Me ha llegado el auto sobre las joyas de de ZP.

Y aunque ya habréis leído la mayoría de las cosas, voy a repasarlo.

El juez Calama, desde la Audiencia Nacional, imputa a José Luis Rodríguez Zapatero dos delitos nuevos: contra la Hacienda Pública y contrabando.

El motivo son las joyas intervenidas en el registro del 19 de mayo en su despacho de la calle Ferraz.

La tasación pericial preliminar entró en el juzgado ayer jueves: 1.323.915 euros.

Con esa cifra sobre la mesa, el juez abre pieza separada dentro de las Diligencias Previas 77/2024 (el caso Plus Ultra) y le comunica la imputación.

Declarará como investigado por esto el mismo día que ya tiene señalado para declarar por la causa principal.

Que va, según enumera el propio auto, de “tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal, entre otros”.

Os voy a contar qué se llevaron exactamente, cómo se tasó, y qué razona el juez para ver dos delitos,

Empezamos. 🧵 Qué había exactamente en ese despacho.

Primero, el sitio. El auto lo ubica con precisión notarial: "Calle Ferraz, número 35, piso 1º izquierda". El despacho de ZP.

Son 16 referencias, Doc. 041 a 056. Cuando Ansorena las despieza para tasarlas, su tabla tiene 79 entradas individuales.

El surtido: collares de zafiros, rubíes y esmeraldas cuajados de diamantes.

Pulseras a juego. Sortijas de cóctel. Pendientes tipo chandelier.

Relojes Longines, Omega, Pierre Balmain, Certina, Lorenz, Dogma y Krono.

Perlas cultivadas y perlas de imitación.

Cruces, medallas, alfileres de bebé.

La horquilla va del collar de 278.000 euros a una sortija de plata de 25.

Once piezas están tasadas como "sin valor": perlas de imitación, metal chapado, un gemelo desparejado.

Y luego está la bolsa.

El Doc. 0052 es, literal en el auto, una "Bolsa con inscripción 'presidencia del gobierno'".

Dentro: 16 piezas, entre ellas un reloj de bolsillo Longines de oro (3.000 €), un Omega de oro de señora (3.000 €) y un collar italiano de oro bicolor (3.300 €).

Sumando la tabla de Ansorena, el contenido de la bolsa ronda los 18.400 euros.

Una bolsa de Presidencia del Gobierno haciendo de joyero.

Hay también piezas con nombre propio grabado: una placa médica con "Jose Luis RZ", alfileres con "Alba".

Vamos, que hay cosas muy caras mezcladas con baratijas.

Venga, vamos al lío.

Hace unos días os conté lo que decía el auto del juez Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán.

Aquello era el plan sobre el papel. Hoy os traigo lo que pasó cuando ese plan se puso en marcha.

He podido acceder a dos piezas nuevas:

Una es el atestado 93/2026 de la UCO: lo que la Guardia Civil hizo y encontró en los registros del 27 y 28 de mayo.

La otra son las actas de declaración de 16 testigos, de esos mismos días.

Y hay tela. Cosas muy graves. Y alguna que da hasta vergüenza ajena.

Lo de siempre, que no se me olvide: esto son indicios y declaraciones, no una sentencia. Lo valorará el juez.

Os aviso de que es largo, porque el caso lo es.

Voy a intentar contarlo lo mejor que pueda.

Empezamos. 🧵 Empiezo por esto: intentaron comprar a una testigo para que mintiera al juez.

La testigo es la archiconocida Carmen Pano.

Llevaba tiempo declarando una cosa muy concreta: que entregó dinero en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz, en dos ocasiones.

Y antes de seguir, una cosa. Pano está investigada en otra causa por delitos contra Hacienda en lo de los hidrocarburos.

Así que su relato hay que cogerlo con cautela.

Dicho esto, lo que cuenta es muy serio, y la UCO lo recoge como indicio.

Cuenta que, antes de ir a declarar en febrero de 2025, alguien intentó comprarla. Pagarle por cambiar su versión sobre el dinero de Ferraz.

¿Quién?

