Me sorprende la perversidad con que la Fiscalía me acusa de delitos que no he cometido y de los que no tiene ninguna prueba en mi contra.
Pero más me sorprende la facilidad con que los medios de prensa reproducen las afirmaciones de los fiscales sin cuestionarles nada. En el requerimiento fiscal, los fiscales del caso aseguran que recibí un avión en pago por haberle otorgado a un empresario guatemalteco la construcción del Puente San Isidro en el año 2013.
No presentan pruebas de nada.
Primero, esa licitación fue declarada desierta.

Ya van 3 procesos judiciales de los 6 que enfrento que los jueces de instrucción los han elevado a juicio y pasado a la etapa de sentencia sin que la Fiscalía haya podido demostrar los delitos que me imputa en una clara violación a mi derecho a la defensa y a un debido proceso. La Asamblea reformó el año pasado el codigo procesal penal para que un imputado ausente pueda ser juzgado a pesar de no estar presente en el juicio.
Sin embargo, según la Constitución una reforma de Ley solo puede ser aplicada por un juez cuando ésta favorezca al imputado.

Para nadie es una sorpresa que el 2023, en tanto año pre electoral, va a colocar en primer plano los esfuerzos de los partidos políticos en contienda para hacerse de una cuota de poder en el Estado.
Las elecciones distribuyen el poder entre los participantes en forma desigual. Dependiendo de las estrategias seguidas,sobre todo comunicacionales, unos aspirantes ganarán más poder que otros.
Todo depende de los órganos del Estado que logren controlar o sobre los que ejerzan una influencia determinante una vez declarados firmes los resultados electorales.

Algunas observaciones a la nota que publica El Mundo sobre la decisión de enviar a juicio el caso del supuesto soborno que según la FGR recibí de un empresario guatemalteco en el 2013.
Dicen que he sido juzgado en ausencia en virtud de una reforma penal que aprobó la Asamblea. La nota pasa por alto que según la Constitución una reforma de Ley no es aplicable cuando afecta al imputado.
En este caso la reforma al codigo procesal penal vulnera mi derecho a la defensa en el juicio. Por lo que la audiencia no debería haberse realizado estando ausente.

La organización criminal en CAPRES, creada y dirigida por el Secretario Privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, con apoyo de uno de sus tíos y de los partidos de la derecha así como de algunos grupos empresariales, hizo posible el saqueo al Estado entre 2009 y 2014. La Fiscalía de Douglas Meléndez conocía este esquema criminal cuando inició las investigaciones del caso Saqueo Público pero deliberadamente lo ignoró para hacer descargar la responsabilidad de esta operación en la Presidencia, en mis familiares y algunos funcionarios cercanos.

diario.elmundo.sv/nacionales/man…
La farsa no puede pasar desapercibida.
Cómo es que la FGR me acusa de haber recibido un avión "King Air" en pago por otorgar a una empresa guatemalteca la construcción del puente San Isidro sobre el Lempa en el 2013 si la licitación fue declarada desierta? Mi gobierno nunca otorgó esta obra.
La licitación fue ganada en el gobierno de Sánchez Cerén por una empresa salvadoreña.
El avión al que hace referencia la FGR no está a mi nombre y fue alquilado por CAPRES para viajes oficiales y no oficiales.
No hubo por tanto ningún soborno.

La entrega de recursos de la partida secreta al Grupo Claro para la compra de diputados le abrió a los Cáceres el camino para el estrechamiento de relaciones con Saca y GANA, con el PCN de Manuel Rodríguez, con el PDC de Parker y con algunos Diputados de ARENA. Con esa compra de voluntades se inició un esquema de sobornos de los que los Cáceres sacaban beneficios económicos.
Ellos se presentaron ante algunas grandes empresas como "operadores" con la Asamblea, tal como en su momento lo hizo Fidel Chávez Mena o Manuel E. Hinds con ARENA.

