresiones. Anticipo que la querella es
malísima.

1. Como ya he dicho antes, que Sánchez use la Abogacía del Estado para este litigio es rallano de la malversación. Es un asunto personal y no de la Administración.

PERO, si es de la Administración debe decidirse bien. No se ha hecho. La voluntad del órgano administrativo de ejercitar la acción penal debe acordarse en un acto administrativo. En el caso del Presidente del Gobierno, mediante real decreto.

Sin un acuerdo del Presidente del Gobierno, la decisión de ejercitar la acción penal en nombre de la Administración carece de sustento legal. Eso debería bastar para que el TSJM inadmitiera la querella por falta de un requisito esencial que es la voluntad del querellante.

2. En la querella se confunden constantemente el órgano administrativo/órgano constitucional (Presidente del Gobierno) con la persona que lo ocupa, en su condición personal o profesional.

Es evidente por qué: porque la querella no guarda relación con la Administración.

3. Para que la Administración General del Estado o el Gobierno de la Nación pueda ejercer la acusación particular debe ser perjudicada por el delito. ¿Dónde radica el perjuicio para la institución? No se explica en ningún momento con un mínimo sustento en la querella.

4. Entremos vagamente en los hechos: se formula querella contra Peinado pese a que se justifica que el delito radica en una providencia dictada por otro juez, su sustituto natural, y único responsable posible de la resolución que firma. Pero no se le extiende la querella.

En realidad, salvo una extensa e innecesaria exposición de citas jurisprudenciales sin verdadero valor para la querella, no se hace esfuerzo en acreditar indicios de criminalidad en el proceder de Peinado (de nuevo, causa suficiente para la inadmisión «a limine» de la querella).

5. La fundamentación jurídica de la abogada del Estado es paupérrima, cansada, circular… es una querella redactada seguramente por quien sabe que no tiene ningún recorrido, hecha a toda prisa y con desgana.

No se explica, salvo citas vagas, por qué habría delito.

6. Por cierto, este otrosí está de más. Desde la reforma de la LEC del año 2009, que tiene carácter supletorio a la LECrim, no es necesario mencionar que se tiene voluntad de subsanar los defectos.

7. ¿Qué va a pasar? Sin duda que el procedimiento penal no va a tener ningún recorrido. Y, en mi opinión, debería tener consecuencias para quienes lo han iniciado. Ahora bien, estamos en una cuesta abajo sin frenos en la degradación institucional a la que nos ha sometido Sánchez.