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May 24 13 tweets 21 min read Read on X
Ayer recibí los dos informes de la UDEF sobre Zapatero, como me imagino le ha pasado a media España.

He hecho como Rufián el otro día y apenas he dormido leyendo todo por aclararme.

Como los medios sacan noticia por noticia para ganar clicks… he decidido ordenar las ideas y hacer un hilo completo sobre el caso.

El informe 1907 (186 páginas) reconstruye la estructura: quién es quién en la red, qué sociedades controlan, por dónde se mueve el dinero, dónde acaba y qué papel juega cada implicado. Es la radiografía societaria y financiera.

El informe 1908 (158 páginas) reconstruye la cronología: ordena por fecha los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y reuniones recuperados del móvil de Rodolfo Reyes y de los demás dispositivos intervenidos. Es el guion temporal del caso.

Uno te explica el cómo y el cuánto, el otro te explica el cuándo y el con quién.

Por eso, a lo largo del hilo, las capturas alternan entre los dos: cuando se cita un mensaje concreto (una frase, una hora, un día), la fuente es casi siempre el 1908; cuando se cita una conclusión policial, una titularidad societaria o un flujo de dinero, la fuente es el 1907.

Abrochaos los cinturones… que empezamos.🧵Image
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Lo primero, la frase clave del informe, literal en las conclusiones: “una red organizada (…) liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Un expresidente del Gobierno señalado por la policía como cabeza de una organización criminal.

En España no había pasado nunca, aunque alguno de la sincronizada o de Radio Televisión Espantosa esté hablando de Felipe, Aznar o citando lo de de M. Rajoy, un apunte falso de Bárcenas.

El caso es por el rescate de 53 millones que la SEPI le dio a Plus Ultra en marzo de 2021.

Una aerolínea con una flota reducidísima (la propia UDEF dice que en algún momento llegó a operar con un solo avión), un 0,03% de cuota en rutas España-Iberoamérica, deuda pendiente con la Seguridad Social y dueños venezolanos a los que Estados Unidos estaba investigando por blanqueo.

Sobre el papel, era la última empresa del país que tenía que haber sido rescatada, y por tanto haber cobrado ese dinero.

Lo que documentan los informes es cómo.

La respuesta tiene muchas capas de profundidad, y merece la pena detallar todo bien.Image
Ya lo habréis leído pero conviene poner algo negro sobre blanco: si tenemos información, es gracias a Estados Unidos.

En 2021, el HSI —que es la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, una especie de FBI especializado en delitos económicos transnacionales— estaba investigando a un ciudadano venezolano residente en Madrid, Rodolfo Reyes Rojas, por blanqueo y por evasión de sanciones americanas a través de empresas pantalla.

Una de esas empresas era Plus Ultra Líneas Aéreas.

Como parte de esa investigación, los americanos hicieron una extracción forense del móvil de Reyes. Y cuando vieron lo que había dentro, hicieron dos cosas.

Pidieron las autorizaciones judiciales que tocaba para compartir esa prueba con otro país, y se la entregaron a la UDEF para que pudiera sostener cargos penales aquí.

Esa entrega es lo que abre las diligencias 77/24 ante el Tribunal Central de Instancia número 2.

Sin ese móvil no hay nada. No hay “vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”, no hay “nuestro pana Zapatero detrás”, no hay listas de clientes por WhatsApp, no hay “finance boutique”.

El caso no existiría. Los entrecomillados son reales del informe.

Y conviene parar un segundo a pensar lo que eso significa. Ha tenido que ser una agencia extranjera la que entregue, en bandeja, las pruebas necesarias para abrir una investigación sobre un expresidente del Gobierno español.

La policía española, los tribunales, los organismos antifraude, la propia SEPI: todos tenían a Plus Ultra delante durante años.

No sé si fue por incapacidad técnica, que ya me parecería un problema. O si fue por falta de voluntad institucional, que sería otro mucho más grande.Image
Una de las cosas que más sorprende al leer las conversaciones que reconstruye el informe 1908 es lo poco que se cuidan los implicados al hablar entre ellos.

No hay claves, no hay eufemismos. Se entienden perfectamente y le ponen incluso nombre propio a su estructura.

El 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra, le escribe a Rodolfo Reyes para hablarle del entorno de Zapatero al que acaban de acceder.

Y le dice esto: “Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por vendrá la mordida”.

Lo de boutique financiera y mordida, en la misma frase, sin ningún rodeo.

La UDEF lo único que hace en su informe es coger esa palabra suya, “boutique”, y traducirla a jerga policial: “red organizada para el ejercicio de influencias ilícitas”.

Y el tono es ese todo el rato. Cuando Reyes le sugiere al vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que recurran a Zapatero, Sola le contesta literalmente: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.

Es el tipo de frase que aparece más de una vez en los chats.

Un cliente venezolano de la red, Domingo Amaro, le escribe a Martínez Martínez para preguntarle por qué tarda en contestar. Julio le dice que está “en misión de Z”.

El propio Manuel Fajardo, el segundo lugarteniente, en otra conversación: “en el equipo del amigo estamos él y yo”. Llaman a Zapatero “el amigo”, “el jefe”, “el líder”, “Z” y, cuando se ponen formales, “Presidente”. Pero todos saben perfectamente de quién hablan.

Esa autodenominación importa, porque lo que la UDEF describe como organización criminal es exactamente lo que sus propios miembros llamaban “EQUIPO” en mayúsculas y “finance boutique”.

No es interpretación de la policía, es vocabulario suyo.

Y eso da paso a la pregunta clave del caso: ¿cómo demuestra la UDEF que Zapatero es realmente el jefe de esa estructura, y no un nombre que los demás invocaban para impresionar?Image
A partir del lenguaje interno, la UDEF reconstruye la jerarquía de la red con bastante precisión.

En lo más alto, Zapatero, ejerciendo lo que el informe describe como “un liderazgo no visible en la estructura formal”, o sea, sin figurar en ninguna parte.

En el segundo nivel, sus dos hombres de confianza: Manuel Fajardo, que opera desde Venezuela, y Julio Martínez Martínez, que es quien aparece formalmente al frente de las sociedades en España.

Y en el tercero, la operativa diaria: María Gertrudis “Gertru” Alcázar, secretaria oficial de Zapatero en su despacho de la calle Ferraz 35, y Cristóbal Cano, director administrativo del entramado de Martínez Martínez.