Alguien en el despacho de la abogada Leticia de la Hoz. La que entonces defendía a Koldo García.

Y la cosa se coció en cuatro reuniones.

Lo prometido es deuda, y como os dije anoche… tengo una sorpresita.

He podido acceder al sumario del caso Begoña Gómez.

En concreto a los Tomos XXX y XXXI del Tribunal del Jurado 1146/2024.

Dentro del Tomo XXXI está la pieza más importante: el atestado nº 86/2026 de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, firmado el 21 de mayo de 2026.

Muchas páginas de análisis (más ocho anexos) sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense y la plataforma “Transforma TSC”.

Pero antes, una advertencia esencial, que no quiero que se entienda mal.

Esto es un informe policial. La propia UCO lo dice de forma expresa: todo lo que contiene se emite “en términos de presunción”, como indicios, sometido a la valoración que haga la autoridad judicial.

No es una sentencia. Es el trabajo de la policía judicial, que el juez usará junto al resto del sumario.

Y algo importante que voy a respetar en todo el hilo: el informe tiene cal y arena.

Hay cosas que apuntan contra Begoña Gómez y cosas que la UCO descarta expresamente.

Las dos están en el sumario, y las dos las voy a contar.

Va a ser un hilo largo.

Si te interesa el caso, merece la pena porque voy a intentar explicar todo bien.

Empezamos. 🧵
Primero, qué es la Cátedra. Sin esto no se entiende lo demás.

La Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se crea por un convenio firmado el 30 de octubre de 2020.

Entre tres partes: la Universidad Complutense, Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

Las aportaciones, con cifras: Reale puso 60.000 euros en un pago único. La Caixa, 15.000 euros anuales.

Además, la Cátedra captó después otros 176.000 euros de Telefónica, Google, Numintec y la Fundación Human Age Institute (del grupo Manpower), de los que 158.400 fueron a su fondo propio.

La dirige Begoña Gómez. Esposa del presidente del Gobierno.

¿Y qué hacía la Cátedra?

Sobre el papel, según el convenio, era una estructura de colaboración entre la universidad y empresas para trabajar la “transformación social competitiva”: básicamente, ayudar a las empresas a medir y mejorar su impacto social y medioambiental, alineándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenía tres líneas: formación, investigación y divulgación.

La pata de formación eran dos másteres propios de la UCM.

Uno, el Máster en Transformación Social Competitiva.

Otro, el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado para entidades sin ánimo de lucro, es decir, formar a profesionales en captación de fondos para oenegés y fundaciones.

Eran títulos pequeños: en su última edición, 10 y 16 alumnos respectivamente.

Y de la pata de “herramientas digitales” del convenio nació justamente la plataforma, que es donde está el meollo del caso.

No es un ente independiente: depende de la UCM y tiene una Comisión Mixta como órgano de control, presidida por el Vicerrector de Relaciones Institucionales.

El gasto total de la Cátedra, hasta su liquidación, fue de 128.714,89 euros.

La Cátedra fue finalmente suprimida, y los dos másteres asociados (Transformación Social Competitiva y Dirección de Fundraising) se cancelaron también.

Un apunte del sumario deja claro que la UCO no aprecia ilegalidades en la creación de la Cátedra.

El problema, según el informe, no está en cómo nació, sino en lo que vino después con la plataforma.

Esta mañana nos hemos despertado con UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz, y también en otros inmuebles vinculados al caso (despacho de Gaspar Zarrías, casa de Santos Cerdán en Milagro, residencia de Javier Pérez Dolset).

Posteriormente se ha conocido un auto del juez Santiago Pedraz fechado el 26 de mayo, que he recibido hace unas horas, en el que ordena la operación para recabar una larga lista de documentación.

El auto está bajo secreto, pero su contenido ha trascendido y lleva todo el día provocando una guerra de relatos.

De un lado algunos han titulado “la UCO registra Ferraz por la financiación ilegal del PSOE”.

Del otro lado, RTVE y medios afines, lo despachan como “un simple requerimiento de información en el caso Leire Díez, no es un registro”.

Y la verdad es que no tienen razón ni unos ni otros.

