Es buen momento de acudir al AR 706/2017 de la Ponencia del Ministro Pérez Dayán #SCJN para entender los límites del legislador al reformar la figura de la suspensión (mejor entendida como un amparo provisional)

1. La suspensión o amparo provisional no es una cuestión accesoria sino que forma parte del núcleo del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Por ende, la eficacia del Juicio de amparo depende de la eficacia de la “suspensión”.

La Sala sostuvo que “las medidas provisionales constituyen una característica inherente a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto permiten preservar los derechos humanos que se estiman vulnerados, evitando un daño irreparable a los derechos en litigio en un proceso judicial.

En suma, en tratándose de los medios de control de los derechos humanos, la institución de las medidas cautelares forman parte del núcleo esencial del principio de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva y, por ende, merecen especial atención por parte de los operadores jurídicos”. 2. Resulta inconstitucional que el legislador limite o peor aún impida que sea el juez, en el caso concreto, quien decida si se concede el amparo provisional. Es decir, corresponde al juez y no al legislador determinar cuándo procede conceder la “suspensión”.

En efecto, la Corte consideró que la “plena efectividad de los recursos internos estaría reducida si, a virtud de una norma jurídica secundaria, se impidiera al juez llamado a dirimir una controversia de orden constitucional, conceder resoluciones provisionales con la finalidad de garantizar la plena eficacia del pronunciamiento jurisdiccional sobre la existencia de las violaciones a los derechos humanos que el Estado mexicano se comprometió a salvaguardar.

¿Porqué un “simple” juez (que no ha sido electo) puede invalidar una ley aprobada por el legislativo? #PJF

3 reflexiones de Madison que dan respuesta a ello:

1. Porque « Ningún acto legislativo contrario a la Constitución puede ser válido.

Negar esto equivaldría a afirmar que el mandatario es superior al mandante, que el servidor es más que su amo, que los representantes del pueblo son superiores al pueblo mismo y que los hombres que obran en virtud de determinados poderes pueden hacer no sólo lo que estos no permiten, sino incluso lo que prohiben » 2. “Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo.

Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria; la intención del pueblo (que reside en la Constitución) a la intención de sus mandatarios (legisladores)”.

¿Los principios de sencillez, celeridad y eficacia administrativa son meros ideales? En el Tribunal Colegiado sostuvimos que no, ya que tales principios constituyen verdaderos mandatos rectores de todo proceso o trámite administrativo y, por ende, generan obligaciones reales y concretas para la autoridad administrativa (principios contra la burocracia innecesaria).
Una persona solicitó su pensión ante el ISSEMYM. Pasaron meses y nunca tuvo respuesta. Promovió amparo alegando que ello viola su derecho de petición. El Juez de Distrito concedió el amparo pues las autoridades no dieron respuesta a esa petición de manera breve y congruente

Es tiempo de manifestación pacífica y expresión en defensa del #PJF. Ello conlleva combatir la desinformación sobre el Poder Judicial. Me gustaría explicar brevemente por qué disminuir el presupuesto afecta la independencia judicial conforme a parámetros de la ONU 🇺🇳 Hay una estrecha relación entre independencia judicial y el presupuesto de este Poder. La “reducción del presupuesto de los tribunales obstaculiza considerablemente la administración de justicia”. Esto afecta a la totalidad de usuarios del sistema judicial y al Estado de Derecho

¿Es posible eximir del pago de la publicación de edictos al quejoso en la materia ambiental? En el Tribunal Colegiado sostuvimos que sí, ya que los tribunales debemos evitar que el acceso a la justicia ambiental se obstaculice por costos irrazonables o innecesarios #PJF Conforme a precedentes de la Segunda Sala de la #SCJN , en materia ambiental las reglas de la Ley de Amparo no deben entenderse de manera ordinaria, sino que deben interpretarse a la luz del Principio 10 de la Declaración de Río y las llamadas Directrices de Bali.