La pieza clave del esquema es Martínez Martínez. Controla 39 sociedades distintas, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. Veinte están inactivas, ocho activas no tienen empleados.

Es decir, no es un grupo empresarial real, es una infraestructura de instrumentos contables.

Y la mejor síntesis de su función la da uno de los clientes venezolanos de la red, Danilo Diazgranados, en una conversación interceptada con el abogado Palomero: dice de Martínez Martínez que “es el banco del jefe”.

Palomero responde que entiende perfectamente lo que quiere decir.
Una sola frase y queda descrita la naturaleza de la relación.

Martínez Martínez no es socio, ni empleado, ni asesor. Es el lugar donde se aparca el dinero del jefe.

¿Cómo se prueba además que el jefe es Zapatero, y no Martínez Martínez?

La prueba más limpia está en dos archivos de Excel.

El 6 de julio de 2021, a las cuatro y media de la tarde, Zapatero le envía por WhatsApp a Martínez Martínez dos archivos con segundos de diferencia. Uno se llama “LISTA AR OK.xlsx” y el otro “DIRECCIONES EMAIL JM.xlsx”.

Lo que contienen es el listado de personas y empresas a las que se debe enviar el informe mensual de “asesoría estratégica” que produce Análisis Relevante, la sociedad formalmente titulada por Martínez Martínez. La cartera completa de clientes, enviada por Zapatero al titular de la empresa.

A esto la UDEF lo llama, textual: “la verdadera dirección ejercida por José Luis Rodríguez Zapatero”.

Y a la posición formal de Martínez Martínez la describe como “una mera apariencia o cobertura instrumental, destinada a encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones”. Página 82 del informe 1907.

Y luego está la secretaria de Zapatero, Gertru. Los correos analizados la muestran trasladando instrucciones de su jefe a Cristóbal Cano sobre qué facturas emitir y por qué conceptos.

La oficina oficial de un expresidente, financiada con cargo público, funcionando como nodo de coordinación contable de la red.

Pero hay una pieza todavía más demoledora de la dirección personal de Zapatero.

Es un chat de WhatsApp donde aparecen nombres muy incómodos.Image
Hay un chat de WhatsApp en este caso que ha pasado bastante desapercibido en los titulares, y que merece una lectura cuidadosa, porque coloca a Zapatero dirigiendo personalmente la operación y arrastra de paso a la cúpula de una multinacional cotizada.

El chat se llama “AR”. Lo creó Sergio Sánchez en abril de 2020, dos meses después de constituirse la sociedad Análisis Relevante.

Cinco participantes, y los nombres importan.

Julio Martínez Martínez (testaferro de la sociedad).

Sergio Sánchez Benítez (titular del 25% de la empresa, redactor material de los informes que se venden, y actual responsable de Relaciones Institucionales de Movistar+).

José Luis Rodríguez Zapatero.

Y dos miembros de la familia De Paz: Javier de Paz Mancho, hoy presidente de Movistar+, y su hija Silvia de Paz, hoy socia del bufete Pérez-Llorca.

Recordemos qué es Movistar+.

Es la división de contenidos y televisión de Telefónica, una compañía cotizada del Ibex 35.

Su presidente y un alto ejecutivo del mismo grupo aparecen, junto a una abogada de Pérez-Llorca, dentro del chat operativo interno de la sociedad que la UDEF describe como núcleo de una organización criminal.

La interpretación de la UDEF no se anda con eufemismos: el chat demuestra “la participación activa y directa de José Luis Rodríguez Zapatero en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante S.L.”.

Eso desmonta de raíz la línea de defensa que Zapatero ha venido sosteniendo en público, que se reduce a “yo asesoraba, no tenía nada que ver con la gestión”. Estar en el chat operativo durante meses no es asesorar.

Telefónica, por su parte, ha cerrado filas con sus dos directivos diciendo que no hay nada irregular. Pero también sabemos que el gobierno socialista ha maniobrado para hacerse con su control. Veremos.

El propio De Paz ha admitido que llegó a hacer un pago para asociarse a Análisis Relevante y que canceló en el último momento, lo que no encaja del todo con la versión de “no sabía qué era esa sociedad”.

Hay una pieza más que conviene leer al lado de esta.

En agosto de 2020, Plus Ultra se planteó pagarle 44.000 euros a Indra a través de su filial Minsait por un informe técnico necesario para el rescate.

Lo discutieron así, textual: “que lo aprueben y le regalamos los 44k. Hacemos un contrato vitalicio con Indra. Pero después de que tengas los riales”.

Es decir, propusieron incorporar a la cotizada española al esquema de pago contingente al éxito del rescate.

No prosperó, pero el matiz no es menor: Javier de Paz fue durante años figura relevante del entorno de Indra y siempre vinculado al PSOE en sus movimientos.

No estoy sugiriendo conexión causal directa, pero el solapamiento de nombres y empresas merece mención. Lo dejo ahí.

Esta es la primera vez en el caso que el nombre de una cotizada del Ibex empieza a aparecer dentro del perímetro.

No será la última.Image
Hasta aquí el frente Zapatero.

Pero Plus Ultra no se la jugó a una sola carta.

Mientras trabajaba esa vía, abrió otra en paralelo a través de Ábalos. La UDEF reconstruye la segunda con el mismo nivel de detalle.

23 de marzo de 2020, en pleno confinamiento. Rodolfo Reyes le pregunta al abogado Miguel Palomero de Juan dónde podrían “tocar puertas” a nivel político.

Palomero contesta: “Tocamos a Abalos”.

Esa noche queda abierta lo que la UDEF llama, en el informe, “la vía Ábalos”.

Mes y medio después, el 4 de mayo, Palomero le escribe a Reyes: “Rodo, hemos hecho un approach a la mano derecha del ministro”.

La mano derecha es Koldo García Izaguirre, lo identifica la propia UDEF.
8 de julio.

La secretaria de Pedro Saura, entonces Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, llama a Plus Ultra “de parte del ministro” para concertar una reunión.

La cita se fija para el 22 de julio.

Al salir, Sola y Roselli escriben a Reyes el resumen: “Se notaba que nos han recibido por ‘altas’ recomendaciones”. Reyes les contesta con una frase que no se presta a mucha interpretación: “Si bro. Nuestro pana zapatero detrás”.

