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Esta distinción no mide intenciones, conciencias ni almas colectivas. No absuelve ni condena a los individuos. No juzga crueldades mayores o menores. Sirve para analizar imperios como realidades históricas y políticas, no como relatos edificantes o acusatorios.
Azara nació en Barbastro en 1742, y se formó como ingeniero militar, no como un «científico de gabinete». Y ese dato no es menor, porque tanto en el siglo XVIII como hoy, ciencias, técnicas y Estado forman un circuito interconectado al servicio de fines muy concretos.
Una regulación masiva como esta no tiene nada de humanitario ni ético, es una operación política para convertir la inmigración ilegal en un derecho administrativo por acumulación. Si basta con aguantar unos meses y acreditarlo el mensaje es claro: entra, resiste y te legalizan.
Cabeza de Vaca nació en 1490 en Jerez de la Frontera. Fue un hidalgo veterano de guerras, un hombre típico del imperio en esos momentos. En 1527 se unirá a la expedición de Pánfilo de Narváez a Florida: 600 hombres, barcos y caballos con el objetivo poblar y asegurar territorio. 
Antes que nada es precisa una aclaración: esto no va de religiones, identidades ni manidas acusaciones de antisemitismo. Se trata de hablar de Estados realmente existentes, de intereses y de geopolítica. Y los Estados no tienen amigos, sino prioridades geoestratégicas.
Y es que las ciudades del Imperio español no surgen por crecimiento espontáneo. Las cientos de ciudades que se construyeron nacieron siempre de un acto fundacional solemne, jurídico y político. Antes que el comercio o la vivienda, en el modelo español se instituye la autoridad.

El régimen del 78 no es una Constitución ni un supuesto «consenso» idílico que queda bien para la propaganda. Es una estructura material de poderes. Una maquinaria que reparte cargos, sueldos, prestigio y carreras. Y mientras siga repartiendo, se defenderá con uñas y dientes.
Regiones empobrecidas como el Rif producen desde hace décadas hachís a gran escala. Pero no son cultivos marginales, sino una economía a gran escala imposible de sostener sin tolerancia estatal. Cuando algo así persiste en el tiempo no es un fallo, es una estrategia económica. 

No tiene nada de extraño que ante episodios de violencia y degradación urbana se plantee el debate sobre la inmigración ilegal. Pero el foco sigue mal puesto. El problema central no es el sólo inmigrante, sino la industria subvencionada que vive de su llegada.
Primero es necesaria una aclaración básica: la «propaganda» no es un invento del siglo XX. El término viene del latín propagare, que significa extender, propagar, hacer crecer algo vivo. Es decir, no significa manipular, como hoy, sino difundir una verdad considerada objetiva. 
Porque, como decimos, el 2 de enero de 1492 no es una fecha cualquiera. Porque ese 2 de enero marca el final de la Reconquista: un proceso histórico muy largo, conflictivo, bañado en sangre y decisivo en la forja de España como unidad política y realidad imperial. 
El 16 de octubre, Hassan II anunciaría una movilización masiva de civiles para «completar» el territorio marroquí. No era una amenaza retórica, era un envite directo, planteado como alternativa entre aceptar el hecho consumado o entrar en un conflicto largo y desestabilizador. 

Esa oposición es un cliché propagandístico heredado y asumido en muestra contra. Ambos títulos responden a una misma lógica barroca: el monarca como centro del orden político y reflejo del orden cósmico. No es astronomía ingenua ni megalomanía, sino lenguaje simbólico del poder. 
Antes de 1808 España no era un cadáver decadente, al contrario: el comercio atlántico era muy activo, los circuitos fiscales y administrativos funcionaban, operaban los arsenales e ingenieros, y el saber científico y técnico era espléndido por todos los territorios del imperio. 
Desde el siglo XVI, pero con especial intensidad en el XVII, la Monarquía Hispánica defendió la Inmaculada Concepción de María como doctrina frente a las vacilaciones romanas. Era mucho más que teología, era un estandarte político, un signo imperial y un argumento diplomático. 
Ahora bien, nadie denuncia que una empresa busque su beneficio. Eso es su lógica propia. El problema surge cuando ese beneficio se obtiene dañando directa o indirectamente sectores estratégicos españoles, falseando el mercado o aprovechando la pasividad del Estado.
Porque España no es una invención reciente ni el producto de una Constitución. Sino que es una sociedad política con muchos siglos a sus espaldas, cuya realidad sólo se entiende siguiendo el hilo de su formación a lo largo de dichos siglos, en el seno de la Historia Universal. 

