Le permiten a uno que estaba ahí hacer cuatro apuntes sobre la exclusión de @vox_es de la Junta Electoral Central perpetrada por @PSOE y @sumar y consentida por @GPPopular? Pues hagan sitio que abro hilo.
UNO. La Ley ordena que la JEC sea renovada en los 90 días siguientes a la elección del Congreso. La elección de los cinco vocales que se llevó a cabo ayer debía haberse producido en noviembre de 2023 y llega con catorce meses de retraso. La única explicación de esta anomalía la dio Francina Armengol a petición de este diputado: “es que algunos candidatos no podían ser elegidos porque, por ejemplo, estaban en el Consejo General del Poder Judicial”. El órgano esperando al candidato. Marciano. DOS. Para que el Congreso designe a los cinco vocales que le corresponden la Ley prevé dos fórmulas: o consenso entre todos los partidos o designación por parte de la mesa, en atención a la correlación de fuerzas existente en la cámara. Dicho en otros términos: que en ausencia de un consenso que nunca existió, la mesa no está habilitada para tomar la decisión que le venga en gana, sino vinculada por la representatividad de los grupos parlamentarios. Entre los que Vox es el tercero más numeroso, y Sumar el cuarto.

El Consell de Govern de la @UV_EG adoptará el próximo martes –en perfecta sintonía y sincronía con el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez– un documento titulado "El compromís de la Universitat amb Palestina", en el que exigirá al Estado de Israel y a la organización terrorista Hamás "un alto el fuego inmediato y permanente y el inicio de un proceso de paz desde el diálogo y la negociación". La institución –que no consta que levantara la voz cuando el pasado mes de septiembre los cristianos armenios fueron barridos de Nagorno Karabaj por el ejercito de Azerbaiján– reclamará del Gobierno español "la imposición de un embargo de comercio de armas y a la suspensión de la cooperación militar con Israel, y […] la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio"

Mientras el @PSOE pone a toda máquina su aparato de intoxicación mediática y la gente de bien espera a que sea publicada el lunes próximo, veamos lo que la propia Comisión de Venecia dice en su propia nota de prensa acerca de su propio dictamen sobre la amnistía 1. La Comisión no ha declarado que la amnistía sea constitucional; ni que sea acorde con el Derecho europeo: "The Commission carried out its legal analysis in light of European and international standards and comparative material […] As per its usual practice, the Venice Commission has not commented on the constitutionality of the amnesty bill, which is ultimately for the Spanish Constitutional Court to decide, nor on its compatibility with EU law, which could be subject to a judgment of the European Court of Justice"

Como era de prever, el Equipo de Intoxicación Sincronizada del @PSOE se ha lanzado en plancha a contarnos que la Comisión de Venecia acaba de bendecir su proyecto de Amnistía, "impecable y positiva" a decir de @felixbolanosg.
Pues bien: es MENTIRA.
Primero, porque la Comisión no hará público su informe hasta el 15 de marzo. Y segundo, porque el borrador interesadamente filtrado a los medios dice LO CONTRARIO.
Abro hilo>>> 1. La Comisión es crítica con la decisión de haber recurrido a una proposición –y no a un proyecto– de ley, y de haberlo tramitado por el procedimiento de urgencia, por lo que ello supone de reducción a mínimos del debate dentro y fuera de la sede parlamentaria, antes y durante el proceso legslativo: “El procedimiento de adopción de medidas de amnistía debe inspirarse en la inclusividad, la participación, los plazos adecuados y los debates públicos […] Los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de dichas leyes.”

¿Que la amnistía es una ignominia que destruye la separación de poderes, rompe la igualdad entre los españoles, amenaza nuestra convivencia y pone en cuestión nuestro sistema político?
Cierto.
Pero en el pacto Sánchez-Puigdemont hay otros diez motivos para la vergüenza.
Abro hilo
➡️
1. Afirmando que “[la] gran movilización en favor de la independencia [...] no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010” deslegitima una institución clave en nuestra arquitectura institucional haciendo recaer sobre él la responsabilidad del auge del independentismo, y cuestionando su condición de intérprete supremo de nuestras leyes.

En la mañana de ayer hice entrega en la Junta Electoral Provincial de Valencia de mi candidatura al Congreso de los Diputados, con la que inicio una nueva etapa y asumo un nuevo reto: el fraguar una nueva mayoría que lleve a @vox_es al Gobierno, y relegue al sanchismo al… twitter.com/i/web/status/1… @vox_es Ignacio Gil Lázaro (nº 2 por Valencia).
(Valencia, 1957) Ha sido diputado por Valencia entre 1982 y 1989 con Alianza Popular, entre 1993 y 2016 con el Partido Popular, y desde 2019 con Vox. Fue también senador entre 1989 y 1993, siendo en la actualidad vicepresidente cuarto del… twitter.com/i/web/status/1…

Quienes creen que las declaraciones del Presidente del Gobierno atacando al Tribunal Constitucional y las de sus aliados llamando directamente a desobedecer sus resoluciones (lo que, por cierto, es un delito) traen causa de lo sucedido esta semana, se equivocan.
Abro hilo: 1. Tanto el PSOE como Podemos cuentan con un largo historial de ataques al TC, encaminados a menoscabar su autoridad, cuestionar su independencia y ridiculizar su cometido. Que nunca ha sido óbice para acudir al mismo cuando les ha sido conveniente, a menudo con éxito

Como veo a mucho hiperventilado dispuesto a lanzarse a las calles para parar el golpe judicial de la derecha y de paso hacer la Revolusión. Y como yo pienso igual que José Mota, que si hay que ir se va, pero ir pá ná es tontería... Allá van algunas precisiones.
Abro hilo 1. Los magistrados de TC no están "caducados", sino que tienen su mandato prorrogado al amparo del art. 17.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que les obliga a no abandonar sus puestos en tanto no hayan sido sustituidos.