Las dos vías terminan confluyendo, y hay un detalle que cierra el cuadro entero.

El 7 de septiembre de 2020, Zapatero se reúne con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Ministerio de Trabajo.

Desde Transportes, Rubén Eladio López Martínez, director de la Unidad de Emergencias del ministerio de Ábalos, le escribe a Koldo en directo: “Está zapatero reunido ahora mismo con el ministro de inclusion y seguridad social”. Koldo se lo reenvía a Ábalos.

Tres ministerios siguiendo en tiempo real una sola reunión.

La fecha importa por el contexto.

Esa misma semana, Plus Ultra arrastraba 451.954 euros de deuda con la Seguridad Social, y ese era justo el requisito que no cumplía para acceder al rescate.

La reunión Zapatero-Escrivá cae exactamente en esa ventana.

Que Ábalos siguiera la reunión por WhatsApp mientras Koldo le reenviaba mensajes desde el ministerio da una idea bastante clara del nivel de coordinación entre las dos vías.

Y que hubiera un alto cargo del Mitma actuando como informante de los movimientos del expresidente añade una capa adicional, sobre el papel de la administración pública, que todavía no ha tenido respuesta.

Y esto también es importante por lo que cuenta Ketty Garat: que colisionaron intereses de la trama Zapatero con los de la trama Ábalos, y que por eso se destapó lo del ministro.

Porque estaba “molestando” demasiado al business del expresidente.Image
9 de marzo de 2021. El Consejo de Ministros aprueba el rescate.

Conviene tener clara la dimensión de lo que pasó ese día.

Una aerolínea con una flota reducidísima, un 0,03% de cuota en rutas España-Iberoamérica, deuda pendiente con la Seguridad Social y dueños venezolanos investigados por Estados Unidos consiguió 53 millones de fondos públicos.

Por ley, esa empresa no podía cobrar nada.

Lo que documentan los informes de la UDEF es cómo se fueron sorteando, uno por uno, los filtros que en teoría tenían que haberlo impedido.

El primero, estar al corriente con la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019.

La Tesorería informa al juzgado, en respuesta al requerimiento judicial, que Plus Ultra arrastraba en ese momento una deuda viva de 451.954 euros, generada entre julio de 2017 y mayo de 2020.

Sin embargo, Plus Ultra presentó a la SEPI dos certificados fechados el 20 de agosto de 2020 diciendo lo contrario, que no debía nada.

La propia UDEF lo describe como “datos falsos aportados a la SEPI” para sortear el filtro. Sin esa falsificación, el expediente ni se podía haber tramitado.

El segundo, la información que circulaba dentro del proceso.

El 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez ya felicita a Camilo Ibrahim Issa, accionista venezolano de Plus Ultra, por “la próxima obtención del préstamo”.

El problema es que el Consejo Gestor del FASEE, el órgano técnico que tiene que decidir, no se reúne hasta el 2 de marzo, y el Consejo de Ministros no aprueba hasta el 9.

Alguien dentro del Estado le filtró el resultado, con fecha y todo, antes de que la decisión existiera formalmente.

El tercero, el propio expediente del rescate. Cuando el juez le pide a la SEPI toda la documentación, llegan carpetas vacías, archivos que no abren y correos completos del periodo desaparecidos.

Cuando el juez insiste y reitera el requerimiento, la segunda respuesta llega aún más incompleta que la primera, con menos archivos.

Faltan documentos básicos de la fase de concesión.

Y el cuarto lo cuentan ellos mismos.

Roselli a Reyes, hablando de qué responder a la SEPI sobre el préstamo de Panacorp: “Ya sabes, un poco más de maquillaje, como ya dijimos la otra vez”.

Maquillar la información oficial al organismo que estaba evaluando si darles 53 millones.

Cuatro filtros sorteados, todos en la misma dirección, todos compatibles entre sí.

Llamar a esto un rescate, visto lo visto, es ser muy generoso.Image
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Hay una parte del informe que conviene leer despacio, porque es de las más graves desde el punto de vista penal, y la UDEF la documenta con frases textuales de los propios implicados.

31 de diciembre de 2020, a primera hora de la mañana.

Un tal Felipe Baca, del entorno empresarial venezolano de Reyes, le entrega al abogado Miguel Palomero (el mismo que abrió la vía Ábalos) un paquete con 50.000 euros en efectivo.

La conversación por WhatsApp queda recogida así:
— Felipe Baca: “Creo que en ese paquete sí hay 50”.
— Miguel Palomero: “Bien hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios jeje”.

Un abogado, en pleno proceso del rescate público de Plus Ultra, confirma la recepción de 50.000 euros en metálico y los justifica, sin que nadie se lo pida, diciendo que sirven para “cuidar a jueces, policías y funcionarios”.

Lo escribe él. Por WhatsApp. El 31 de diciembre por la mañana.

Y no es un pago aislado.

En las tres semanas siguientes, Palomero deja registro de más entregas: 2.000 euros a una mujer identificada como “Jess”, 20.000 que le da a Reyes y que el propio Reyes dice expresamente que “no son para mí”, otros 3.000 a una tal “Alejandra”.

En total, unos 75.000 euros en metálico en menos de un mes. Sin factura. Sin transferencia. Sin trazabilidad de ningún tipo.

La cronología importa porque esos pagos no son periféricos al caso, son contemporáneos al núcleo.

Los 50.000 del 31 de diciembre caen dos semanas antes de que IDELLA firme con Plus Ultra el contrato del 1% que abre el rescate.

Los 20.000, al día siguiente de esa firma.

El dinero negro circula exactamente cuando se cierran los acuerdos formales que iban a canalizar los millones por factura.

Y luego está lo más peor, que es la propia frase de Palomero.

Si los 50.000 euros eran, según él, para “cuidar a jueces, policías y funcionarios”, la pregunta natural es a quiénes exactamente.

Porque cuidar a esos tres colectivos con dinero en metálico tiene un nombre concreto en el Código Penal.Image
Sorteados los filtros, queda la otra mitad del caso: a dónde va a parar el dinero.

Y aquí el informe 1907 deja todavía menos margen interpretativo.

Plus Ultra paga directamente al entramado de Julio Martínez Martínez 598.910 euros en transferencias bancarias documentadas.

