Thread by @JuridicoQue

📝A raíz de la noticia donde leíamos que «un juzgado anula una multa de un guardia civil por no ser competente para sancionar», VEAMOS:

¿Puede un Guardia Civil multar en materia de seguridad vial, en un término municipal que cuenta con Policía Local?

La Ley de Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 6/2015, establece en sus artículo 5 como competencias del Ministerio del Interior, la denuncia y sanción en normas de circulación en vías INTERURBANAS y en TRAVESÍAS donde no exista policía local.

Por otro lado, en su art 7, contempla q los agentes propios d los municipios, esto es, las Policías Locales, serán competentes para denunciar las infracciones cometidas en vías URBANAS, así como la correspondencia de los municipios para sancionar tales infracciones.

El Ministerio del Interior para llevar a cabo sus funciones, como son la denuncia de infracciones, se valdrá de la Guardia Civil, especialmente de la Agrupación de Tráfico, q no exclusivamente, ya todo guardia civil sin especialidad recibe formación básica en materia d Seg.Vial.

Observamos cómo la Ley de SV establece quienes serán los competentes para denunciar en cada clase d vía pero, ¿excluye ello de la posibilidad de denunciar en vías donde inicialmente no eran las encomendadas? No. La competencia para denunciar NO es excluyente.

Afirmar q la competencia es exclusiva y excluyente para PL o Guardia Civil, supondría menoscabar la dedicación profesional d la LO 2/86, y su oposición a cualquier ilicitud administrativa qe presencien en el ejercicio d sus funciones. Conllevaría al pasotismo ante la ilegalidad.

La SV es una actividad q obliga a todos los poderes públicos a proteger a las personas y bienes en el tráfico vehicular, creando un entorno seguro para los derechos de las personas.
Abogar xq un GC o PL no puede denunciar una infracción a una norma con rango legal es disparatado.

Denunciar significa poner en conocimiento de un órgano administrativo con potestad para sancionar, unos hechos con apariencia infractora que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
Un GC puede denunciar y remitir al órgano sancionador...

con indiferencia de que sea un Alcalde, por ocurrir en núcleo urbano, o de q ocurra en vía interurbana.
Fundamentar lo contrario conllevaría a espacios d impunidad ceñidos a la actividad horaria d funcionarios policiales.
¿Si no hay disponibilidad d PL, no debe existir seg.vial?

Si en ese núcleo urbano, la PL está ocupada en otrs actividades o la escasez de plantilla impide la vigilancia o disciplina temporal del tráfico, ¿hay vía libre al menoscabo de las leyes y reglamentos de circulación? Obviamente no, el imperio de la ley es perenne, no transitorio.

¿Y si el GC o PL se equivoca y remiten las denuncias a unos órganos no competentes?

La Ley 39/2015 permite el inicio de un procedimiento administrativo sancionador mediante denuncia, como expresé anteriormente, pero cabe también a través d la petición razonada de otros órganos.

Los ptos. d naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órg. competente, debiendo impulsarse de oficio en tods sus trámites.

Si un GC o PL tienen funciones encomendadas d vigilancia en sus órdenes internas, tendrán capacidad para instar a la incoación.

El artículo 87, de la Ley de SV, ordena a denunciar, NO preceptúa una discrecionalidad, sino un mandato.
Pero, ¿se refiere únicamente este mandamiento a las PL en núcleos urbanos y GC en resto de vías?
En relación con los artículos 6 y 7 del mismo texto legal, posiblemente.

Sin embargo, calificar como «denuncia voluntaria» al traslado de unos hechos con apariencia infractora por parte de agentes de la autoridad encargados de hacer cumplir la ley es una enorme sinrazón. Comportaría menoscabar principios básicos de actuación de todo agente de la ley.

Entrañaría conculcar el principio de igualdad, ya que habría ciudadanos corregidos y denunciados por existir PL o GC disponibles, y otros pueblos propulsados por la inmunidad y la selva vial. Implicaría la inseguridad jurídica y la arbitrariedad en la aplicación de la ley.

No son denuncias voluntarias, un agente de la ley está obligado a vencer un comportamiento infractor, y comunicarlo a la autoridad sancionadora, con indiferencia de que sea Alcalde, Jefe Provincial o Avelino.
La autoridad sancionadora está sometida a idéntico marco legal.

Un órgano administrativo debe tramitar, examinar y resolver, no «archivar o remitir al cajón», al margen legal y sin que presidan los procedimientos, como conjunto ordenado de garantías.
La infidelidad en la custodia de documentos o la prevaricación omisiva son ilícitos penales.

Un ciudadano podrá denunciar voluntariamente, no hay norma q ordene a tal obligación. Un agente d la ley con formación básica en seguridad vial como son la GC y la PL, no denuncian voluntariament, cumplen su inherente función de defensa legal, con indiferencia de quien sancione.

Adjetivar como voluntariedad por el mero hecho de no dotar de presunción de veracidad o valor probatorio a unas denuncias, es un absurdo, máxime cuando esa presunción legal es destruible y no definitiva (iuris tantum).
El órgano administrativo examinará lo aportado por el agente.

El órgano sancionador deberá evaluar lo denunciado, dirimiendo si es suficiente par enervar la presunción d inocencia dl supuesto infractor.
El Reg. de pto. sancionador SV, diferencia denuncias voluntarias d obligatorias, y lógicamente, las d los agentes jamás serán VOLUNTARIAS.

En definitiva, q el legislador d esta norma pudo haber concretado mejor al normar sobre comp.territoriales es una realidad, aunq las normas deben interpretarse con el conjunto d p°s y valores del ordenamiento, para extraer el auténtico espíritu legal, y su efectivo cumplimiento.