Lo que el auto autoriza son dos figuras jurídicas distintas pero relacionadas.

La principal es un requerimiento judicial al PSOE para que entregue documentación detallada.

La subsidiaria es una entrada y registro forzoso en la sede, que se activa automáticamente si el partido se niega a entregar lo pedido, sin necesidad de un nuevo auto.

El plazo autorizado para la diligencia es de 24 horas: de las 7:00 del 27 a las 7:00 del 28 de mayo.

Lo que ocurre hoy en Ferraz es la primera, no la segunda… al menos por ahora.

El PSOE está colaborando, la UCO está recibiendo documentación y, por tanto, técnicamente esto no es un registro forzoso.

Hasta ahí, tienen parte de razón quienes lo llaman “requerimiento”.

Pero llamarle “un simple requerimiento” es ocultar la mitad de la foto.

La UCO está físicamente dentro de la sede nacional del partido del Gobierno durante 24 horas, con autorización judicial, recabando volcado íntegro de correos, libros contables, registros de visitas, matrículas, contratos con despachos y campañas de publicidad.

La autorización de registro subsidiario está activa: si en cualquier momento se aprecia que el partido no está entregando todo, los agentes pasan al registro forzoso sin pedir permiso a nadie.

Y la causa por la que están ahí no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor.

Son nueve tipos penales que incluyen organización criminal, cohecho a fiscales, revelación de secretos y delito contra las instituciones del Estado.

En sentido estricto, lo que está pasando es un requerimiento judicial ejecutado in situ con presencia policial y bajo amenaza de registro subsidiario.

Eso no es un registro, pero tampoco es lo mismo que un email o fax pidiendo papeles.

Lo más exacto sería llamarlo lo que es: una diligencia de obtención de prueba en sede de partido, con la UCO dentro y con la autorización judicial sobre la mesa.

En los siguientes posts voy a intentar contar lo que dice el auto lo mejor posible.

La valoración la sacáis vosotros al final.

Empezamos. 🧵 Antes de entrar en el contenido del auto, conviene aclarar qué es exactamente el caso y de lo que hablamos.

Porque ahí está la primera fuente de confusión.

Esto no es una causa de financiación irregular del PSOE en el sentido clásico, por ahora.

Lo que el juez Pedraz investiga, según las nueve calificaciones penales que figuran en la primera página del auto, es la existencia de una organización criminal.

Una organización dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales en marcha que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente.

¿Por qué aparece el PSOE?

Porque, según el auto, esa organización se habría financiado con fondos del partido y se habría servido de su infraestructura.

Claro es que es evidente que el beneficiario de esta organización sería el gobierno, y el propio PSOE.

De ahí los pagos cruzados, las facturas falsas, las notas de encargo firmadas por la gerente de la Secretaría de Organización, y la presencia continua de los investigados en la sede de Ferraz.

El auto no acusa al PSOE como persona jurídica de ningún delito. Los imputados son siempre personas físicas.

Pero el partido aparece como el conducto financiero y logístico de la actividad investigada.

Por eso lo correcto no es decir “registro por financiación ilegal del PSOE”, ni decir “un simple requerimiento en el caso Leire Díez”, que minimiza el alcance.

Lo correcto es decir: una causa por organización criminal en la que el PSOE figura como soporte económico y logístico.

Y lo que hay esta mañana en Ferraz es la UCO recabando, con autorización judicial, la documentación que permita confirmar o descartar precisamente eso.

Antes de los dos informes que os conté estos días, y antes del auto de imputación del 19 de mayo, la UDEF mandó al juzgado un documento que es el que motiva todo lo que ha venido después.

Es el oficio 2342/26, firmado el 14 de mayo, de 104 páginas.

Cinco días después, el juez Calama lo recogió en buena parte de su auto.

Los titulares ya os los sabéis: imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental (con posible extensión al blanqueo), citación a declarar el 2 de junio, cuatro registros simultáneos y bloqueos de cuentas.

Lo que voy a contar son las piezas concretas del oficio que sostienen toda esa propuesta.