De forma indirecta, a través de dos sociedades que la UDEF describe como instrumentales (Caletón Consultores y Summer Wind), otros 382.602 euros.

Y en paralelo, otras tres empresas sin vinculación aparente con Plus Ultra meten fondos al mismo entramado: Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Inteligencia Prospectiva, por sí sola, mueve 2,6 millones de euros en cuentas entre 2020 y 2025, prácticamente sin actividad real que lo justifique, alimentada solo por aportaciones de sus socios.

Cuando se sigue la cadena hasta el final, todos esos flujos acaban en dos sitios: el propio Zapatero y su familia.

A Zapatero, en una cuenta del Banco Santander, le llegan 490.780 euros desde Análisis Relevante, 681.318 euros desde el grupo Thinking Heads y 352.980 euros desde el GATE CENTER.

Más de millón y medio en total. Justificados como “conferencias, asesoramiento estratégico y docencia geopolítica”.

Cantidades muy importantes, conceptos muy vagos.

A las hijas, Alba y Laura, a través de WhatTheFav: 561.440 euros desde Inteligencia Prospectiva, 239.755 desde Análisis Relevante y 171.727 desde GATE CENTER. Y a las cuentas personales de las dos, donde figura el padre como autorizado, otros 247.191 euros (Laura) y 199.904 (Alba).

Y luego estás casa.

En febrero de 2024, Zapatero y su mujer, Sonsoles Espinosa, compran una vivienda en la calle Ramón Crespo de Madrid por 580.000 euros. Banco Santander les da una hipoteca de 500.000. En enero de 2025, apenas once meses después, la hipoteca queda cancelada anticipadamente con una transferencia de 498.000 euros que ordena la propia Sonsoles desde una cuenta alimentada por el circuito.

La casa, al final, se acaba pagando con el mismo dinero que paga al jefe de la red. Y no son indicios ni suposiciones: son transferencias trazadas por la UDEF, con número de cuenta, ordenante, fecha y concepto.

Como dice el propio informe, el grueso de los fondos del entramado “irían a parar al entorno del expresidente”.Image
De todas las piezas del caso, la sociedad de Dubai es la que con menos rodeos coloca a Zapatero dando instrucciones directas a la red.

19 de enero de 2021. IDELLA Consulenza Strategica, una de las sociedades de Julio Martínez Martínez, firma con Plus Ultra un contrato presentado oficialmente como “asesoramiento estratégico para la solicitud de ayuda al FASEE”.

El detalle clave del contrato es la remuneración: el 1% más IVA del importe total de la ayuda que apruebe la SEPI.

Un porcentaje atado al éxito.

Como Plus Ultra acabó cobrando 53 millones, ese 1% son 530.000 euros (641.300 con IVA).

Una semana exacta después de la firma, el 26 de enero, arrancan las gestiones para constituir una nueva sociedad en Dubai. Se llama LANDSIDE DUBAI FZCO. El 100% del capital pertenece a IDELLA.

Le atribuyen un plan de negocio con ganancias previstas de 3 millones de dólares en cinco años, sin actividad operativa que lo respalde.

Lo que dice la UDEF sobre esta sociedad merece reproducirse con exactitud, porque es una de las frases con más peso jurídico individual del informe 1907: la reunión del 26 de enero para constituir la sociedad fue “organizada por José Luis Rodríguez Zapatero”.

Aquí la UDEF podía haber escrito “del entorno” o “de personas próximas” y se cubría.

No lo hace. Habla de una reunión organizada por él, y la apoya en correos electrónicos hallados en el ordenador del propio Martínez Martínez.

¿Para qué montar una sociedad ahí?

La hipótesis policial es clara y la cronología la respalda: para cobrar el 1% del rescate público español en una cuenta bancaria de Emiratos, fuera del alcance del fisco español.

El informe dice que no consta que ese 1% se haya pagado nunca en España.

El orden de los acontecimientos cuesta explicarlo de otra manera.

Se firma un contrato vinculado al éxito del rescate, una semana después se monta un vehículo offshore en un emirato, y el expresidente del Gobierno español dirige personalmente las instrucciones para crearlo.

Todo en enero de 2021, mientras la SEPI estaba evaluando si darle 53 millones de fondos públicos a una empresa con un solo avión.

Un detalle que conviene recoger: la UDEF añade, casi de pasada, que el entramado de Martínez Martínez “dispondría de otras mercantiles y fondos radicados en territorios off shore”.

LANDSIDE Dubai es solo la que ha emergido por Plus Ultra. Hay más, y la más antigua es de las Islas Vírgenes Británicas, año 2016, con cartera gestionada por un broker en Miami.

Esto da para post propio en otro momento.

En esto consiste, en buena parte, lo que el expresidente llama “asesoramiento internacional” desde que dejó el cargo.Image
Si los posts anteriores muestran cómo se sacó Plus Ultra adelante, el último capítulo importante de los informes muestra que

Plus Ultra no era un caso aislado, sino una pieza dentro de algo más grande.

Una operación permanente de mediación entre la oficina del expresidente y el régimen de Maduro.

Marzo de 2023. Domingo Amaro Chacón, administrador de Inteligencia Prospectiva (la sociedad que en el post 9 vimos transfiriendo 561.440 euros a las hijas de Zapatero a través de WhatTheFav), está en Caracas como parte de una visita oficial.

Le reporta por mensaje a “Presidente”. El informe deja poco margen de duda sobre la identidad: “Presidente” es Zapatero.

El reporte es largo y vale la pena leerlo entero porque describe el alcance real de la operación.

Aparece la “Dama”, que es Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y sancionada por Estados Unidos.

Aparece el “Presidente M”, que es Maduro. Aparece el ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo, descrito como “protagonista institucional” de las reuniones.

Aparece el gobernador del Estado Guárico, José Vásquez.

Hay visita a instalaciones públicas de producción y almacenamiento de maíz, propiedad del Estado venezolano, y reuniones para atraer “grandes capitales” al “Proyecto Blue”, una empresa mixta donde el Estado tiene el 55%.

Y al final del reporte, textual: “en el caso del Sr. Sawiris, venimos desde hace años apoyando para que se interesen los grandes capitales a invertir”.

Sawiris es Naguib Sawiris, el magnate egipcio.

