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El régimen del 78 no es una Constitución ni un supuesto «consenso» idílico que queda bien para la propaganda. Es una estructura material de poderes. Una maquinaria que reparte cargos, sueldos, prestigio y carreras. Y mientras siga repartiendo, se defenderá con uñas y dientes.
Regiones empobrecidas como el Rif producen desde hace décadas hachís a gran escala. Pero no son cultivos marginales, sino una economía a gran escala imposible de sostener sin tolerancia estatal. Cuando algo así persiste en el tiempo no es un fallo, es una estrategia económica. 

No tiene nada de extraño que ante episodios de violencia y degradación urbana se plantee el debate sobre la inmigración ilegal. Pero el foco sigue mal puesto. El problema central no es el sólo inmigrante, sino la industria subvencionada que vive de su llegada.
Primero es necesaria una aclaración básica: la «propaganda» no es un invento del siglo XX. El término viene del latín propagare, que significa extender, propagar, hacer crecer algo vivo. Es decir, no significa manipular, como hoy, sino difundir una verdad considerada objetiva. 
Porque, como decimos, el 2 de enero de 1492 no es una fecha cualquiera. Porque ese 2 de enero marca el final de la Reconquista: un proceso histórico muy largo, conflictivo, bañado en sangre y decisivo en la forja de España como unidad política y realidad imperial. 
El 16 de octubre, Hassan II anunciaría una movilización masiva de civiles para «completar» el territorio marroquí. No era una amenaza retórica, era un envite directo, planteado como alternativa entre aceptar el hecho consumado o entrar en un conflicto largo y desestabilizador. 

Esa oposición es un cliché propagandístico heredado y asumido en muestra contra. Ambos títulos responden a una misma lógica barroca: el monarca como centro del orden político y reflejo del orden cósmico. No es astronomía ingenua ni megalomanía, sino lenguaje simbólico del poder. 
Antes de 1808 España no era un cadáver decadente, al contrario: el comercio atlántico era muy activo, los circuitos fiscales y administrativos funcionaban, operaban los arsenales e ingenieros, y el saber científico y técnico era espléndido por todos los territorios del imperio. 
Desde el siglo XVI, pero con especial intensidad en el XVII, la Monarquía Hispánica defendió la Inmaculada Concepción de María como doctrina frente a las vacilaciones romanas. Era mucho más que teología, era un estandarte político, un signo imperial y un argumento diplomático. 
Ahora bien, nadie denuncia que una empresa busque su beneficio. Eso es su lógica propia. El problema surge cuando ese beneficio se obtiene dañando directa o indirectamente sectores estratégicos españoles, falseando el mercado o aprovechando la pasividad del Estado.
Porque España no es una invención reciente ni el producto de una Constitución. Sino que es una sociedad política con muchos siglos a sus espaldas, cuya realidad sólo se entiende siguiendo el hilo de su formación a lo largo de dichos siglos, en el seno de la Historia Universal. 


Y es que la «limpieza de sangre» se suele explicar como cuestión de fanatismo irracional. Pero su historia muestra otra cosa: una Monarquía que intenta defender el control de sus instituciones en un tiempo de guerras de religión, redes clandestinas y pugnas internas por el poder.
Durante siglos, la Monarquía Hispánica no se limitó a aguantar embestidas, porque también intervino, desbordó, infiltró, saboteó y explotó las fisuras de sus rivales. No era un Imperio a la defensiva, sino un Estado que entendía que la hegemonía se mantiene actuando. 
Los textos jurídicos islámicos clásicos, como el Bidaya de Averroes, no dejan lugar a dudas: la yihad es una obligación comunitaria para combatir a los infieles o a quienes rechacen el islam o su autoridad. No es un consejo moral, es un deber legal articulado por la sharía. 
Hoy muchos se llaman «de izquierdas», pero las izquierdas no son un bloque uniforme. El progresismo ha ido disolviendo su fundamento político clásico –las luchas por la estructura material de la sociedad– para sustituirlo por causas identitarias fragmentarias sin proyecto común. 
Desde el siglo XVI estos conversos ocuparon oficios urbanos, cargos de gobierno y posiciones clave en ciudades y cortes. Con lo que el conflicto era inevitable: rápidos ascensos, sospechas de lealtades dobles y pugnas con grupos establecidos. La lucha de clases era estructural. 

A mediados del siglo XIX Francia buscaba recomponer su prestigio y abrirse hueco en un continente que ya no era europeo. ¿La solución? Inventar un «mundo latino» que justificara su intervención en México y le permitiera presentarse como «hermana mayor» de los pueblos hispánicos. 
Mientras el PSOE histórico languidecía en el exilio bajo Llopis, el PCE era la fuerza clandestina organizada. Para EE.UU. y Alemania esto era inaceptable porque España tenía bases estratégicas, un Estrecho crucial y el precedente portugués demasiado fresco. Había que mover ficha. 