Algunas, además, no quedaron resueltas en el auto... El punto del oficio que la UDEF más se esforzó en justificar fue el que pedía entrar en el domicilio particular de Zapatero, su chalet en Las Rozas.

Y, como ya sabemos, es el único punto que el juez Calama no aceptó. La Fiscalía Anticorrupción también se opuso.

Pero el argumento policial es lo suficientemente sólido como para entender por qué la UDEF lo intentó.

Dos hechos concretos son la clave.

El primero, las cajas de vino.

En abril de 2020, según una conversación interceptada entre Danilo Diazgranados y Miguel Palomero, Diazgranados pide que se manden unas cajas de vino y le da a Palomero la dirección de envío del primer destinatario.

Esa dirección es la del domicilio particular de Zapatero en aquel momento.

La red usaba su casa como punto de recepción de envíos personales.

El segundo, las facturas.

En las facturas que el propio Zapatero emite a Análisis Relevante (intervenidas y dentro del expediente) figura como domicilio del emisor su domicilio particular.

No la oficina de Ferraz. Su casa.

A partir de ahí, la UDEF construye lo que llama “estructura dual de funcionamiento”.

Si la oficina funciona como canal formal (correos electrónicos, facturación, Gertru como nodo administrativo), y si el domicilio aparece como dirección operativa en facturas y como punto de recepción de envíos vinculados a la red, entonces el domicilio no es un espacio externo a la actividad investigada.

Es una extensión natural de ella.

La UDEF añade que las directrices más sensibles “podrían no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad” y describe el domicilio como “espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

¿Por qué Calama lo rechazó?

Por un argumento procesal: detalles del caso llevaban tiempo circulando en prensa antes del auto, y eso “habría conllevado la lógica alerta en su entorno más íntimo, haciendo que cualquier prueba relevante hubiera sido ya retirada”.

O sea: no porque el argumento de la UDEF fuera flojo, sino porque a estas alturas el registro no iba a encontrar nada.

Ayer recibí los dos informes de la UDEF sobre Zapatero, como me imagino le ha pasado a media España.

He hecho como Rufián el otro día y apenas he dormido leyendo todo por aclararme.

Como los medios sacan noticia por noticia para ganar clicks… he decidido ordenar las ideas y hacer un hilo completo sobre el caso.

El informe 1907 (186 páginas) reconstruye la estructura: quién es quién en la red, qué sociedades controlan, por dónde se mueve el dinero, dónde acaba y qué papel juega cada implicado. Es la radiografía societaria y financiera.

El informe 1908 (158 páginas) reconstruye la cronología: ordena por fecha los mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas y reuniones recuperados del móvil de Rodolfo Reyes y de los demás dispositivos intervenidos. Es el guion temporal del caso.

Uno te explica el cómo y el cuánto, el otro te explica el cuándo y el con quién.

Por eso, a lo largo del hilo, las capturas alternan entre los dos: cuando se cita un mensaje concreto (una frase, una hora, un día), la fuente es casi siempre el 1908; cuando se cita una conclusión policial, una titularidad societaria o un flujo de dinero, la fuente es el 1907.

Abrochaos los cinturones… que empezamos.🧵
Lo primero, la frase clave del informe, literal en las conclusiones: “una red organizada (…) liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Un expresidente del Gobierno señalado por la policía como cabeza de una organización criminal.

En España no había pasado nunca, aunque alguno de la sincronizada o de Radio Televisión Espantosa esté hablando de Felipe, Aznar o citando lo de de M. Rajoy, un apunte falso de Bárcenas.

El caso es por el rescate de 53 millones que la SEPI le dio a Plus Ultra en marzo de 2021.

Una aerolínea con una flota reducidísima (la propia UDEF dice que en algún momento llegó a operar con un solo avión), un 0,03% de cuota en rutas España-Iberoamérica, deuda pendiente con la Seguridad Social y dueños venezolanos a los que Estados Unidos estaba investigando por blanqueo.

Sobre el papel, era la última empresa del país que tenía que haber sido rescatada, y por tanto haber cobrado ese dinero.

Lo que documentan los informes es cómo.

La respuesta tiene muchas capas de profundidad, y merece la pena detallar todo bien.