Es decir, llevan años, en plural, haciendo lobby para atraer inversiones extranjeras a empresas del Estado venezolano.

La conclusión natural es desagradable, pero conviene formularla.

La oficina del expresidente Zapatero, según los informes de la UDEF, opera de forma sostenida como intermediario entre capitales internacionales y el régimen chavista.

Plus Ultra es un episodio dentro de esa operación más amplia.

La caja registradora son las consultoras españolas (Análisis Relevante, Thinking Heads, GATE Center) y la sociedad de las hijas.

El cliente final, en muchos casos, es directamente el aparato económico venezolano.

Esto excede el Código Penal español y entra ya en terreno de las sanciones internacionales norteamericanas, que es exactamente lo que estaba investigando el HSI cuando le metió mano al móvil de Reyes.

Que el caso empiece y termine en el mismo punto no es casualidad.Image
Hay una parte de los informes que conviene leer al final, porque le da forma y sentido a todo lo demás.

La UDEF no solo documenta lo que la red hizo. Documenta también lo que la red hizo para que no se supiera lo que estaba haciendo.

Lo primero, Julio Martínez Martínez borraba mensajes de forma sistemática.

La policía lo detecta porque, al cruzar conversaciones recuperadas de varios terminales distintos, encuentra huecos que solo desaparecen en un lado del chat.

La UDEF lo describe como “una estrategia orientada a dificultar la trazabilidad de sus comunicaciones y, por ende, su vinculación con José Luis Rodríguez Zapatero”.

O sea, destrucción de pruebas.

Lo segundo es más sutil pero también muy revelador.

En el móvil de Martínez Martínez aparecen varios mensajes que, por su contenido, claramente no iban dirigidos a él, sino a Zapatero.

Mensajes que empiezan con “Presidente, le reporto las novedades” y terminan con “Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones”.

La interpretación de la UDEF es la más lógica: Martínez Martínez actuaba como buzón intermedio para que esas comunicaciones no figuraran en el terminal del expresidente.

Una capa de anonimización montada a propósito.

Lo tercero, el detalle del aeropuerto.

En un correo intervenido, Cristóbal Cano le escribe a Gertru, la secretaria de Zapatero: “Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar”.

La frase se refiere al registro de la Sala de Autoridades del aeropuerto de Madrid-Barajas.

O sea, viajan juntos, pero piden que el nombre de Martínez Martínez no quede registrado.

Y por si quedaban dudas, en mayo de 2022 le piden a un abogado, por orden expresa de Martínez Martínez, que borre la palabra “comisión” del borrador de un contrato con Grupo Aldesa.

Si lo pactado fuera una comisión legítima, no haría falta borrarla.

Borrar mensajes, montar buzones intermedios, esconderse en una sala VIP, censurar palabras en contratos.

Son comportamientos que en derecho penal se llaman conciencia de la ilicitud.

Nadie hace todo eso si entiende que lo que está haciendo es legítimo.

Nadie monta sociedades en Dubai para cobrar conferencias.

Y eso, leído entero, es lo que de verdad impresiona del caso.

No tanto cada hecho por separado, sino que todos ocurran al mismo tiempo, en el mismo expediente y alrededor de las mismas personas.

Un expresidente del Gobierno, una red jerarquizada, un rescate público de 53 millones, una sociedad offshore en Dubai (y otra anterior en las Islas Vírgenes), sobres en metálico, pagos a las hijas, certificados falsificados ante la Seguridad Social, mensajes borrados, una operación de fondo al servicio del régimen venezolano.

(Y esto ya lo digo yo, pero detrás está el gobierno chino maniobrando.)

Y un Estado español que ha tardado cinco años en empezar a reconstruir todo esto, y que ha podido hacerlo, en última instancia, gracias a Estados Unidos.

Eso es lo que cuentan los informes 1907 y 1908 de la UDEF.

El 2 de junio, Zapatero declara como investigado ante el juez Calama en la Audiencia Nacional.

Habrá que estar atentos.

Yo por lo pronto… me voy a dormir.

FIN DEL HILO. 🧵Image

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Jun 12
Me ha llegado el auto sobre las joyas de de ZP.

Y aunque ya habréis leído la mayoría de las cosas, voy a repasarlo.

El juez Calama, desde la Audiencia Nacional, imputa a José Luis Rodríguez Zapatero dos delitos nuevos: contra la Hacienda Pública y contrabando.

El motivo son las joyas intervenidas en el registro del 19 de mayo en su despacho de la calle Ferraz.

La tasación pericial preliminar entró en el juzgado ayer jueves: 1.323.915 euros.

Con esa cifra sobre la mesa, el juez abre pieza separada dentro de las Diligencias Previas 77/2024 (el caso Plus Ultra) y le comunica la imputación.

Declarará como investigado por esto el mismo día que ya tiene señalado para declarar por la causa principal.

Que va, según enumera el propio auto, de “tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros”.

Os voy a contar qué se llevaron exactamente, cómo se tasó, y qué razona el juez para ver dos delitos,

Empezamos. 🧵Image
Qué había exactamente en ese despacho.

Primero, el sitio. El auto lo ubica con precisión notarial: "Calle Ferraz, número 35, piso 1º izquierda". El despacho de ZP.

Son 16 referencias, Doc. 041 a 056. Cuando Ansorena las despieza para tasarlas, su tabla tiene 79 entradas individuales.

El surtido: collares de zafiros, rubíes y esmeraldas cuajados de diamantes.

Pulseras a juego. Sortijas de cóctel. Pendientes tipo chandelier.

Relojes Longines, Omega, Pierre Balmain, Certina, Lorenz, Dogma y Krono.

Perlas cultivadas y perlas de imitación.

Cruces, medallas, alfileres de bebé.

La horquilla va del collar de 278.000 euros a una sortija de plata de 25.

Once piezas están tasadas como "sin valor": perlas de imitación, metal chapado, un gemelo desparejado.

Y luego está la bolsa.

El Doc. 0052 es, literal en el auto, una "Bolsa con inscripción 'presidencia del gobierno'".

Dentro: 16 piezas, entre ellas un reloj de bolsillo Longines de oro (3.000 €), un Omega de oro de señora (3.000 €) y un collar italiano de oro bicolor (3.300 €).

Sumando la tabla de Ansorena, el contenido de la bolsa ronda los 18.400 euros.