Acabo de escuchar al Diputado @JorgeCastro2021 que preside la Comisión de Sobresueldos preguntar si dadas las necesidades del pueblo en el gobierno de Flores se justificaba la remodelación de la residencia Vice Presidencial.
Esta pregunta habría que hacérsela al gobierno actual. Dadas las necesidades actuales del pueblo salvadoreño se justifican los gastos de propaganda de este gobierno?
O bien, se justifica el gasto en seguridad de los funcionarios de gobierno comenzando con Bukele que tiene asignados 10 vehículos blindados para él y su familia?

La alianza política y empresarial de Bukele con el ex dirigente del FMLN José Luis Merino pende de un hilo y podría perder la que ha sido hasta ahora su principal fuente de financiamiento.
Merino fue a Venezuela a rendir cuentas del manejo fraudulento de los fondos del Grupo Alba Las autoridades venezolanas le han cuestionado a Merino el desvió de recursos del Grupo Alba, empresas que fueron creadas para favorecer al pueblo salvadoreño con fondos de PDVSA, a la campaña electoral de Bukele en el 2019 y a financiar negocios con su clan familiar.

He escuchado las intervenciones en TV y en plataformas digitales de algunos miembros, sobre todo jóvenes, de la Comisión Política del FMLN que analizan la derrota electoral del pasado Domingo.
No soy miembro del FMLN pero como ciudadano me siento en el derecho de opinar. Y opino sobre todo porque están recurriendo a una narrativa hipócrita y distorsionada con la que descargan la derrota electoral en los antiguos dirigentes del FMLN, en los funcionarios del partido, en los dos gobiernos de 2009 al 2019 y en los procesos judiciales que enfrento.

Urge un debate en el seno del FMLN.
El ascenso vertiginoso de Nuevas Ideas y la derrota electoral de la izquierda son hechos que no pueden ser analizados en forma simplista.
En la victoria de Nuevas Ideas tiene mucho que ver la alianza política y empresarial de Merino y Bukele. Bukele llegó al FMLN en el 2012 para usarlo como escalera política y concretar el proyecto empresarial de su grupo familiar.
Desde entonces se construyó una alianza perversa entre algunos dirigentes del FMLN vinculados a las empresas del grupo Alba y la familia Bukele.

Es ingenuo creer que el triunfo del oficialismo abre una era de esperanza para El Salvador.
No es el pueblo el que se beneficia con esta victoria.
El ascenso de Nuevas Ideas es una recomposición del viejo sistema oligárquico que tendrá al clan Bukele como uno de sus puntales. Con el control del Ejecutivo y ahora del Legislativo, el grupo empresarial y político que encabezan los Bukele se convertirá en un nuevo poder fáctico como el que tanto denunció y atacó siendo candidato a la Presidencia de la República.

Recuento preliminar de la jornada electoral:
Bukele cargó los dados a favor de Nuevas Ideas al financiar su campaña, poner recursos públicos a disposición de sus candidatos, permitir el proselitismo electoral de sus funcionarios y violar la Ley el propio día de las elecciones. Los electores no votaron por los candidatos de Nuevas Ideas y menos por un programa legislativo o municipal. Votaron por un partido que hábilmente se montó en la imagen de Bukele.
Los partidos tradicionales fracasaron en su intento de recuperar la confianza ciudadana.

Al votar recuerde:
. Que Bukele violó la Constitución y cometió el delito de sedición al ocupar militarmente la Asamblea Legislativa;
. Que varios funcionarios de gobierno han malversado más de $500 millones de los fondos de emergencia y de los créditos aprobados para la pandemia . Que Bukele busca la mayoría para aumentar el IVA, recortar gastos sociales, aumentar el gasto de propaganda y la partida secreta, despedir empleados públicos y endeudar más al país;
. Que Bukele necesita una Asamblea que solo levante la mano y a la que no tenga que dar cuentas;

Algunas reflexiones para los electores:
. El oficialismo representado por Nuevas Ideas y GANA no presentó en toda la campaña ninguna plataforma legislativa. Sus candidatos se limitaron a pedir el voto para la N de Nayib de modo que el Presidente controle la nueva legislatura; . Si la alianza Nuevas Ideas y GANA logra la mayoría en la Asamblea, el gobierno no tendrá ninguna resistencia para aprobar un incremento al IVA, a los impuestos a los combustibles, para recortar gastos sociales y despedir empleados públicos tal como lo ha pactado con el FMI;