Una bolsa de Presidencia del Gobierno haciendo de joyero.

Hay también piezas con nombre propio grabado: una placa médica con "Jose Luis RZ", alfileres con "Alba".

Vamos, que hay cosas muy caras mezcladas con baratijas.Image
Cómo se tasó.

El expediente documenta la cadena de custodia al milímetro.

3 de junio: el juez ordena un "análisis preliminar" de las joyas: naturaleza, autenticidad, valor de reposición, fabricante y fecha aproximada de fabricación.

Encarga la pericia a la joyería Ansorena, con juramento del art. 474 LECrim.

8 de junio: dos peritos de Ansorena juran el cargo y empiezan a examinar lote a lote en dependencias de la UDEF.

La hoja de cadena de custodia es una tabla rellenada a mano, con bolígrafo: Doc. 041, inicio 10:15, fin 11:35. Doc. 042, de 10:20 a 11:35.

Así con todo.

Ese mismo día los peritos avisan: algunas gemas no se pueden valorar con los medios que hay allí.

9 de junio: dos policías trasladan cinco referencias al Instituto Gemológico Español, en la calle Alenza.

De algunos juegos viaja solo una pieza: un pendiente, un anillo.

Tres gemólogos firman los dictámenes D-68039 a D-68044.

10 de junio: el director general de Ansorena entrega el informe a la UDEF.

11 de junio: la UDEF lo remite al juzgado.

Y aquí el detalle que me gusta: va "en un sobre precintado, desconociéndose en este momento el importe de la valoración efectuada".

O sea, ni los policías que llevaban el asunto sabían la cifra.

12 de junio: auto.

Hay polémica con que la tasación la haga Ansorena, pero su prestigio está sobradamente probado.

Y no vamos a dudar tampoco del Instituto Gemológico Español.

Y también es justo decir que la trazabilidad de estas joyas, del despacho al laboratorio y vuelta, está hecha con precisión suiza.Image
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Jun 3
Venga, vamos al lío.

Hace unos días os conté lo que decía el auto del juez Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán.

Aquello era el plan sobre el papel. Hoy os traigo lo que pasó cuando ese plan se puso en marcha.

He podido acceder a dos piezas nuevas:

Una es el atestado 93/2026 de la UCO: lo que la Guardia Civil hizo y encontró en los registros del 27 y 28 de mayo.

La otra son las actas de declaración de 16 testigos, de esos mismos días.

Y hay tela. Cosas muy graves. Y alguna que da hasta vergüenza ajena.

Lo de siempre, que no se me olvide: esto son indicios y declaraciones, no una sentencia. Lo valorará el juez.

Os aviso de que es largo, porque el caso lo es.

Voy a intentar contarlo lo mejor que pueda.

Empezamos. 🧵Image
Empiezo por esto: intentaron comprar a una testigo para que mintiera al juez.

La testigo es la archiconocida Carmen Pano.

Llevaba tiempo declarando una cosa muy concreta: que entregó dinero en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz, en dos ocasiones.

Y antes de seguir, una cosa. Pano está investigada en otra causa por delitos contra Hacienda en lo de los hidrocarburos.

Así que su relato hay que cogerlo con cautela.

Dicho esto, lo que cuenta es muy serio, y la UCO lo recoge como indicio.

Cuenta que, antes de ir a declarar en febrero de 2025, alguien intentó comprarla. Pagarle por cambiar su versión sobre el dinero de Ferraz.

¿Quién?

Alguien en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz. La que entonces defendía a Koldo García.

Y la cosa se coció en cuatro reuniones.Image
En la primera reunión van directos.

Le dicen a ella y a su chófer, Álvaro Gallego, que “había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz”.

Ella pregunta si es gente del partido. Y le responden, textual: “sí, gente del partido, gente del PSOE”.

Ella se queda a cuadros, y ahí la abogada le suelta la frase que lo resume todo. Que esto era “para salvar el culo a Ábalos y a Koldo”.

A esos dos los llamaron “cabezas de turco”.

Porque el “malo” de verdad, según ellos, era Víctor de Aldama.

O sea, te pago para que cambies tu declaración. Salvo a unos y le cargo el muerto a otro.

Lo declara ante la Guardia Civil.Image
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May 30
Lo prometido es deuda, y como os dije anoche… tengo una sorpresita.

He podido acceder al sumario del caso Begoña Gómez.

En concreto a los Tomos XXX y XXXI del Tribunal del Jurado 1146/2024.

Dentro del Tomo XXXI está la pieza más importante: el atestado nº 86/2026 de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, firmado el 21 de mayo de 2026.

Muchas páginas de análisis (más ocho anexos) sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y la plataforma “Transforma TSC”.

Pero antes, una advertencia esencial, que no quiero que se entienda mal.

Esto es un informe policial. La propia UCO lo dice de forma expresa: todo lo que contiene se emite “en términos de presunción”, como indicios, sometido a la valoración que haga la autoridad judicial.

No es una sentencia. Es el trabajo de la policía judicial, que el juez usará junto al resto del sumario.

Y algo importante que voy a respetar en todo el hilo: el informe tiene cal y arena.

Hay cosas que apuntan contra Begoña Gómez y cosas que la UCO descarta expresamente.

Las dos están en el sumario, y las dos las voy a contar.

Va a ser un hilo largo.

Si te interesa el caso, merece la pena porque voy a intentar explicar todo bien.

Empezamos. 🧵Image
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Primero, qué es la Cátedra. Sin esto no se entiende lo demás.

La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se crea por un convenio firmado el 30 de octubre de 2020.

Entre tres partes: la Universidad Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

Las aportaciones, con cifras: Reale puso 60.000 euros en un pago único. La Caixa, 15.000 euros anuales.

Además, la Cátedra captó después otros 176.000 euros de Telefónica, Google, Numintec y la Fundación Human Age Institute (del grupo Manpower), de los que 158.400 fueron a su fondo propio.

La dirige Begoña Gómez. Esposa del presidente del Gobierno.

¿Y qué hacía la Cátedra?

Sobre el papel, según el convenio, era una estructura de colaboración entre la universidad y empresas para trabajar la “transformación social competitiva”: básicamente, ayudar a las empresas a medir y mejorar su impacto social y medioambiental, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenía tres líneas: formación, investigación y divulgación.

La pata de formación eran dos másteres propios de la UCM.

Uno, el Máster en Transformación Social Competitiva.

Otro, el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado para entidades sin ánimo de lucro, es decir, formar a profesionales en captación de fondos para oenegés y fundaciones.

Eran títulos pequeños: en su última edición, 10 y 16 alumnos respectivamente.

Y de la pata de “herramientas digitales” del convenio nació justamente la plataforma, que es donde está el meollo del caso.

No es un ente independiente: depende de la UCM y tiene una Comisión Mixta como órgano de control, presidida por el Vicerrector de Relaciones Institucionales.

El gasto total de la Cátedra, hasta su liquidación, fue de 128.714,89 euros.

La Cátedra fue finalmente suprimida, y los dos másteres asociados (Transformación Social Competitiva y Dirección de Fundraising) se cancelaron también.

Un apunte del sumario deja claro que la UCO no aprecia ilegalidades en la creación de la Cátedra.

El problema, según el informe, no está en cómo nació, sino en lo que vino después con la plataforma.Image
Dentro del equipo hay una figura que la UCO subraya: María Cristina Álvarez Rodríguez, que ejercía funciones de asistencia a Begoña Gómez.

El detalle: es empleada pública eventual, nivel 26, adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno desde el 16 de julio de 2018.

Es decir, una asesora pagada con fondos públicos en Moncloa, ejerciendo a la vez tareas de apoyo para la actividad universitaria de la esposa del presidente.

¿Cómo de directa es esa implicación?

La UCO documenta que Álvarez usaba su correo oficial de Presidencia para gestionar reuniones del proyecto.

Hay correos suyos desde esa dirección, ya desde diciembre de 2019, convocando a directivos de empresas colaboradoras.

En uno de ellos firma como “Directora de Programas, Secretaría General de Presidencia” mientras gestiona una actividad del Máster de la UCM.

La UCO la considera, “a efectos de exposición”, integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra, pese a no tener una relación formal con la Universidad.

Es una de las tres investigadas del caso.

El solapamiento entre su puesto público en Moncloa y su trabajo para el proyecto privado de Begoña Gómez es uno de los focos centrales de la causa.Image
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May 27
Esta mañana nos hemos despertado con UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz, y también en otros inmuebles vinculados al caso (despacho de Gaspar Zarrías, casa de Santos Cerdán en Milagro, residencia de Javier Pérez Dolset).

Posteriormente se ha conocido un auto del juez Santiago Pedraz fechado el 26 de mayo, que he recibido hace unas horas, en el que ordena la operación para recabar una larga lista de documentación.

El auto está bajo secreto, pero su contenido ha trascendido y lleva todo el día provocando una guerra de relatos.

De un lado algunos han titulado “la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE”.

Del otro lado, RTVE y medios afines, lo despachan como “un simple requerimiento de información en el caso Leire Díez, no es un registro”.

Y la verdad es que no tienen razón ni unos ni otros.

Lo que el auto autoriza son dos figuras jurídicas distintas pero relacionadas.

La principal es un requerimiento judicial al PSOE para que entregue documentación detallada.

La subsidiaria es una entrada y registro forzoso en la sede, que se activa automáticamente si el partido se niega a entregar lo pedido, sin necesidad de un nuevo auto.

El plazo autorizado para la diligencia es de 24 horas: de las 7:00 del 27 a las 7:00 del 28 de mayo.

Lo que ocurre hoy en Ferraz es la primera, no la segunda… al menos por ahora.

El PSOE está colaborando, la UCO está recibiendo documentación y, por tanto, técnicamente esto no es un registro forzoso.

Hasta ahí, tienen parte de razón quienes lo llaman “requerimiento”.

Pero llamarle “un simple requerimiento” es ocultar la mitad de la foto.

La UCO está físicamente dentro de la sede nacional del partido del Gobierno durante 24 horas, con autorización judicial, recabando volcado íntegro de correos, libros contables, registros de visitas, matrículas, contratos con despachos y campañas de publicidad.

La autorización de registro subsidiario está activa: si en cualquier momento se aprecia que el partido no está entregando todo, los agentes pasan al registro forzoso sin pedir permiso a nadie.

Y la causa por la que están ahí no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor.

Son nueve tipos penales que incluyen organización criminal, cohecho a fiscales, revelación de secretos y delito contra las instituciones del Estado.

En sentido estricto, lo que está pasando es un requerimiento judicial ejecutado in situ con presencia policial y bajo amenaza de registro subsidiario.

Eso no es un registro, pero tampoco es lo mismo que un email o fax pidiendo papeles.

Lo más exacto sería llamarlo lo que es: una diligencia de obtención de prueba en sede de partido, con la UCO dentro y con la autorización judicial sobre la mesa.

En los siguientes posts voy a intentar contar lo que dice el auto lo mejor posible.

La valoración la sacáis vosotros al final.

Empezamos. 🧵Image
Antes de entrar en el contenido del auto, conviene aclarar qué es exactamente el caso y de lo que hablamos.

Porque ahí está la primera fuente de confusión.

Esto no es una causa de financiación irregular del PSOE en el sentido clásico, por ahora.

Lo que el juez Pedraz investiga, según las nueve calificaciones penales que figuran en la primera página del auto, es la existencia de una organización criminal.

Una organización dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales en marcha que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente.

¿Por qué aparece el PSOE?

Porque, según el auto, esa organización se habría financiado con fondos del partido y se habría servido de su infraestructura.

Claro es que es evidente que el beneficiario de esta organización sería el gobierno, y el propio PSOE.

De ahí los pagos cruzados, las facturas falsas, las notas de encargo firmadas por la gerente de la Secretaría de Organización, y la presencia continua de los investigados en la sede de Ferraz.

El auto no acusa al PSOE como persona jurídica de ningún delito. Los imputados son siempre personas físicas.

Pero el partido aparece como el conducto financiero y logístico de la actividad investigada.

Por eso lo correcto no es decir “registro por financiación ilegal del PSOE”, ni decir “un simple requerimiento en el caso Leire Díez”, que minimiza el alcance.

Lo correcto es decir: una causa por organización criminal en la que el PSOE figura como soporte económico y logístico.

Y lo que hay esta mañana en Ferraz es la UCO recabando, con autorización judicial, la documentación que permita confirmar o descartar precisamente eso.Image
El grupo investigado tiene un nombre propio que ellos mismos se pusieron: HIRUROK.

En euskera significa “nosotros tres”.

Lo formaban inicialmente Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxón Alonso Egurrola.

El nombre aparece en un chat de Threema, aplicación de mensajería cifrada, creado el 1 de junio de 2021.

Quiénes son.

Vicente Fernández había sido presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. Dimitió tras ser imputado por prevaricación en el caso Aznalcóllar.

Leire Díez, la conocidísima “fontanera”, había trabajado como responsable de Comunicación de ENUSA, empresa pública participada por la SEPI. Entre otras cosas.

Y Antxón Alonso es uno de los nombres ya conocidos por su aparición en la Causa Especial 20775/2020, la del caso Koldo, donde su domicilio y sus empresas habían sido registradas con anterioridad.

El auto los describe como un grupo organizado, con reparto de tareas, vocación de permanencia y ejecución de actividad criminal.

Tres personas, en principio, en plano de igualdad entre sí.

Pero ahí entra el detalle clave.

Según las diligencias, Santos Cerdán León habría participado en la actividad junto al resto del Hirurok “haciéndolo además en un plano de jerarquía superior”.

Eso lo dice el auto, literal.

Y le atribuye además “decisiones de un carácter más estratégico”, como la colocación de personas del grupo en puestos relevantes dentro de la Administración pública.

Tres personas en plano operativo, y un cuarto por encima.

Un cuarto que en aquel momento era el número tres del PSOE y secretario de Organización del partido.Image
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May 26
Antes de los dos informes que os conté estos días, y antes del auto de imputación del 19 de mayo, la UDEF mandó al juzgado un documento que es el que motiva todo lo que ha venido después.

Es el oficio 2342/26, firmado el 14 de mayo, de 104 páginas.

Cinco días después, el juez Calama lo recogió en buena parte de su auto.

Los titulares ya os los sabéis: imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental (con posible extensión al blanqueo), citación a declarar el 2 de junio, cuatro registros simultáneos y bloqueos de cuentas.

Lo que voy a contar son las piezas concretas del oficio que sostienen toda esa propuesta.

Algunas, además, no quedaron resueltas en el auto...Image
El punto del oficio que la UDEF más se esforzó en justificar fue el que pedía entrar en el domicilio particular de Zapatero, su chalet en Las Rozas.

Y, como ya sabemos, es el único punto que el juez Calama no aceptó. La Fiscalía Anticorrupción también se opuso.

Pero el argumento policial es lo suficientemente sólido como para entender por qué la UDEF lo intentó.

Dos hechos concretos son la clave.

El primero, las cajas de vino.

En abril de 2020, según una conversación interceptada entre Danilo Diazgranados y Miguel Palomero, Diazgranados pide que se manden unas cajas de vino y le da a Palomero la dirección de envío del primer destinatario.

Esa dirección es la del domicilio particular de Zapatero en aquel momento.

La red usaba su casa como punto de recepción de envíos personales.

El segundo, las facturas.

En las facturas que el propio Zapatero emite a Análisis Relevante (intervenidas y dentro del expediente) figura como domicilio del emisor su domicilio particular.

No la oficina de Ferraz. Su casa.

A partir de ahí, la UDEF construye lo que llama “estructura dual de funcionamiento”.

Si la oficina funciona como canal formal (correos electrónicos, facturación, Gertru como nodo administrativo), y si el domicilio aparece como dirección operativa en facturas y como punto de recepción de envíos vinculados a la red, entonces el domicilio no es un espacio externo a la actividad investigada.

Es una extensión natural de ella.

La UDEF añade que las directrices más sensibles “podrían no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad” y describe el domicilio como “espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

¿Por qué Calama lo rechazó?

Por un argumento procesal: detalles del caso llevaban tiempo circulando en prensa antes del auto, y eso “habría conllevado la lógica alerta en su entorno más íntimo, haciendo que cualquier prueba relevante hubiera sido ya retirada”.

O sea: no porque el argumento de la UDEF fuera flojo, sino porque a estas alturas el registro no iba a encontrar nada.Image
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La prueba más comprometedora del oficio, jurídicamente, es la del acceso anticipado a información de la SEPI.

26 de febrero de 2021.

Julio Martínez Martínez le manda dos mensajes idénticos por WhatsApp, uno a Rodolfo Reyes y otro a Camilo Ibrahim Issa, los dos accionistas de Plus Ultra.

Texto literal: “Estimado Rodolfo. Ya en los últimos días para conseguir el préstamo de la Sepi, muy previsiblemente será en el consejo de ministros del día 9 de Marzo. Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia del excepcional labor desarrollada Por el equipo de Plusultra. De esta excelente labor he sido informado y felicitado por la propia SEPI”.

Esa frase, “he sido informado y felicitado por la propia SEPI”, es lo más grave.

No es que Martínez Martínez sepa o intuya el resultado. Es que dice, por escrito, que se lo ha comunicado la propia SEPI, y que además le han felicitado por la gestión.

Acceso a información reservada del expediente, antes incluso de que existiera formalmente la decisión.

La cronología es la prueba definitiva.

El Consejo Gestor del FASEE no se reúne hasta el 2 de marzo.

El Consejo de Ministros, que tiene la decisión definitiva, no se reúne hasta el 9 de marzo.

Y la felicitación con la fecha exacta del Consejo de Ministros la mandan el 26 de febrero.

Once días antes de que la decisión exista. Cinco días antes incluso de la reunión técnica.

Esto implica que alguien dentro del aparato del Estado le facilitó esa información a la red.

La UDEF apunta varias evidencias colaterales: el día que Plus Ultra presenta formalmente la solicitud, recibe una llamada espontánea de la Dirección General de Aviación Civil; cuando el expediente está atascado, Roberto Roselli le sugiere a Martínez Martínez que sería bueno presionar, y este le responde que de acuerdo.

La red no obtenía la ayuda solo porque pidiera.

La obtenía porque tenía canales internos en la administración pública que avisaban e informaban.

Y ahí ya no estamos hablando solo de delitos de la red, sino de delitos cometidos por alguien dentro del Estado.

La UDEF no apunta nombres en este oficio, pero la pregunta queda abierta.Image
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